La Contraloría General de la República ejecuta un operativo de control simultáneo en 189 municipalidades provinciales de todo el país y en cinco distritos de Lima Metropolitana —Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Rímac— para supervisar la gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y el Programa de Complementación Alimentaria para el Paciente con Tuberculosis (PANTBC).
En 2025, los gobiernos
locales recibieron más de S/ 652 millones para el funcionamiento de comedores
populares, ollas comunes y el PANTBC. Sin embargo, al cierre del
primer semestre se registró baja ejecución presupuestal, con cifras
críticas en regiones como Cusco (15 % en el PCA y 26.1 % en el PANTBC), Áncash
(22.4 % y 10.2 %) y Apurímac (25.9 % y 11.0 %).
Un análisis de datos actualizado al 20 de julio de 2025 —obtenido de una consulta amigable al Ministerio de Economía y Finanzas (en las imágenes al inicio de este párrafo)— revela variaciones importantes entre regiones y programas:
- San Martín lidera la ejecución del PCA con 56.5 %, pero presenta un 55.9 % en el
PANTBC.
- Ucayali encabeza el PANTBC con 85.9 %, aunque solo alcanza 33.6 % en el PCA.
- Ancash, Apurímac y Cusco se mantienen con bajos porcentajes en
ambos programas, lo que apunta a posibles problemas estructurales o de
gestión en el uso de los recursos.
La supervisión de la
Contraloría abarca desde la compra y almacenamiento de alimentos hasta su
distribución final, detectando deficiencias en la entrega y debilidades
administrativas. El operativo cubre el 81.5 % de los gobiernos locales del
país.
Según el contralor
César Aguilar, la intervención busca prevenir riesgos, reforzar la
transparencia y asegurar que los recursos públicos cumplan su propósito de
mejorar la calidad de vida de más de un millón de beneficiarios en situación de
vulnerabilidad.
