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miércoles, 17 de diciembre de 2025

DSRS Luciano Castillo Colonna, en cierto modo, da la razón a Contraloría


La Contraloría General de la República (CGR) informó que la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna registra un 0 % de avance en la etapa de devengado del presupuesto destinado al mantenimiento de edificaciones y equipos de salud, pese a encontrarse a pocos días del cierre del año fiscal 2025. El informe advierte riesgos en la operatividad de los servicios de salud en establecimientos de Sullana, Talara, Paita, Ayabaca y los distritos de Las Lomas y Tambogrande.

 

Un día después, la DSR Luciano Castillo Colonna difundió una respuesta institucional. A continuación, se enumeran sus principales argumentos y se analiza si estos responden, no responden o evaden las observaciones del órgano de control.

 

1. “No está en riesgo la ejecución del presupuesto”
La DSR señala que el presupuesto observado ya fue ejecutado físicamente y que solo resta la liquidación de los trabajos.

Análisis: Esta afirmación no desmiente el hallazgo de la Contraloría. El informe señala 0 % de avance en la etapa de devengado, situación que la propia DSR confirma al indicar que los pagos aún no se han realizado. Se trata de una confirmación implícita del retraso, no de una refutación.

Conclusión: Responde parcialmente, pero confirma el hallazgo.

 

2. Ejecución del mejoramiento del Centro de Salud El Obrero (Sullana)
La DSR indica que el servicio de mejoramiento, valorizado en S/ 30 000, ya concluyó y que será pagado tras la verificación.

Análisis: La Contraloría observó la falta de compromiso del presupuesto para mantenimiento eléctrico desde abril de 2025, alertando riesgos para la cadena de frío y áreas críticas. La respuesta no aclara por qué el mantenimiento no fue atendido oportunamente, ni explica el retraso de varios meses.

Conclusión: Respuesta incompleta; no aborda el fondo del riesgo advertido.

 

3. Uso de casi S/ 3 millones del FONCOR en 69 establecimientos de salud
La DSR afirma que estos recursos se destinan al mejoramiento de ambientes y habitabilidad de 69 centros de salud y que la transferencia se realizó recién en noviembre.

Análisis: El informe de la Contraloría se refiere a mantenimiento, mientras que la DSR habla de mejoramiento, conceptos distintos en la gestión presupuestal. Además, la visita de control se realizó cuando los recursos ya habían sido transferidos, por lo que la falta de requerimientos y procesos de contratación sigue siendo una observación válida.

Conclusión: Evade parcialmente el informe al cambiar el enfoque del gasto.

 

4. Transferencia tardía del presupuesto
La DSR sostiene que los recursos llegaron entre el 14 y 24 de noviembre, días antes de la visita de la Contraloría.

Análisis: La Contraloría no cuestiona la fecha de la transferencia, sino la inacción administrativa posterior. La respuesta no explica por qué no se formularon requerimientos ni se iniciaron procesos de contratación pese a la cercanía del cierre fiscal.

Conclusión: No responde al cuestionamiento central.

 

5. Situación de los ecógrafos y equipos médicos
El informe de la CGR advierte que un ecógrafo permaneció fuera de un establecimiento por más de 21 meses y que existen siete ecógrafos inoperativos por falta de mantenimiento correctivo.

Análisis: La respuesta de la DSR no menciona este punto, pese a tratarse de uno de los hallazgos más sensibles por su impacto en la atención materna y neonatal.

Conclusión: Omisión total; no responde.

 

Balance general

La respuesta de la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna no desvirtúa los hallazgos de la Contraloría General de la República. Por el contrario, confirma el retraso en el devengado del presupuesto, cambia el enfoque de mantenimiento a mejoramiento y omite responder sobre el estado de equipos médicos esenciales.

El informe de control mantiene vigencia técnica y administrativa, mientras que la respuesta institucional se centra en anuncios de ejecución futura y liquidaciones pendientes, sin aclarar las causas del retraso ni los riesgos advertidos para la prestación de los servicios de salud.

  

domingo, 16 de noviembre de 2025

🚱 Alerta en Chulucanas: baja desinfección del agua por cisterna


Foto por Contraloría General de la República.

1. ¿Qué ocurrió exactamente?

  • La Contraloría General de la República (CGR) reportó que el agua potable que distribuye la EPS Grau mediante camiones cisterna en Chulucanas tiene niveles de cloro muy bajos. En concreto, en una visita de control entre el 20 de agosto y el 21 de octubre de 2025, se midió un residual de 0.42 mg/L en muestras recogidas en el asentamiento Miguel Montenegro Castillo. Eso está por debajo del mínimo exigido por la normativa sanitaria. (Distrito.pe)
  • Según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (y normas sanitarias para cisternas), el agua debe tener un residual de cloro de al menos 0.8 mg/L cuando se entrega a los usuarios. La desinfección es clave para evitar contaminaciones durante el transporte.
  • Además, la Contraloría detectó fallas organizativas: en el punto de abastecimiento no hay equipos permanentes para monitorear el cloro residual. Esa tarea la hace un contratista solo cuando reparte. Y hay un tema físico: las mangueras usadas en los camiones cisterna estaban expuestas al polvo y al sol, sin protección sanitaria, lo cual podría favorecer la contaminación.
  • La CGR ha pedido a EPS Grau tomar medidas urgentes para corregir todo esto.

2. ¿Por qué este hallazgo es preocupante?

  • Un nivel demasiado bajo de cloro residual implica que el agua podría no estar suficientemente desinfectada, lo que aumenta el riesgo de microorganismos patógenos (bacterias, virus) que podrían enfermar a quienes la consumen.
  • Las condiciones de transporte (mangueras sucias o mal protegidas) pueden facilitar la recontaminación del agua justo antes de llegar a los hogares.
  • Que no haya monitoreo constante (“no hay equipos permanentes”) sugiere falta de control por parte de la EPS. Si solo se mide cuando hay un reparto, podríamos estar ante un problema sistemático y no solo un descuido puntual.

3. ¿Hay antecedentes o contexto relevante?

Sí. Este problema no surge de la nada, se inserta en un patrón más amplio:

  • En Chulucanas ya hay quejas históricas por deficiencias en el servicio de agua potable. Según Cutivalú Piura, “ocho de cada 10 pobladores” tendrían serios problemas para recibir agua de calidad, y muchos dependen de cisternas porque no tienen acceso estable al servicio. (Cutivalú Piura)
  • También hubo interrupciones por fallas en la infraestructura: por ejemplo, en septiembre de 2025 la EPS Grau reportó una rotura en una línea de impulsión y suspendió temporalmente el suministro mientras se repara. (Correo)
  • A nivel institucional, existe un convenio interinstitucional firmado en 2021 entre la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas y la EPS Grau para que el agua llegue a las familias vulnerables vía cisternas. (Gobierno del Perú) Esto demuestra que parte del suministro por cisterna responde a un esfuerzo concertado para atender a quienes no tienen red fija, pero ahora la calidad de esa agua está en entredicho.

4. Contexto geográfico y demográfico de Chulucanas

Para entender mejor la magnitud del problema, conviene conocer algo del lugar:

  • Ubicación: Chulucanas es el distrito y la ciudad capital de la provincia de Morropón, en el departamento de Piura. Está a unos 58 km al este de la ciudad de Piura, y es la puerta a la parte alta de la cuenca del río Piura. (Indeci)
  • Altitud: Aproximadamente 92 metros sobre el nivel del mar. (Indeci)
  • Población: Según datos recientes, el distrito de Chulucanas tiene alrededor de 92 mil 419 habitantes. (Distrito.pe) Otra fuente, City-Facts, reporta cerca de 75 mil 792 personas para la ciudad, lo que da una densidad de población baja a moderada, cerca de 87,9 hab/km². (Datos Ciudad)
  • Economía y cultura: En la zona predominan actividades agrícolas (limón, mango, maíz, cacao) y ganaderas. También es conocida por la cerámica tradicional, un aspecto cultural importante. (Gobierno del Perú)
  • Historia: La provincia de Morropón (con Chulucanas como capital) fue creada en 1937. (Gobierno del Perú)

5. Análisis e implicancias

  • Desigualdad en el acceso al agua: El hecho de que muchas familias dependan de camiones cisterna refleja un déficit en el suministro de agua por red fija. Esto ya es un problema estructural, y ahora se suma la preocupación por la calidad del agua que reciben.
  • Riesgo sanitario real: El bajo nivel de cloro es una falla crítica porque la desinfección es la primera barrera contra enfermedades transmitidas por el agua. Si no se corrige, podrían generarse brotes o enfermedades gastrointestinales, especialmente en poblaciones vulnerables.
  • Descontrol en la gestión: La falta de equipos permanentes para analizar el cloro sugiere una gestión poco profesional o con recursos insuficientes. Depender de contratistas para medir es peligroso si no hay supervisión continua.
  • Responsabilidad institucional: EPS Grau y las autoridades locales están implicadas directamente: deben responder no solo por el reparto del agua, sino también por su calidad. Dado el convenio existente, la municipalidad también tiene un rol clave.
  • Transparencia y participación ciudadana: El informe de la Contraloría está disponible públicamente, lo que abre espacio para la presión ciudadana. Las organizaciones vecinales pueden demandar monitoreo, seguimiento y soluciones estructurales.

6. Recomendaciones (para mis seguidores o para las autoridades)

Para que esta situación no quede en una advertencia más, estas podrían ser algunas rutas de acción:

  1. Monitoreo sistemático: Que EPS Grau instale equipos permanentes para medir el cloro residual en los pozos y antes de que el agua salga de los camiones cisterna.
  2. Mejora de la logística de distribución: Proteger las mangueras y tanques de cisterna para evitar contaminación posterior al tratamiento.
  3. Inversión pública: Reforzar la red de agua potable para reducir la dependencia de cisternas, especialmente en zonas vulnerables.
  4. Transparencia: Publicar los resultados de calidad del agua periódicamente para que la población sepa si el agua es segura.
  5. Participación comunitaria: Fomentar que las comunidades formen comités de vigilancia del agua, para reportar deficiencias y exigir soluciones.

El alerta de la Contraloría revela un problema más profundo de gestión hídrica en Chulucanas: no basta con llevar agua a las familias si esa agua no está garantizada como segura para su consumo. Dado el contexto socioeconómico y la historia de deficiencias en el servicio, es fundamental que las autoridades den una respuesta estructural. Esta no es solo una falla técnica, sino una cuestión de salud pública y derecho humano al agua.

  

jueves, 4 de septiembre de 2025

Contraloría: Avances en transparencia y obras públicas reactivadas con S/ 5100 millones


La Contraloría General de la República, a través de la presentación de su titular César Aguilar Surichaqui, ha hecho públicos los resultados de la Auditoría a la Cuenta General de la República 2024. Este informe, presentado ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, destaca un nivel de cobertura casi total en la rendición de cuentas, alcanzando el 99.5% de las entidades públicas.

 

Entre los resultados más relevantes, la Contraloría informa sobre la reactivación de 382 obras públicas paralizadas, con un valor total de aproximadamente S/ 5100 millones. De este grupo, 221 proyectos fueron reactivados gracias a la intervención directa de la entidad fiscalizadora. Según Aguilar, la culminación de estas obras beneficiaría a 3.8 millones de personas a nivel nacional.

 

Obras paralizadas: Un problema persistente a nivel nacional

El informe de la Contraloría subraya que, al 31 de diciembre de 2024, se han identificado 2476 obras públicas paralizadas en todo el país, con un valor acumulado de S/ 43 118 millones. Aunque el comunicado no detalla la situación por regiones, este dato invita a un análisis sobre el estado de las inversiones públicas en Piura.

 

La existencia de proyectos inconclusos a nivel nacional plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y las responsabilidades en el sector público. La falta de un registro integral de concesiones estatales, también señalada en el informe, limita la evaluación de riesgos financieros y la gestión de pasivos futuros.

 

Recomendaciones para fortalecer la gestión pública

César Aguilar planteó una serie de recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Presidencia del Consejo de Ministros. Entre ellas, se menciona la necesidad de fortalecer las reglas fiscales, asegurar el seguimiento de la inversión pública en gobiernos subnacionales y mejorar los mecanismos de control interno en las entidades estatales.

 

Estas recomendaciones, si bien de carácter nacional, tienen implicancias directas para la gestión de los recursos públicos en regiones como Piura. La transparencia y la efectividad en el uso del presupuesto estatal son factores clave para el desarrollo regional.

  

martes, 26 de agosto de 2025

Contraloría advierte riesgos en rehabilitación de Planta de Agua Curumuy, clave para Piura Metropolitana


La Contraloría General de la República identificó riesgos en la obra drehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Curumuy, infraestructura que abastece a los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, es decir, al corazón de Piura Metropolitana, donde se concentra casi un tercio de la población del departamento.

 

Riesgos detectados

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.º 0016-2025-OCI/3470-SCC, que evaluó el periodo del 23 de junio al 16 de julio de 2025, la obra que demanda una inversión de S/ 6 745 765 presenta serias deficiencias:

  • Supervisión limitada: EPS Grau designó como supervisor al propio jefe de la PTAP Curumuy, quien por sus funciones no permanece de manera continua en la obra. Esto impide el control permanente de las actividades.
  • Retrasos en el cronograma: al 16 de julio debía haberse alcanzado un avance físico del 31 % en los sedimentadores, pero solo se ejecutaba uno de los cuatro programados.
  • Materiales sin sustento técnico: se instalaron vinilonas en la estructura sin fichas técnicas ni documentos que acrediten que cumplen con las especificaciones del expediente. Esto pone en riesgo la vida útil de la infraestructura.
  • Condiciones inseguras de trabajo: la inspección encontró a personal laborando en altura sobre tablas y usando una simple soga como soporte, exponiéndose a accidentes graves.

 

La Contraloría advirtió que estas situaciones podrían afectar el desarrollo del proyecto y la calidad del servicio de agua potable, por lo que pidió a EPS Grau adoptar medidas correctivas.

 

¿Qué es Piura Metropolitana?

El área metropolitana de Piura está conformada por los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, que juntos suman cerca de 700 mil habitantes, alrededor del  305 % de la población del departamento de Piura, según estimaciones del INEI al 2024.

 

En términos urbanos, se trata de la segunda aglomeración más importante del norte del país, solo después de Trujillo Metropolitano, y ocupa el quinto lugar a nivel nacional después de Lima Metropolitana, Arequipa, Trujillo y Chiclayo.

 

La expansión demográfica y urbana de Piura Metropolitana ha presionado fuertemente los servicios básicos:

  • La tasa de crecimiento poblacional en la última década supera el 2 % anual, por encima del promedio nacional.
  • El acceso a agua potable es un problema recurrente: se estima que cerca del 20 % de los hogares enfrenta cortes frecuentes o desabastecimiento.
  • El déficit de infraestructura de saneamiento impacta directamente en la salud pública y en la calidad de vida de la población.

 

En ese contexto, la PTAP Curumuy es estratégica, pues constituye la principal planta encargada de garantizar el abastecimiento regular de agua potable para este núcleo urbano.

 

Un proyecto en la mira

La rehabilitación de Curumuy es una obra clave no solo por el monto de la inversión, sino por el impacto directo en la vida de casi 700 mil personas. El aviso de Contraloría pone en evidencia la necesidad de corregir fallas en la supervisión, el control de materiales y las condiciones de seguridad laboral.

 

El informe completo está disponible en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional de la Contraloría, en cumplimiento del principio de transparencia.

 

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sábado, 27 de diciembre de 2025

Caso MultiRed: Contraloría identifica presunta responsabilidad civil y administrativa en funcionarios de la Municipalidad de Sullana


La Contraloría General de la República notificó un Informe de Control Específico que marca un punto de inflexión en el Caso MultiRed, al identificar presunta responsabilidad civil y administrativa en tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de Sullana (MPS) por la transferencia irregular de S/ 1 036 535,68 a favor de terceros.

 

El hallazgo se encuentra contenido en el Informe n.° 025-2025-2-0455-SCE, publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional de la Contraloría y notificado formalmente al titular de la MPS.

 

Qué determinó la Contraloría

De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron los días 30 y 31 de julio de 2025, cuando se realizaron transferencias bancarias a través de la plataforma MultiRed Empresarial, utilizando claves dinámicas que fueron entregadas indebidamente a terceros.

 

Estas operaciones se ejecutaron desde dos cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Sullana que no estaban centralizadas en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), como exige la normativa vigente.

 

Las cuentas afectadas correspondían a:

  • Retenciones del 10 % por garantía de fiel cumplimiento de contratos.
  • Recursos provenientes, entre otros conceptos, de:
    • Derechos de tramitación por inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil.
    • Fideicomisos administrados por la entidad.

 

Responsabilidades identificadas

La Contraloría concluye que los responsables del manejo de las cuentas bancarias:

  • Entregaron sus claves dinámicas digitales, las cuales son personales e intransferibles.
  • Permitieron con ello el acceso de terceros a la plataforma MultiRed Empresarial.
  • Autorizaron transferencias bancarias sin cumplir los controles establecidos.

 

En ese marco, se determinó:

  • Presunta responsabilidad administrativa funcional, atribuida a funcionarios de las áreas de Administración y Planeamiento y Presupuesto, por facilitar las claves dinámicas.
  • Presunta responsabilidad administrativa disciplinaria, por no haber centralizado los fondos públicos en la CUT entre el 12 de mayo y el 31 de julio de 2025.
  • Presunta responsabilidad civil, por el daño económico ocasionado a la Municipalidad Provincial de Sullana.

 

Acciones recomendadas

Ante estos hallazgos, la Contraloría:

  • Recomendó a su Procuraduría Pública iniciar las acciones civiles correspondientes contra los tres funcionarios involucrados.
  • Dispuso que la Municipalidad Provincial de Sullana y su Órgano Instructor adopten las medidas necesarias para iniciar los procedimientos administrativos respectivos.

 

Un nuevo capítulo del Caso MultiRed

Este informe se suma a las actuaciones previas ya conocidas en el Caso MultiRed, que investiga el desvío de fondos públicos a través de la plataforma del Banco de la Nación y que, a nivel nacional, ha involucrado a varias entidades públicas.

 

Cabe recordar que, meses atrás, la Contraloría ya había acreditado una comisión de control para investigar las transferencias irregulares desde las cuentas de la Municipalidad Provincial de Sullana hacia terceros.

 

La publicación de este informe oficial introduce ahora responsabilidades concretas y abre la vía a procesos civiles y administrativos, mientras las investigaciones penales continúan su curso.

📌 Este caso sigue en desarrollo y continuará siendo documentado conforme se produzcan nuevos pronunciamientos oficiales.

  

domingo, 26 de octubre de 2025

Las Lomas: canal de riego Cerrito presenta fallas estructurales a solo dos años de haber sido recibido por la municipalidad

La Contraloría General de la República detectó deficiencias en la infraestructura del canal Cerrito, pese a que fue entregado y liquidado oficialmente por la Municipalidad Distrital de Las Lomas. La inversión superó los S/ 3,8 millones.

 

El canal de riego Cerrito, ubicado en el sector Chipillico Bajo del distrito de Las Lomas (provincia de Piura), fue inaugurado hace apenas dos años con la promesa de mejorar la distribución del agua para cultivos. Hoy, sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) advierte que la obra presenta fisuras, desprendimientos, grietas y un pase aéreo colapsado, pese a haber sido recibida y liquidada por la municipalidad.

 

Según el Informe de Control Concurrente N.º 046-2025-OCI/0454-SCC, que evaluó el periodo del 17 y 18 de septiembre de 2025, el deterioro incluye fallas estructurales en el pórtico de salida, que actualmente funciona de manera provisional con tuberías de PVC apoyadas sobre madera, un sistema inestable y riesgoso para el servicio de riego.

 

Durante la inspección, los auditores también identificaron fisuras en las cajas de entrada y salida, tuberías degradadas, grietas en un pase peatonal y desprendimiento de concreto en los bordes del pase vehicular, además de juntas rotas y tramos deslizados o ausentes del canal principal.

 

La obra fue contratada en agosto de 2022 por un monto de S/ 3 341 162, con un plazo de 90 días calendario. Sin embargo, recién fue recibida en diciembre de 2023 y liquidada en mayo de 2024, cuando la comuna aprobó la liquidación técnica y financiera reconociendo un saldo adicional de S/ 495 544 a favor del contratista.

 

Con estos hallazgos, la Contraloría advierte que el deterioro prematuro del canal —que debía beneficiar a decenas de agricultores de Las Lomas— pone en riesgo la continuidad del riego agrícola y la inversión pública superior a los S/ 3,8 millones.

  


jueves, 6 de noviembre de 2025

Contraloría detecta presunta responsabilidad penal en funcionarios del Proyecto Especial Chira-Piura por obra en la presa Poechos


La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 12 exfuncionarios y funcionarios del Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), unidad ejecutora del Gobierno Regional de Piura, por irregularidades en la obra “Inyecciones complementarias en el aliviadero de emergencia de la presa Poechos”, valorizada en S/ 24,4 millones. La intervención tenía como objetivo reducir filtraciones y reforzar la seguridad hidráulica del reservorio.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 013-2025-2-0612-AC analizó el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 2019 y el 12 de junio de 2024, y detectó seis observaciones relacionadas con el proceso de contratación, ejecución y supervisión de la obra.

Irregularidades en la contratación y supervisión

Durante el proceso de selección para la supervisión, la entidad:

  • Descalificó ofertas de manera irregular, restringiendo la competencia.
  • Adjudicó la buena pro a un postor con una oferta económica S/ 85 000 más alta y sin la metodología requerida.

En la ejecución, se firmó contrato con una empresa que no acreditó el plantel profesional exigido, y no se realizó la fiscalización posterior correspondiente.

Obra recibida con filtraciones activas

El informe señala que los trabajos de inyección de lechada de cemento no cumplieron las especificaciones técnicas ni las recomendaciones de los estudios geognósticos. Pese a ello, la obra fue recibida sin verificar su operatividad, y las filtraciones persisten, comprometiendo la seguridad y eficiencia del reservorio.

Estas deficiencias ocasionaron:

  • Mayor gasto en supervisión y gastos generales: S/ 831 284
  • Pago sin penalidades por ausencia del residente de obra y designación irregular de personal: S/ 490 150
  • Aprobación de ampliaciones y adicionales sin sustento técnico: S/ 201 722.92

En total, el perjuicio económico supera S/ 1,5 millones.

Contexto: Poechos en un momento decisivo

La situación adquiere relevancia porque la presa Poechos es el principal reservorio de regulación hídrica del valle del Chira, abastece a miles de agricultores, y es pieza central en la planificación de los proyectos de afianzamiento hídrico actualmente evaluados por delegaciones técnicas de ocho países en el proceso de contratación Gobierno a Gobierno.

Además, la Junta de Usuarios del Valle del Chira ha planteado recrecer Poechos de la cota 108 a la 113, lo que permitiría almacenar 200 millones de m³ adicionales de agua. La persistencia de filtraciones afecta directamente la viabilidad física y financiera de esa propuesta.

Acciones recomendadas

La Contraloría dispuso:

  • Trasladar el caso a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para iniciar acciones penales.
  • Que la entidad y el Órgano Instructor determinen sanciones administrativas.

El informe completo se encuentra disponible en el portal institucional de la Contraloría, a través del Buscador de Informes de Servicio de Control.

  

viernes, 5 de septiembre de 2025

¿Por qué está paralizada la flamante obra vial Piura–Sechura?


                    Una inversión de más de S/ 262 millones destinada a mejorar la conectividad entre Piura Metropolitana y la provincia de Sechura corre el riesgo de convertirse en una nueva obra en pausa. La Contraloría General de la República alertó sobre serias trabas que ya afectan el avance de la carretera departamental PI 127, pese a que el contrato fue firmado recién en mayo de 2025.

 

La obra y su importancia estratégica

La PI 127 conecta a los distritos de Catacaos, La Arena y La Unión (provincia de Piura) con el distrito de Vice (provincia de Sechura). Esta vía es fundamental no solo para el tránsito local, sino también para dinamizar el comercio agrícola y pesquero, así como para potenciar el turismo hacia el litoral sechurano.

 

Por esa razón, el proyecto fue considerado prioritario y recibió una asignación de S/ 262 753 036 con un plazo de ejecución de 540 días calendario. La expectativa era alta: por fin se aseguraría una carretera moderna que articule dos polos de desarrollo en la región.

 

El diagnóstico de Contraloría

Sin embargo, el Informe de Hito de Control N.º 063-2025-OCI/5349-SCC revela que, a tres meses de la firma del contrato, la obra ya enfrenta un escenario crítico:

  • Interferencias físicas sin resolver: la vía sigue ocupada por tranqueras, rejas, tuberías, tanques de agua y postes de concreto que impiden la libre disponibilidad del terreno.
  • Avances mínimos: solo se han realizado trabajos de topografía, desbroce y limpieza en áreas boscosas. No hay maquinaria ni personal actualmente en la zona.
  • Suspensión tácita: el propio residente informó que la ejecución está detenida hasta que se liberen las áreas del derecho de vía.
  • Demoras administrativas: la entidad no absuelve consultas sobre el uso de depósitos de materiales excedentes ni define nuevas fuentes de agua para la obra.

 

Todo ello genera el riesgo de que la carretera no culmine en el plazo previsto, frustrando el objetivo de mejorar la conectividad regional.

 

Un patrón que se repite

El caso de la carretera Piura–Sechura no es aislado. En los últimos meses, la Contraloría también ha señalado deficiencias en:

  • Hospitales paralizados en Ayabaca, Huarmaca, Chalaco y Los Algarrobos, todos con contratos resueltos o expedientes técnicos incompletos.
  • La Planta de Agua Curumuy, donde se detectaron retrasos, materiales sin sustento técnico y riesgos laborales.
  • La obra vial Costanera 2, que acumuló sobrecostos y favorecimientos a contratistas.

 

La constante es clara: falta de planificación, supervisión deficiente y gestión ineficaz desde el inicio de los proyectos. Incluso las obras recién contratadas, como la carretera PI 127, cargan con estos problemas antes de despegar.

 

¿Qué está en juego?

El retraso de la obra no solo compromete el uso de S/ 262 millones de recursos públicos, sino que posterga una infraestructura vital para:

  • Agricultores y transportistas que requieren mejores rutas hacia Sechura y Piura.
  • Comerciantes y exportadores que dependen de carreteras seguras y operativas.
  • Ciudadanos de ambas provincias, que esperan una conexión eficiente para el trabajo, la educación y el turismo.

 

La pregunta de fondo no es solo por qué está paralizada la obra, sino cuántas veces más la región deberá ver cómo las promesas de infraestructura se convierten en elefantes blancos antes de tiempo.

  

viernes, 26 de diciembre de 2025

Verificación de datos: Caso de Presunta Colusión – Obra Canal La Variante I (Querecotillo)


A continuación, presento un informe técnico que depura la información de la nota de "
Destapes Político", contrastándola con los procedimientos legales vigentes y los hallazgos de la Contraloría General de la República.

 

1. Datos del proyecto y perjuicio económico

  • La obra: "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal La Variante I de Querecotillo".
  • Monto auditado: S/ 11,173,734.68. Es importante precisar que este es el valor total del proyecto, no el monto del presunto robo.
  • Perjuicio económico real: La Contraloría determinó un daño patrimonial exacto de S/ 74,087.02. Este monto corresponde al pago indebido por partidas de "afirmado en berma" que no cumplían con las especificaciones técnicas.

2. Situación de los implicados (roles en 2021)

La investigación fiscal incluye a ocho personas, pero sus responsabilidades varían según su rol en aquel momento:

Nombre

Rol en 2021 (Momento de los hechos)

Cargo Actual (Diciembre 2025)

Jorge Irazábal Álamo

Alcalde de Querecotillo

Gerente Subregión de Obras Luciano Castillo

Julio Wilfredo Oliva

Gte. Desarrollo Urbano / Pte. Comité Recepción

Alcalde de Bellavista

Marlem Mogollón Meca

Rep. Legal del Consorcio BMW (Supervisión)

Alcalde de Sullana

Víctor Manuel Rivera

Supervisor de Obra (Consorcio BMW)

Investigado

Sander Saavedra S.

Miembro del Comité de Recepción

Investigado

3. Hallazgos Técnicos de Contraloría (Informe 066-2021)

La auditoría detectó que la obra fue recibida y liquidada en julio de 2021 a pesar de presentar fallas graves:

  • Deficiencias estructurales: Infiltraciones de agua hacia la caja hidráulica y agrietamiento de la capa de afirmado.
  • Material inadecuado: El material utilizado para las bermas no coincidía con el estudio de mecánica de suelos del expediente técnico.
  • Falta de mantenimiento: Presencia de abundante vegetación y "cangrejeras" al momento de la entrega.

4. Estatus legal actual (diciembre 2025)

Existe una distinción crítica entre lo que afirma la prensa y lo que sucede en el juzgado:

  • ¿Hay acusación? No. La Fiscalía emitió la Disposición Nº 06-2025 dando por concluida la investigación preparatoria. Esto significa que el fiscal ha terminado de reunir pruebas y ahora tiene un plazo para decidir si acusa o pide el archivo (sobreseimiento).
  • El error judicial: La Fiscalía cerró la investigación porque el Poder Judicial no respondió a tiempo un pedido de prórroga de 8 meses adicionales. El juzgado programó recién una audiencia para el 6 de enero de 2026, la cual carece de sentido pues la etapa de investigación ya fue cerrada por el fiscal.

5. Contextualización del sesgo en el relato

  • Exclusión en informe de control: Es un dato clave que la Contraloría no encontró responsabilidad penal inicial contra Marlem Mogollón ni contra Jorge Irazábal; solo señaló a Julio Oliva y Víctor Rivera. Sin embargo, la Fiscalía, bajo su propia autonomía, decidió incluirlos en la investigación preparatoria al sospechar de un "concierto ilegal".
  • Inflación de cifras: Al resaltar los 11 millones del costo de la obra y no los 74 mil soles del perjuicio, el relato busca generar una indignación social desproporcionada respecto al hallazgo técnico.

  

miércoles, 16 de julio de 2025

Contraloría confirma lo que ya denunció el Colectivo Ayawaka: hospital de Ayabaca sigue abandonado y el centro actual apenas cumple el 30% de lo mínimo

Mientras el hospital nuevo se oxida, el actual no tiene agua potable, camas dignas ni equipos operativos.

 


Lo que desde hace meses viene denunciando el Colectivo Ayawaka ahora ha sido ratificado por la Contraloría General de la República: el nuevo hospital de Ayabaca, cuya construcción debió beneficiar a más de 120 mil personas, sigue paralizado y deteriorándose sin que exista una fecha clara de reanudación. Mientras tanto, el establecimiento actual opera en condiciones precarias que comprometen gravemente la salud de pacientes y personal.

 

El vicecontralor Marco Argandoña Dueñas, durante una visita de campo a la región, inspeccionó personalmente el estado de la obra abandonada. En sus propias palabras, se trata de una estructura inconclusa, con materiales corroídos, paredes con moho, zonas anegadas por filtraciones de lluvia y una grúa oxidada que aún permanece en el sitio, representando un riesgo para la población.

 

De los reclamos ciudadanos a la fiscalización estatal

La intervención de la Contraloría no es casual: el Colectivo Ayawaka ya había expresado públicamente su preocupación y gestionado el contacto con esta entidad para denunciar el abandono del hospital, los sobrecostos acumulados y la falta de respuestas claras por parte del Gobierno Regional de Piura.

 

La presión social surtió efecto. Hoy, la Contraloría ha puesto bajo lupa no solo esta obra, sino también los servicios de salud actuales. Y lo que encontró en el llamado establecimiento de contingencia confirma lo peor: el lugar apenas cumple el 31.8 % de los requisitos mínimos para la atención obstétrica y neonatal, según el informe de Visita de Control N° 6261-2025-CG/SALUD-SVC.

 

Relee la historia de cómo se evitó una muerte materna en Ayabaca.

 

El espacio, montado sobre una plataforma deportiva municipal, no tiene agua potable, los equipos están inoperativos y el mobiliario presenta óxido, lo que supone un riesgo directo de infección. Tampoco hay reactivos para análisis de sangre ni personal suficiente para atender la demanda.

 


Una inversión que sube, una atención que no llega

Inicialmente, el Gobierno Regional de Piura presupuestó S/ 89.9 millones para construir el hospital. Hoy el monto ya supera los S/ 139 millones, sin que los ayabaquinos vean avances concretos. Desde 2021, tras la resolución del contrato con el consorcio ejecutor, el proyecto se encuentra detenido.

 

Actualmente se elabora el expediente técnico de saldo de obra bajo supervisión de la Contraloría, pero sin fecha definida para la reanudación.

 

Una historia que se repite

El caso de Ayabaca no es aislado. Durante la misma visita, el vicecontralor también inspeccionó el hospital de Los Algarrobos, en la provincia de Piura, igualmente paralizado desde hace más de tres años. Y como se documentó en días recientes, el hospital de Huarmaca vive una situación casi idéntica: obra detenida, contrato resuelto, deficiencias técnicas y pacientes atendidos en condiciones improvisadas.

 

¿Qué sigue?

La Contraloría ha prometido seguir impulsando la reactivación de estos proyectos con su nueva estrategia de control preventivo. Sin embargo, como ha quedado claro, la voz ciudadana fue la primera en sonar la alarma. Ayabaca no solo espera justicia, espera salud.