Beneficencia Pública de Sullana: crisis financiera, denuncias de favorecimiento y presión para destituir a su presidente

La Sociedad de Beneficencia Pública de Sullana atraviesa una crisis institucional. Documentos oficiales, pronunciamientos de directores y regidores, reclamos sindicales y declaraciones públicas han puesto en cuestión la gestión de su presidente, Jaime Juárez Cossio, quien además ocupa la presidencia de todas las beneficencias del Perú.

 

El 17 de febrero de 2026, tres miembros del Directorio solicitaron formalmente al alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón Meca, la destitución de Juárez Cossio. Señalaron retrasos en pagos, favorecimiento a proveedores, uso indebido de ambientes institucionales y alteración de actas. La carta ingresó como Expediente N.º 006414 en la Municipalidad.

 

El 16 y 18 de febrero, regidores enviaron oficios al alcalde pidiendo intervención de la Contraloría General de la República. Entre los hechos denunciados:

• Una factura de restaurante por S/ 300 cargada a la Beneficencia.
• Contratos por casi S/ 470 mil adjudicados en 2025 al joven proveedor Víctor Alexis Córdova Barba, recién inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

 

Documentos internos evidencian dietas impagas a directores y planillas atrasadas a trabajadores. El sindicato SITRABS denunció retrasos crónicos en salarios y exigió regularidad, mientras la Beneficencia inició un proceso judicial para disolverlo por pérdida de afiliados. Juan Manuel Reyes, uno de los directores, confirmó que a los miembros del Directorio se les adeudaban cinco meses de dieta en 2025.

 

La asesoría legal de la Beneficencia reconoció oficialmente la deuda de dietas y recomendó medidas correctivas.

 

Reacciones institucionales

El 20 de febrero, la Municipalidad Provincial de Sullana emitió un comunicado oficial reconociendo las denuncias y derivándolas a instancias competentes, con énfasis en la presunción de inocencia. El alcalde, a una consulta que le hice por WhatsApp, defendió la labor social de Juárez (proyectos para ancianos y convenios con loterías), pero admitió que se han iniciado investigaciones y que, de comprobarse responsabilidades, se denunciará ante la fiscalía.

 

El presidente del directorio, Jaime Juárez Cossio, en Radio Stereo M (21 de febrero) defendió sus gestiones con ministerios y loterías, mostró su incomodidad con un comunicado que los directores publicaron el 18 de febrero y admitió que las denuncias han afectado las ventas del cementerio.

 

👉 Hemos solicitado entrevistas a todas las partes involucradas y mantenemos la investigación abierta para ofrecer a la audiencia un relato completo y transparente de este caso. Para actualizaciones, visita https://www.facebook.com/nelsonsullana

  

Crimen y violencia en el Perú: concentración territorial, nuevas modalidades y respuestas insuficientes

Exclusiva de Epicentro TV – Febrero 2026

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La inseguridad ciudadana se ha consolidado como uno de los principales problemas que preocupan a los peruanos. El Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., presentó su quinto reporte con un diagnóstico claro: la violencia letal y las modalidades criminales se concentran en pocos territorios, mientras que las respuestas estatales siguen siendo insuficientes para frenar su expansión.

 

Pero este informe, que ya es contundente, fue sometido a una reinterpretación inédita por el científico de datos sullanero Bryan Zapata Silupú. Con una certificación del MIT (Boston, Mass.) y experiencia en un proyecto de colaboración global para la NASA (EEUU), Zapata aplicó su mirada analítica para detectar patrones invisibles en la primera lectura.

 

El resultado es un conjunto de hallazgos que presentamos en exclusiva en Epicentro TV y La República TV, y que ahora compartimos aquí para abrir el debate ciudadano.

 

Concentración territorial de homicidios

El informe original ya advertía que ocho regiones concentran el 84% de los homicidios registrados en 2025. Sin embargo, al desagregar los datos, Zapata muestra que la violencia se focaliza aún más en ciertas provincias.

La gráfica revela que Trujillo, Piura y Sullana están entre los territorios más críticos. Dos jurisdicciones piuranas aparecen en el top nacional, lo que confirma que el norte del país es hoy un epicentro de la violencia letal.

 

Nuevas modalidades criminales

El Observatorio señalaba el avance de la extorsión y el préstamo “gota a gota”. Zapata fue más allá: comparó la matriz delictiva entre 2024 y 2025 en la Región Norte.

 

El hallazgo es claro: mientras la extorsión disminuye, crecen con fuerza los delitos financieros informales (“gota a gota”) y los robos vinculados a celulares y bancos. Esto muestra cómo el crimen organizado se adapta y diversifica sus fuentes de ingresos, golpeando directamente a sectores vulnerables.

 

Horarios de mayor riesgo

El informe advertía que los homicidios nocturnos duplican a los diurnos. Zapata lo confirma con cifras precisas para la costa peruana.

 

El 65.9% de los homicidios ocurre de noche. Este dato obliga a repensar la seguridad ciudadana en clave de horarios: más patrullaje, más iluminación, más presencia comunitaria en las horas críticas.

 

Distritos más golpeados

Finalmente, Zapata desagregó los datos a nivel distrital.

 

El distrito de Sullana encabeza el ranking nacional con 44 víctimas, seguido por Pataz, Tumbes, Ananea y Castilla. Este hallazgo es particularmente movilizador: fuera de Lima y Callao, el norte concentra los distritos más violentos del país.

 

Exclusiva de Epicentro TV

Estos hallazgos no habían sido difundidos antes. La reinterpretación de Bryan Zapata, basada en el estudio del Observatorio, constituye una exclusiva de Epicentro TV. Nuestra misión es ofrecer noticias que sí impactan en la vida de nuestras comunidades, con datos claros y análisis que movilicen a la acción. Mira el programa completo aquí. 

  

El informe revela un patrón claro:

• La violencia se concentra en pocos territorios.
• Las modalidades criminales cambian y se adaptan.
• Los horarios y distritos críticos muestran dónde debemos actuar.

Los éxitos policiales existen, pero son insuficientes frente al crecimiento del crimen organizado y la corrupción interna. La ciudadanía enfrenta un escenario donde la violencia se vuelve cotidiana, y las políticas públicas requieren pasar de medidas generales a intervenciones focalizadas y sostenidas en los territorios más golpeados.

 

En Epicentro TV seguiremos aportando evidencia y análisis para que la discusión pública se base en datos, no en percepciones. Porque solo así podremos construir respuestas que realmente protejan a nuestras comunidades.

 

  

Chulucanas y el agua potable: cuando el reclamo legítimo choca con la política y la ley

El acceso al agua potable en Chulucanas se ha convertido, una vez más, en el centro del debate público. A fines de diciembre de 2025, una movilización ciudadana —respaldada y difundida por la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas— volvió a poner sobre la mesa una problemática estructural que arrastra años: un servicio deficiente, infraestructura deteriorada y una población cansada de pagar por un suministro irregular.

 

La discusión, sin embargo, no se limita a la calidad del agua. También involucra decisiones políticas, límites legales y el rol de las autoridades en un contexto especialmente sensible.

 

Una problemática real y documentada

Durante 2024 y 2025, el servicio de agua potable en Chulucanas ha registrado fallas recurrentes. Entre las más reportadas se encuentran la rotura de tuberías, cortes prolongados, baja presión y reparaciones que resultan temporales. La causa principal no es un evento aislado, sino una red antigua, con mantenimiento insuficiente y sin una renovación integral acorde al crecimiento urbano.

 

Estas fallas no solo afectan la continuidad del servicio. También generan pérdidas de agua, incrementan el riesgo sanitario y profundizan la percepción de inequidad: los recibos llegan puntualmente, pero el agua no siempre.

 

Ese es el punto de partida del malestar ciudadano. El reclamo, en ese sentido, es legítimo.

 

La marcha por el agua y el mensaje político

El 30 de diciembre de 2025, miles de ciudadanos marcharon en Chulucanas exigiendo mejoras al servicio brindado por EPS Grau. La movilización fue difundida oficialmente por la municipalidad, que además incorporó un mensaje de advertencia: si en un plazo de dos meses no se observaban mejoras concretas, los usuarios dejarían de pagar los recibos.

 

El mensaje tuvo impacto inmediato. No solo amplificó el reclamo, sino que colocó a la autoridad municipal como vocera directa de una posible medida de presión ciudadana. Aquí es donde el debate se desplaza del diagnóstico —en gran parte compartido— hacia la viabilidad de la propuesta.

 

¿Es una buena idea dejar de pagar el servicio?

Desde el punto de vista legal y regulatorio, la respuesta es clara: no.

 

En el Perú, el servicio de agua potable es un derecho fundamental, pero se presta bajo un modelo tarifado y regulado. El incumplimiento en la calidad habilita reclamos, refacturaciones, fiscalización y sanciones al operador, pero no autoriza al usuario a suspender unilateralmente el pago.

 

Quienes dejen de pagar los recibos se exponen a cortes del servicio por morosidad, acumulación de deuda con recargos, pérdida de beneficios tarifarios y procesos de cobranza. En términos prácticos, la medida termina afectando más al usuario que a la empresa prestadora.

 

Además, si el no pago se generaliza, se reduce la capacidad operativa del sistema, agravando el mismo problema que se busca resolver. Es una salida emocionalmente comprensible, pero técnicamente contraproducente.

 

El rol del alcalde y sus límites

La convocatoria a la marcha y el respaldo explícito a la advertencia de no pago colocan al alcalde provincial, Richard Baca, en el centro del escenario. Desde el punto de vista político, la estrategia conecta con un reclamo popular real. Desde el punto de vista institucional, plantea serias preguntas.

 

Las municipalidades no tienen competencia para promover la suspensión de pagos a una empresa de saneamiento. Tampoco pueden sustituir al ente regulador ni ofrecer garantías legales a los usuarios frente a eventuales sanciones.

 

A ello se suma un factor que no puede ignorarse: durante 2025, el alcalde mantiene una agenda judicial abierta, con investigaciones fiscales en curso por presuntos delitos vinculados a su gestión (presunta colusión con proveedores) y a hechos previos (presunta vinculación al caso AELU Coop). Este contexto debilita su margen político y obliga a analizar sus acciones públicas con mayor cuidado, especialmente cuando se trata de liderar protestas y fijar plazos de presión.

 

Entre la necesidad y la responsabilidad

El problema del agua en Chulucanas no es un invento ni una exageración. Es estructural, técnico y urgente. Pero la solución no pasa por empujar a la población a una confrontación legal que no puede ganar sola.

 

Las salidas sostenibles pasan por planes de inversión con cronogramas públicos, fiscalización técnica independiente, presión institucional ante SUNASS, refacturaciones cuando corresponda y una gestión política que priorice soluciones de fondo sobre gestos de corto plazo.

 

Un tractor sobre hielo delgado

En Chulucanas, el agua potable es el síntoma visible de un problema mayor: infraestructura postergada, gestión deficiente y decisiones políticas que a veces confunden respaldo ciudadano

 con promesas inviables.

 

El reclamo es justo. La marcha es comprensible. Pero dejar de pagar no es una solución, y decirlo sin explicar las consecuencias es trasladar el costo del conflicto a quienes menos pueden asumirlo.

 

Cuando el agua falta, la indignación sobra. Lo que sigue faltando es una salida seria, técnica y legalmente responsable.

  

Caso MultiRed: Contraloría identifica presunta responsabilidad civil y administrativa en funcionarios de la Municipalidad de Sullana

La Contraloría General de la República notificó un Informe de Control Específico que marca un punto de inflexión en el Caso MultiRed, al identificar presunta responsabilidad civil y administrativa en tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de Sullana (MPS) por la transferencia irregular de S/ 1 036 535,68 a favor de terceros.

 

El hallazgo se encuentra contenido en el Informe n.° 025-2025-2-0455-SCE, publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional de la Contraloría y notificado formalmente al titular de la MPS.

 

Qué determinó la Contraloría

De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron los días 30 y 31 de julio de 2025, cuando se realizaron transferencias bancarias a través de la plataforma MultiRed Empresarial, utilizando claves dinámicas que fueron entregadas indebidamente a terceros.

 

Estas operaciones se ejecutaron desde dos cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Sullana que no estaban centralizadas en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), como exige la normativa vigente.

 

Las cuentas afectadas correspondían a:

• Retenciones del 10 % por garantía de fiel cumplimiento de contratos.
• Recursos provenientes, entre otros conceptos, de:
• Derechos de tramitación por inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil.
• Fideicomisos administrados por la entidad.

 

Responsabilidades identificadas

La Contraloría concluye que los responsables del manejo de las cuentas bancarias:

• Entregaron sus claves dinámicas digitales, las cuales son personales e intransferibles.
• Permitieron con ello el acceso de terceros a la plataforma MultiRed Empresarial.
• Autorizaron transferencias bancarias sin cumplir los controles establecidos.

 

En ese marco, se determinó:

• Presunta responsabilidad administrativa funcional, atribuida a funcionarios de las áreas de Administración y Planeamiento y Presupuesto, por facilitar las claves dinámicas.
• Presunta responsabilidad administrativa disciplinaria, por no haber centralizado los fondos públicos en la CUT entre el 12 de mayo y el 31 de julio de 2025.
• Presunta responsabilidad civil, por el daño económico ocasionado a la Municipalidad Provincial de Sullana.

 

Acciones recomendadas

Ante estos hallazgos, la Contraloría:

• Recomendó a su Procuraduría Pública iniciar las acciones civiles correspondientes contra los tres funcionarios involucrados.
• Dispuso que la Municipalidad Provincial de Sullana y su Órgano Instructor adopten las medidas necesarias para iniciar los procedimientos administrativos respectivos.

 

Un nuevo capítulo del Caso MultiRed

Este informe se suma a las actuaciones previas ya conocidas en el Caso MultiRed, que investiga el desvío de fondos públicos a través de la plataforma del Banco de la Nación y que, a nivel nacional, ha involucrado a varias entidades públicas.

 

Cabe recordar que, meses atrás, la Contraloría ya había acreditado una comisión de control para investigar las transferencias irregulares desde las cuentas de la Municipalidad Provincial de Sullana hacia terceros.

 

La publicación de este informe oficial introduce ahora responsabilidades concretas y abre la vía a procesos civiles y administrativos, mientras las investigaciones penales continúan su curso.

📌 Este caso sigue en desarrollo y continuará siendo documentado conforme se produzcan nuevos pronunciamientos oficiales.

  

Verificación de datos: Caso de Presunta Colusión – Obra Canal La Variante I (Querecotillo)

A continuación, presento un informe técnico que depura la información de la nota de "Destapes Político", contrastándola con los procedimientos legales vigentes y los hallazgos de la Contraloría General de la República.

 

1. Datos del proyecto y perjuicio económico

• La obra: "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal La Variante I de Querecotillo".
• Monto auditado: S/ 11,173,734.68. Es importante precisar que este es el valor total del proyecto, no el monto del presunto robo.
• Perjuicio económico real: La Contraloría determinó un daño patrimonial exacto de S/ 74,087.02. Este monto corresponde al pago indebido por partidas de "afirmado en berma" que no cumplían con las especificaciones técnicas.

2. Situación de los implicados (roles en 2021)

La investigación fiscal incluye a ocho personas, pero sus responsabilidades varían según su rol en aquel momento:

Nombre	Rol en 2021 (Momento de los hechos)	Cargo Actual (Diciembre 2025)
Jorge Irazábal Álamo	Alcalde de Querecotillo	Gerente Subregión de Obras Luciano Castillo
Julio Wilfredo Oliva	Gte. Desarrollo Urbano / Pte. Comité Recepción	Alcalde de Bellavista
Marlem Mogollón Meca	Rep. Legal del Consorcio BMW (Supervisión)	Alcalde de Sullana
Víctor Manuel Rivera	Supervisor de Obra (Consorcio BMW)	Investigado
Sander Saavedra S.	Miembro del Comité de Recepción	Investigado

3. Hallazgos Técnicos de Contraloría (Informe 066-2021)

La auditoría detectó que la obra fue recibida y liquidada en julio de 2021 a pesar de presentar fallas graves:

• Deficiencias estructurales: Infiltraciones de agua hacia la caja hidráulica y agrietamiento de la capa de afirmado.
• Material inadecuado: El material utilizado para las bermas no coincidía con el estudio de mecánica de suelos del expediente técnico.
• Falta de mantenimiento: Presencia de abundante vegetación y "cangrejeras" al momento de la entrega.

4. Estatus legal actual (diciembre 2025)

Existe una distinción crítica entre lo que afirma la prensa y lo que sucede en el juzgado:

• ¿Hay acusación? No. La Fiscalía emitió la Disposición Nº 06-2025 dando por concluida la investigación preparatoria. Esto significa que el fiscal ha terminado de reunir pruebas y ahora tiene un plazo para decidir si acusa o pide el archivo (sobreseimiento).
• El error judicial: La Fiscalía cerró la investigación porque el Poder Judicial no respondió a tiempo un pedido de prórroga de 8 meses adicionales. El juzgado programó recién una audiencia para el 6 de enero de 2026, la cual carece de sentido pues la etapa de investigación ya fue cerrada por el fiscal.

5. Contextualización del sesgo en el relato

• Exclusión en informe de control: Es un dato clave que la Contraloría no encontró responsabilidad penal inicial contra Marlem Mogollón ni contra Jorge Irazábal; solo señaló a Julio Oliva y Víctor Rivera. Sin embargo, la Fiscalía, bajo su propia autonomía, decidió incluirlos en la investigación preparatoria al sospechar de un "concierto ilegal".
• Inflación de cifras: Al resaltar los 11 millones del costo de la obra y no los 74 mil soles del perjuicio, el relato busca generar una indignación social desproporcionada respecto al hallazgo técnico.

  

Lobitos One Year On: Oil, Waves and a Coastal Gem at Risk

By Nelson Peñaherrera Castillo | Originally published at https://nelsonsullana.blogspot.com/2025/12/lobitos-un-ano-despues-petroleo-oleajes.html

 

 

 

On the Pacific coast of Northern Peru lies Lobitos, a small beach town beloved by surfers worldwide for its world-class left-hand waves and laid-back coastal culture. Just 18 km north of Talara, in Piura Region, Lobitos has built a reputation as a destination where long rides, warm waters and desert winds create unforgettable surf experiences. (Wikipedia)

 

The community itself is small—about 1,646 residents call the district home—and many visitors are drawn here not by city lights but by the ocean’s pull. (repositorio.upao.edu.pe) But a year ago, Lobitos’ future as a pristine surfing destination and coastal ecosystem was challenged by a harsh reminder of the risks of fossil fuel dependency and weak environmental safeguards.

 

Where Lobitos Fits on the Map

Lobitos sits on the Pacific coast of Peru, about 961 km (597 miles) northwest of Lima by air. (Geodatos) For international travelers:

• From Lima, the capital and major flight hub in Peru, it’s roughly a 1h45m flight to the Talara airport, followed by a short road transfer. (exploortrip.com)
• From Piura, a regional center, the drive to Lobitos takes around 2–3 hours by road. (Ruta Distancia)

These distances matter: Lobitos is remote enough to feel like a true coastal escape, yet close enough that its health and accessibility affect national tourism and local livelihoods.

 

The Spill That Changed the Tide

On 20–21 December 2024, a spill occurred at the maritime terminal of Peru’s Talara Refinery during pre-shipment operations. The release of crude oil quickly spread along at least 10 km of coastline, contaminating beaches important for surfing, fishing and recreation. (Wikipedia)

 

Marine life, from crabs and small fish to birds along the shore, was seen coated in oil. (El Oriente) This incident was neither an isolated anomaly nor a minor industrial hiccup. It revealed institutional weaknesses, vulnerabilities in coastal infrastructure, and the profound ecological risks faced by a region that depends on both the ocean and tourism.

 

Seven months later, in July 2025, another spill from an inactive well added to the sense of alarm, raising questions about prevention, oversight and accountability.

 

Surf, Culture and Coastal Livelihoods

Lobitos is home to multiple surf breaks—including Lobitos Point, El Hueco and Piscinas—that have attracted surfers from Australia, the United States and Brazil seeking high-quality left-hand waves. (Surf Atlas) The Pacific swells that break on these reefs are part of what makes Lobitos a destination with global appeal: fast left rides, open faces and winds that can kick up consistent barrels suitable for intermediate and advanced surfers alike. (Surf Atlas)

 

Tourism, fishing and hospitality have become key to the local economy, yet the oil infrastructure that once powered the region’s industrial past remains visible—and risky—alongside these recreational treasures.

 

A Year of Waves, Weather and Worry

In the months following the spill, Lobitos and its neighboring districts have faced not only the aftermath of petroleum contamination but also the natural extremes that define the Pacific coastline. Powerful swell events and anomalous wave patterns have tested coastal defenses, disrupted fishing and tourism, and complicated cleanup efforts.

 

To surfers and ocean lovers, these waves are a draw. To communities trying to rebuild after environmental stress, they are a reminder that coastlines are dynamic, sensitive and easily altered by human impact.

 

Putting Lobitos in Global Perspective

When juxtaposed with the world’s largest oil disasters, the Lobitos event may seem small by volume. For example:

• The Deepwater Horizon spill (2010) in the Gulf of Mexico released an estimated 4.9 million barrels of oil, making it the largest marine spill in history and deeply affecting ecosystems and coastal economies across a vast region. (Wikipedia)
• The Exxon Valdez spill (1989) released over 10 million gallons (about 38,000 m³) into Alaska’s Prince William Sound and contaminated 1,300 miles of shoreline with oil still detectable decades later. (Wikipedia)
• The Ixtoc I spill (1979) in the Gulf of Mexico lasted nearly a year, discharging millions of barrels and affecting hundreds of kilometers of coastline. (Wikipedia)

Compared to these giants, Lobitos’ spill may occupy a smaller footprint, but impact is not only measured in volume. Local ecosystems and economies can be devastated by smaller releases when they intersect with vulnerable coastal communities, recreational zones and vital fishing grounds.

 

Lobitos at the Crossroads

Surfing culture and environmental stewardship are deeply entwined. The ocean is not merely a playground for boards and riders—it is a living system that sustains communities, wildlife and coastal traditions.

 

For surfers in the U.S., Australia and Brazil, Lobitos is not just a dot on a map: it is part of a global network of waves that connect oceans and cultures. What happens there matters not just to Peru but to anyone who loves the sea and seeks to protect it.

 

A Call to Action

A year after the spill, Lobitos stands as both a memory and a warning. The region’s natural beauty and surf heritage contrast sharply with the realities of energy infrastructure and environmental risk.

 

Protecting this coastline requires more than cleanup after the fact—it requires proactive governance, stronger safeguards for ecosystems, and global solidarity from citizens and visitors who value the ocean as a shared resource.

 

By remembering what happened here, surfers and coastal communities worldwide can push for better stewardship of the seas on which they depend.

  

Lobitos, un año después: petróleo, oleajes y la fragilidad de un paraíso costero

Por Nelson Peñaherrera Castillo

     

  

Hace un año, Lobitos dejó de ser solo sinónimo de olas perfectas y turismo internacional. El 20 de diciembre de 2024, manchas de petróleo comenzaron a extenderse frente a sus costas, marcando el inicio de una cadena de eventos que reveló la profunda vulnerabilidad ambiental, económica y social de esta parte del norte peruano.

 

Lo que ocurrió entonces no fue un hecho aislado. Con el paso de los meses, nuevos derrames y fenómenos climáticos extremos terminaron de configurar un escenario crítico que hoy obliga a mirar atrás, evaluar responsabilidades y preguntarse si el país ha aprendido algo de la crisis.

 

El primer golpe: diciembre de 2024

El derrame detectado entre el 20 y 21 de diciembre de 2024 frente al terminal multiboyas de la Refinería Talara afectó aproximadamente 270 hectáreas marinas. Las manchas alcanzaron playas emblemáticas como Las Capullanas, Yapato y sectores cercanos a Cabo Blanco, zonas estrechamente ligadas al turismo, la pesca artesanal y la identidad local.

 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) declaró la emergencia ambiental. Petroperú activó labores de contención y limpieza. Sin embargo, para la población local, el daño ya estaba hecho: playas cerradas, cancelación de reservas turísticas y un golpe directo a la economía de fin de año.

 

La herida que no cerró

Lejos de quedar como un episodio excepcional, el derrame de diciembre de 2024 marcó un patrón. En febrero de 2025, pescadores artesanales reportaron nuevas manchas oleosas en la playa San Pedro, en el distrito de Pariñas. Y el 7 de julio de 2025, Lobitos volvió a ser noticia: un evento focalizado de hidrocarburo fue asociado al pozo inactivo 383 del Lote VI, ubicado en el sector Punta Lobos B.

 

Aunque el sector Salud confirmó que no hubo personas afectadas, la recurrencia de estos hechos reforzó una sensación de abandono y de riesgo permanente en la población. La pregunta empezó a repetirse con más fuerza: ¿cuántos derrames más puede soportar Lobitos?

 

Un destino global en riesgo

Lobitos no es una playa cualquiera. Es reconocido internacionalmente como uno de los mejores puntos de surf de Sudamérica, recibe visitantes de Estados Unidos, Europa, Australia y Brasil, y aspira a ser declarado World Surfing Reserve. Cada derrame no solo contamina el mar: erosiona su reputación global y pone en duda la capacidad del Perú para proteger sus activos turísticos estratégicos.

 

Operadores turísticos reportaron cancelaciones masivas. Surfistas internacionales optaron por otros destinos. La imagen de un balneario sostenible comenzó a resquebrajarse.

 

El mar embravecido: oleajes de diciembre de 2025

Cuando la zona aún no se recuperaba del todo, un nuevo golpe llegó desde la naturaleza. El 27 de diciembre de 2024, un oleaje anómalo de hasta seis metros de alto impactó el litoral norte. Lobitos, Talara, Paita, Zorritos y Máncora sufrieron inundaciones, destrucción de embarcaciones, daños en hoteles y restaurantes, y el cierre de más de 26 puertos y caletas.

 

El fenómeno no solo paralizó la pesca y el turismo en plena temporada alta, sino que también dificultó las labores de limpieza y contención de zonas previamente afectadas por hidrocarburos. Petróleo y mar embravecido se combinaron en un escenario de alto riesgo.

 

Un patrón que preocupa

A un año del primer derrame, el balance es inquietante: infraestructura petrolera vulnerable, respuestas mayormente reactivas, falta de prevención efectiva y una costa expuesta tanto a errores humanos como a fenómenos climáticos extremos.

 

Lobitos se ha convertido en un símbolo de esta tensión no resuelta entre actividad extractiva, protección ambiental y desarrollo turístico.

 

Más que memoria, una advertencia

Conmemorar este año no es solo recordar fechas y cifras. Es reconocer que el daño ambiental no se mide únicamente en hectáreas contaminadas, sino en confianza perdida, oportunidades truncadas y comunidades que viven con la incertidumbre de ser las próximas afectadas.

 

Lo ocurrido en Lobitos y en el resto de la provincia de Talara debería servir como advertencia nacional. Proteger el mar, modernizar la infraestructura, planificar la respuesta a emergencias y asumir la sostenibilidad como política de Estado ya no es una opción: es una urgencia.

 

Porque si algo dejó claro este año es que el petróleo pasa, el oleaje se retira, pero las consecuencias permanecen.