Dos recientes intervenciones de la Contraloría General de la República pusieron nuevamente en evidencia el desfase entre la infraestructura pública entregada y su verdadero funcionamiento al servicio de la población. Esta vez, los técnicos del órgano de control llegaron a dos puntos críticos: el hospital del barrio Los Algarrobos, en el distrito de Piura, y la institución educativa Nº 15047, en Sechura.
Hospital sin agua
ni atención
En el barrio
piurano de Los Algarrobos, la Contraloría verificó que el hospital que
fue terminado hace más de dos años continúa sin brindar atención al público. El
recinto fue construido como parte del paquete de intervenciones del Gobierno
Regional de Piura durante la emergencia sanitaria por COVID-19, y su
ejecución fue ampliamente difundida como una solución a la demanda
hospitalaria.
Sin embargo, hasta
la fecha no cuenta con conexión de agua potable, no tiene personal
asignado y el equipamiento permanece en cajas. Este hospital ha sido motivo de
cuestionamientos previos por su prolongado cierre, pese a estar terminado,
situación que ha generado malestar en los vecinos del sector y ha sido abordada
en informes anteriores.
Mira
las obras inconclusas del hospital de Ayabaca.
Escuela construida
pero sin uso
En la provincia de
Sechura, la visita se dirigió a la institución educativa Nº 15047 del barrio San
Martín, donde la situación es similar. Si bien se ejecutó la construcción
de nuevos pabellones, estos no han sido habilitados para el uso escolar,
mientras los estudiantes siguen asistiendo a clases en ambientes antiguos, con
techos deteriorados y mobiliario deficiente.
Este caso forma
parte de una serie de situaciones
reportadas en diferentes zonas de Piura, donde los planteles renovados no
entran en operación por falta de mobiliario, autorizaciones administrativas o
recepción de obra. Se trata de una problemática frecuente que afecta
directamente el derecho a la educación en condiciones adecuadas.
Obras públicas sin
impacto
Ambas supervisiones
reflejan un patrón repetido: obras culminadas que no cumplen su función
social. Mientras tanto, comunidades enteras —como Los Algarrobos en Piura o
San Martín en Sechura— permanecen a la espera de servicios básicos que ya
deberían estar disponibles.
La Contraloría ha
advertido el riesgo de deterioro prematuro de estas inversiones y la urgencia
de adoptar medidas para poner en uso lo ejecutado. El control posterior,
aunque importante, no basta si las autoridades responsables no toman decisiones
concretas para revertir la inacción.
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