El acceso al agua potable en Chulucanas se ha convertido, una vez más, en el centro del debate público. A fines de diciembre de 2025, una movilización ciudadana —respaldada y difundida por la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas— volvió a poner sobre la mesa una problemática estructural que arrastra años: un servicio deficiente, infraestructura deteriorada y una población cansada de pagar por un suministro irregular.
La discusión, sin
embargo, no se limita a la calidad del agua. También involucra decisiones
políticas, límites legales y el rol de las autoridades en un contexto
especialmente sensible.
Una problemática
real y documentada
Durante 2024 y
2025, el servicio de agua potable en Chulucanas ha registrado fallas
recurrentes. Entre las más reportadas se encuentran la rotura de tuberías,
cortes prolongados, baja presión y reparaciones que resultan temporales. La
causa principal no es un evento aislado, sino una red antigua, con
mantenimiento insuficiente y sin una renovación integral acorde al crecimiento
urbano.
Estas fallas no
solo afectan la continuidad del servicio. También generan pérdidas de agua,
incrementan el riesgo sanitario y profundizan la percepción de inequidad: los
recibos llegan puntualmente, pero el agua no siempre.
Ese es el punto de
partida del malestar ciudadano. El reclamo, en ese sentido, es legítimo.
La marcha por el agua y el mensaje político
El 30 de diciembre
de 2025, miles de ciudadanos marcharon en Chulucanas exigiendo mejoras al
servicio brindado por EPS Grau. La movilización fue difundida oficialmente por
la municipalidad, que además incorporó un mensaje de advertencia: si en un
plazo de dos meses no se observaban mejoras concretas, los usuarios dejarían de
pagar los recibos.
El mensaje tuvo
impacto inmediato. No solo amplificó el reclamo, sino que colocó a la autoridad
municipal como vocera directa de una posible medida de presión ciudadana. Aquí
es donde el debate se desplaza del diagnóstico —en gran parte compartido— hacia
la viabilidad de la propuesta.
¿Es una buena idea
dejar de pagar el servicio?
Desde el punto de
vista legal y regulatorio, la respuesta es clara: no.
En el Perú, el
servicio de agua potable es un derecho fundamental, pero se presta bajo un
modelo tarifado y regulado. El incumplimiento en la calidad habilita reclamos,
refacturaciones, fiscalización y sanciones al operador, pero no autoriza al
usuario a suspender unilateralmente el pago.
Quienes dejen de
pagar los recibos se exponen a cortes del servicio por morosidad, acumulación
de deuda con recargos, pérdida de beneficios tarifarios y procesos de cobranza.
En términos prácticos, la medida termina afectando más al usuario que a la empresa
prestadora.
Además, si el no
pago se generaliza, se reduce la capacidad operativa del sistema, agravando el
mismo problema que se busca resolver. Es una salida emocionalmente
comprensible, pero técnicamente contraproducente.
El rol del alcalde y sus límites
La convocatoria a
la marcha y el respaldo explícito a la advertencia de no pago colocan al alcalde
provincial, Richard Baca, en el centro del escenario. Desde el punto de
vista político, la estrategia conecta con un reclamo popular real. Desde el
punto de vista institucional, plantea serias preguntas.
Las municipalidades
no tienen competencia para promover la
suspensión de pagos a una empresa de saneamiento. Tampoco pueden sustituir al
ente regulador ni ofrecer garantías legales a los usuarios frente a eventuales
sanciones.
A ello se suma un
factor que no puede ignorarse: durante 2025, el alcalde mantiene una agenda
judicial abierta, con investigaciones fiscales en curso por presuntos
delitos vinculados a su gestión (presunta colusión con proveedores) y a hechos
previos (presunta vinculación al caso AELU Coop). Este contexto debilita su
margen político y obliga a analizar sus acciones públicas con mayor cuidado,
especialmente cuando se trata de liderar protestas y fijar plazos de presión.
Entre la necesidad
y la responsabilidad
El problema del
agua en Chulucanas no es un invento ni una exageración. Es estructural, técnico
y urgente. Pero la solución no pasa por empujar a la población a una
confrontación legal que no puede ganar sola.
Las salidas
sostenibles pasan por planes de inversión con cronogramas públicos,
fiscalización técnica independiente, presión institucional ante SUNASS,
refacturaciones cuando corresponda y una gestión política que priorice
soluciones de fondo sobre gestos de corto plazo.
Un tractor sobre
hielo delgado
En Chulucanas, el
agua potable es el síntoma visible de un problema mayor: infraestructura
postergada, gestión deficiente y decisiones políticas que a veces confunden
respaldo ciudadano
con promesas inviables.
El reclamo es
justo. La marcha es comprensible. Pero dejar de pagar no es una solución, y
decirlo sin explicar las consecuencias es trasladar el costo del conflicto a
quienes menos pueden asumirlo.
Cuando el agua
falta, la indignación sobra. Lo que sigue faltando es una salida seria, técnica
y legalmente responsable.
