Por Nelson Peñaherrera Castillo
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció recientemente que más de 330 mil estudiantes de más de 4,300 escuelas públicas en siete regiones del país —incluida Piura— serán “beneficiarios indirectos” de un plan de vigilancia social sobre el servicio alimentario escolar.
En teoría, se busca mejorar la calidad del servicio supervisando la
distribución de alimentos. Pero en la práctica, la vigilancia estará a cargo de
subprefectos y tenientes gobernadores designados por el Ejecutivo, con
el apoyo del Ministerio del Interior. ¿Podemos seguir llamando a esto
“vigilancia social”? ¿O estamos ante una vigilancia estatal disfrazada de
participación ciudadana?
¿Quién vigila a quién?
La narrativa oficial habla de empoderar a la comunidad. Sin embargo, lo que
vemos es un diseño cerrado: funcionarios del gobierno central capacitan
a otros funcionarios del mismo gobierno central para fiscalizar un programa
ejecutado por… funcionarios del gobierno central.
Es decir, el ciudadano de a pie —padres de familia, docentes, municipios o
rondas— queda fuera del proceso. El control se concentra en una estructura
vertical que prioriza la presencia territorial del Estado, pero sin integrar de
verdad a la comunidad. La “sociedad” termina siendo solo el escenario, no el
actor.
Muchos instrumentos, pocos impactos
El Midis y el Mininter firmaron este año el “Plan de Trabajo
Intersectorial 2025” para coordinar esta vigilancia. Y en las últimas semanas
han desplegado talleres en diferentes regiones, incluyendo uno en Piura el
pasado 11 de julio.
Sin embargo, el balance no incluye hasta ahora resultados cuantificables
que permitan saber si el servicio de alimentación escolar ha mejorado. No hay
cifras que indiquen si se redujo la frecuencia de entregas incompletas, si se
elevó el valor nutricional del menú, o si los padres de familia tienen ahora
más herramientas para exigir mejoras.
Este es un patrón común: se publicitan los instrumentos —planes, convenios,
talleres— pero se elude el análisis de sus impactos reales.
El relato del Estado
Esta estrategia se suma a otras acciones del Ejecutivo que privilegian el
relato institucional sobre la evidencia. Recordemos cuando la ministra Leslie Urteaga defendió públicamente una supuesta reducción de
la anemia infantil, contradiciendo los datos del INEI. O cuando se
presentan cifras de inversión social sin evaluar si esta inversión está
transformando las condiciones reales de vida en las regiones.
¿De qué sirve multiplicar las actividades si no cambian los resultados?
Cierre (o punto de partida)
La vigilancia social debería ser una herramienta para empoderar a la sociedad
civil, no para reforzar el control del Estado sobre sí mismo. Si se quiere
construir verdadera participación, el Estado necesita dejar de hablar solo con
sus propios funcionarios y empezar a escuchar —y compartir el poder con— los
ciudadanos organizados.
Porque una vigilancia que excluye a la sociedad no es social, por más que
así se llame.
