Tumbes, 3 de julio de 2025.
Un grupo de 52 migrantes extranjeros, entre ellos ciudadanos dominicanos —una nacionalidad poco frecuente en los operativos migratorios del norte del país— fue intervenido por la Unidad de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú durante un operativo en una agencia formal de transporte terrestre en Tumbes.
Las diligencias
preliminares, acompañadas por fiscales del Ministerio Público, se orientan a
esclarecer un posible caso de trata de personas, lo que marca un giro relevante
en la lucha contra el tráfico irregular de migrantes.
El operativo
policial, denominado “Control de Identidad Tumbes-2025”, se ejecutó el martes 1
de julio por la tarde en las instalaciones de la empresa TCR Express, ubicada
en la avenida Tacsá 385, en la ciudad de Tumbes.
La intervención
estuvo a cargo del jefe de Seguridad del Estado de la región, teniente PNP
Francisco Alexander Fernández Julca, quien reportó que el bus con placa DOM-441
se encontraba listo para partir, con 52 pasajeros adultos a bordo.
Todos los ocupantes
eran ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana,
colombiana, ecuatoriana y, de manera inusual, dominicana. Ninguno contaba con
documentación que acreditara su ingreso regular al país, por lo que se dispuso
su detención inmediata por presunta vulneración a la Ley de Migraciones.
También se intervino a Julio César Mendoza Gálvez (36), encargado de la venta
de boletos en la agencia, y Santos Julio Flores Azañero (53), conductor del
vehículo.
Investigación apunta a red de mayor alcance
Fuentes policiales
señalaron que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que
movilizó al fiscal provincial Roberto Villacorta Domínguez y a dos fiscales
adjuntas de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas (FISTRAP). Según el
parte, la investigación preliminar se orienta a determinar si se trató de un
caso de trata de personas, una figura penal más grave que el tráfico ilícito de
migrantes.
A las 20:40 horas
se hizo presente el abogado defensor, Manuel Abrahán Carrillo García, del
Colegio de Abogados de Tumbes, quien participó en la diligencia de verificación
e incautación de especies dentro de la oficina de boletería.
El bus intervenido
fue incautado, y los pasajeros quedaron retenidos a disposición de las
autoridades competentes. Aún no se confirma si los migrantes serán derivados al
Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) para su expulsión o si
permanecerán en custodia mientras se desarrolla la investigación fiscal.
Presencia dominicana levanta nuevas alertas
Consultadas sobre
la presencia de ciudadanos dominicanos en esta ruta, fuentes policiales en
Tumbes me admitieron no tener claridad sobre cómo llegaron al norte del país ni
cuál era su destino final. Esta nacionalidad no suele figurar en los operativos
migratorios realizados en la región, donde predominan ciudadanos venezolanos y,
en menor medida, colombianos.
Sin embargo, hay
antecedentes de ciudadanos caribeños —como haitianos y cubanos— que usan el
territorio peruano como corredor hacia el sur del continente, especialmente
hacia Chile, Brasil o Argentina. La inclusión de dominicanos podría indicar una
diversificación en las redes de tráfico regional o el uso compartido de rutas
entre nacionalidades distintas.
La frontera porosa,
otra vez bajo la lupa
El caso se da en un
contexto de creciente cuestionamiento a la porosidad de la frontera norte. Como
ha ocurrido en otras intervenciones, migrantes sin documentos son expulsados
por el control fronterizo de El Alamor (Sullana), pero posteriormente
reingresan al Perú por pasos ilegales en Zarumilla o incluso por trochas
rurales en Piura.
En esta ocasión, la
utilización de una empresa formal para transportar a más de medio centenar de
personas en situación irregular reaviva el debate sobre el control de rutas
internas y la capacidad del Estado para frenar estas redes.
La evolución de esta investigación podría marcar un precedente. No solo por el volumen de migrantes intervenidos y la diversidad de nacionalidades, sino por el cambio de categoría legal hacia “trata de personas”, lo cual podría abrir la puerta a identificar estructuras criminales más amplias operando con fachada legal en el norte del país.
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