🚧 Óvalo Turicarami–Jíbito: la obra inconclusa que desnuda la crisis de gestión en Piura

Las claves de otro intento frustrado del gobernador regional por perennizar su nombre en una placa.

 

 

El proyecto que prometía desarrollo

En julio de 2024 se inició el proyecto “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vial interurbana en la carretera departamental PI-102, tramo Óvalo Turicarami–Jíbito”, con un plazo de ejecución de 18 meses. La obra, aprobada mediante convenio interinstitucional en 2023, buscaba conectar los distritos de Sullana y Miguel Checa con la provincia de  Paita, impulsando el comercio y la movilidad regional.

 

Las primeras alertas

Ya en 2025, regidores como Diego Pulache Celi y Mercy Marchena Reto advertían problemas:

• Transportistas denunciaban daños mecánicos, malos desvíos y retrasos.
• Comerciantes y la Asociación de Restaurantes reclamaban pérdidas económicas por el caos vehicular y la lentitud en la ejecución.
• La Municipalidad notificó al consorcio ejecutor por riesgos en obra (como el buzón dañado en Loma Teodomiro) y convocó mesas de trabajo para exigir correcciones.

 

La crisis oficial

En febrero de 2026, el Gobierno Regional de Piura resolvió el contrato N.º 025-2024 tras constatar un avance real de 52.46% frente al 95.5% programado. La medida se sustentó en la Ley de Contrataciones del Estado, señalando incumplimientos injustificados, retraso irreversible y pérdida de confianza en el contratista. La decisión implicó paralización inmediata, liquidación del contrato y aplicación de penalidades.

 

Las voces políticas e institucionales

• Regidor Diego Pulache Celi: lamentó la resolución y exigió que la obra continúe por administración directa, para acortar plazos y evitar más perjuicios.
• Municipalidad de Sullana: expresó “profunda preocupación” y pidió cronograma claro, transparencia, intervención de órganos de control y mantenimiento de vías alternas.
• Alcaldía y Comisión de Regidores: recibieron informes oficiales que confirman que la obra Turicarami–Jíbito figura como paralizada en el sistema del MEF, junto a otras intervenciones críticas en la provincia.
• Comisión de Desarrollo Económico: solicitó mesas de trabajo obligatorias con colegios profesionales y el gerente regional para garantizar estándares técnicos y prevenir fallas estructurales.

 

El impacto ciudadano

La paralización afecta directamente la transitabilidad, la economía local y la salud pública. Transportistas enfrentan sobrecostos, comerciantes reportan pérdidas y vecinos denuncian caos vehicular y riesgos sanitarios. Cada día detenido representa un golpe a la confianza en la gestión pública.

 

El debate de fondo

El caso Turicarami–Jíbito expone un problema estructural: la ineficiencia en la ejecución de obras públicas en Piura y la falta de fiscalización efectiva. La ciudadanía exige respuestas claras, sanciones a los responsables y garantías de continuidad.

  

Beneficencia Pública de Sullana: crisis financiera, denuncias de favorecimiento y presión para destituir a su presidente

La Sociedad de Beneficencia Pública de Sullana atraviesa una crisis institucional. Documentos oficiales, pronunciamientos de directores y regidores, reclamos sindicales y declaraciones públicas han puesto en cuestión la gestión de su presidente, Jaime Juárez Cossio, quien además ocupa la presidencia de todas las beneficencias del Perú.

 

El 17 de febrero de 2026, tres miembros del Directorio solicitaron formalmente al alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón Meca, la destitución de Juárez Cossio. Señalaron retrasos en pagos, favorecimiento a proveedores, uso indebido de ambientes institucionales y alteración de actas. La carta ingresó como Expediente N.º 006414 en la Municipalidad.

 

El 16 y 18 de febrero, regidores enviaron oficios al alcalde pidiendo intervención de la Contraloría General de la República. Entre los hechos denunciados:

• Una factura de restaurante por S/ 300 cargada a la Beneficencia.
• Contratos por casi S/ 470 mil adjudicados en 2025 al joven proveedor Víctor Alexis Córdova Barba, recién inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

 

Documentos internos evidencian dietas impagas a directores y planillas atrasadas a trabajadores. El sindicato SITRABS denunció retrasos crónicos en salarios y exigió regularidad, mientras la Beneficencia inició un proceso judicial para disolverlo por pérdida de afiliados. Juan Manuel Reyes, uno de los directores, confirmó que a los miembros del Directorio se les adeudaban cinco meses de dieta en 2025.

 

La asesoría legal de la Beneficencia reconoció oficialmente la deuda de dietas y recomendó medidas correctivas.

 

Reacciones institucionales

El 20 de febrero, la Municipalidad Provincial de Sullana emitió un comunicado oficial reconociendo las denuncias y derivándolas a instancias competentes, con énfasis en la presunción de inocencia. El alcalde, a una consulta que le hice por WhatsApp, defendió la labor social de Juárez (proyectos para ancianos y convenios con loterías), pero admitió que se han iniciado investigaciones y que, de comprobarse responsabilidades, se denunciará ante la fiscalía.

 

El presidente del directorio, Jaime Juárez Cossio, en Radio Stereo M (21 de febrero) defendió sus gestiones con ministerios y loterías, mostró su incomodidad con un comunicado que los directores publicaron el 18 de febrero y admitió que las denuncias han afectado las ventas del cementerio.

 

👉 Hemos solicitado entrevistas a todas las partes involucradas y mantenemos la investigación abierta para ofrecer a la audiencia un relato completo y transparente de este caso. Para actualizaciones, visita https://www.facebook.com/nelsonsullana

  

Caso MultiRed: Alcaldes y directores exigen explicaciones al Banco de la Nación por robos millonarios con “números enmascarados”

 

El Banco de la Nación confirmó por primera vez, el 11 de agosto de 2025, que los delincuentes responsables del robo millonario a cuentas públicas usaron una modalidad de fraude basada en “números enmascarados” también conocida como scoofing.

Esto ocurrió en una reunión realizada a la fecha en la sede central del banco, en Lima, a la que asistieron:

• Marlem Mogollón Meca, alcalde de la provincia de Sullana (Piura)
• Mirtha Ruelas Casillas, alcaldesa del distrito de Yura (Arequipa)
• Rocío Jackeline Siu Antezana, directora de la UGEL Caylloma (Arequipa)

 

Los gerentes del banco explicaron que los estafadores realizaron llamadas que, en la pantalla, mostraban números idénticos o muy similares a los oficiales de la institución. Mediante esta suplantación, obtuvieron de los funcionarios códigos de verificación que permitieron concretar el robo de 5,17 millones de soles (según el rastreo hecho por #Epicentro TV: ver el video al inicio de esta entrada)..

 

“Han sido números enmascarados, haciéndose pasar por personal del Banco. Han usado nombres de personas que no trabajan aquí y han extraído información para hacer las sustracciones”, precisó el Banco de la Nación. Puedes ver la reacción de la Municipalidad de Sullana aquí.

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Reclamos y críticas al Banco de la Nación

Las autoridades reprocharon que, pese a que el primer hecho fraudulento ocurrió el 21 de julio, no se emitió una alerta nacional inmediata que pudiera evitar más ataques.

También denunciaron:

• Bloqueos reiterados en las cuentas sin soporte técnico oportuno.
• Falta de respuesta del personal del banco durante los incidentes.
• Que los delincuentes manejaban información confidencial que solo debería estar en manos de la entidad financiera.

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Acciones legales y políticas

La Municipalidad de Yura y la UGEL Caylloma anunciaron que se sumarán a la denuncia de la Municipalidad Provincial de Sullana ante la Fiscalía de Crimen Organizado, incluyendo al Banco de la Nación en la investigación.

Además, el caso será elevado a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

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Entidades afectadas y montos confirmados

Los casos detectados hasta ahora, según reportes oficiales y fuentes periodísticas verificadas, suman S/ 5’171,450 soles:

1. Municipalidad Provincial de Sullana (Piura) – S/ 1’270,000
   Fondos desviados a cuentas en Interbank, retirados en Arequipa.
2. Municipalidad Distrital de Yura (Arequipa) – S/ 1’500,000
   Transferidos a una cuenta en Trujillo (La Libertad).
3. Instituto Nuevo Indoamérica (Trujillo, La Libertad) – S/ 1’336,650
4. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (Cajamarca) – S/ 334,000
   Transferidos a una constructora de Jaén y retirados en Surco (Lima).
5. UGEL Caylloma (Arequipa) – S/ 130,800
   Transferidos a una empresa de Tarapoto (San Martín).
6. Gobierno Regional de Arequipa – S/ 600,000

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📌 Seguiremos actualizando el desarrollo del Caso MultiRed, un escándalo que ya involucra a autoridades locales, regionales y al propio Banco de la Nación.

  

Caso Municipalidad Provincial de Sullana: del “fraude cibernético” a una estafa con claves entregadas y vacíos compartidos

 

Por Nelson Peñaherrera Castillo
📅 Actualización: 4 de agosto de 2025

 

El caso del desvío de S/ 1,27 millones de la Municipalidad Provincial de Sullana acaba de dar un nuevo giro. La tarde del 4 de agosto, el alcalde Marlen Mogollón Meca ofreció una conferencia de prensa donde presentó la versión más detallada —y contradictoria— hasta el momento. Las declaraciones, lejos de cerrar el caso, abren más interrogantes sobre la responsabilidad institucional, el papel del Banco de la Nación y la debilidad de los protocolos internos de seguridad.

 

Lo que decía el comunicado oficial (y ahora matiza)

El 3 de agosto, la Municipalidad informó que el hecho se trataba de un “fraude cibernético” en el que supuestos delincuentes suplantaron a personal del Banco de la Nación y lograron obtener claves de acceso a la plataforma Multired Empresarial, lo que permitió realizar tres transferencias por un total de S/ 1’270,000. Solo se logró bloquear S/ 249 mil.

 

En esa primera versión, se aseguraba que:

• Los funcionarios ediles fueron engañados, pero no se especificaba cómo.
• No se vulneraron sistemas municipales.
• Se trataba de un delito digital externo.

Ahora, sin embargo, el alcalde ha admitido públicamente que sus funcionarios sí entregaron las claves, aunque lo hicieron bajo engaño. Afirmó:

“Inicialmente no lo hicieron, pero luego se entregaron las claves”.

Es decir, la versión inicial fue suavizada, pero los hechos siguen apuntando a una combinación de negligencia interna y ausencia de respuesta oportuna del Banco de la Nación.

 

Puntos clave de la conferencia de prensa del 4 de agosto

A continuación, los fragmentos más relevantes de las declaraciones del alcalde y voceros municipales:

🔓 Sobre cómo ocurrió la vulneración

• El contador de la Municipalidad detectó el problema cuando no pudo acceder a la plataforma.
• El Banco de la Nación brindó dos números de contacto para soporte, pero nunca respondió.
• Un tercero, haciéndose pasar por empleado del banco, llamó a la comuna alegando que podía “resolver el problema”, por orden del banco.
• Según el alcalde: “Lo que no se ha vulnerado es el sistema informático de la municipalidad... lo que sí se ha vulnerado es el Sistema Multired.”

La narrativa sigue tratando de atribuir el fallo a la plataforma del Banco, pero el Banco de la Nación ya desmintió categóricamente que su sistema haya sido vulnerado. En su comunicado del 4 de agosto, señaló que: “Los sistemas del Banco de la Nación no fueron vulnerados en ningún momento.”

 

📉 Sobre el origen y destino del dinero

• Los fondos provenían de la cuenta de Defensa Civil y del 10% del Impuesto a la Renta retenido por la comuna.
• Interbank confirmó que S/ 120 mil fueron cobrados en Arequipa.
• El contador municipal señaló que los fondos se retiraron mediante cheques de montos menores, distribuidos entre distintas personas.
• Los datos de quienes suplantaron identidades y retiraron fondos ya fueron consignados en la denuncia formal ante la Depincri, y enviados a la Procuraduría.

 

🛑 Sobre el rol del Banco de la Nación

El alcalde fue enfático en señalar responsabilidad del banco por su aparente dejadez: “Esto demuestra una dejadez por parte del Banco de la Nación... desde el primer momento debieron darnos información.”
“Les pido que demuestren que esa plataforma [Multired] tiene buen soporte.”

Asimismo, informó que:

• Se contactó con el ministro del Interior, el ministro de Educación (sin aclarar su rol), y un asesor de la Presidencia de la República, quien le habría confirmado que ya se habían activado mecanismos para ubicar y capturar a los ciberdelincuentes.
• Según esa versión, otras 10 municipalidades también fueron afectadas, lo que podría indicar que se trata de una banda organizada.

 

⚖️ Medidas tomadas por la Municipalidad

• Se autorizó al procurador municipal para que interponga las denuncias correspondientes.
• Se han entregado todos los documentos a la Fiscalía.
• Se continúa a la espera de una respuesta oficial del Banco sobre un posible implicado que se identificó como Raúl Cárdenas (nombre por confirmar), presunto trabajador de esa entidad.

 

Verificación independiente y contradicciones

Desde este medio, se han hecho las siguientes verificaciones independientes:

1. No fue un ciberataque, como lo confirmaron tanto fuentes jurídicas como el propio Banco de la Nación.
2. La vulneración ocurrió porque se entregaron claves de acceso y códigos de validación por parte del personal municipal, tal como ya había sido confirmado por el alcalde el 3 de agosto en conversación directa conmigo.
3. La Municipalidad nunca investigó los antecedentes de los funcionarios implicados. Esa tarea fue realizada por mí a través de registros públicos. Ninguno presenta antecedentes penales ni sanciones, pero eso no los exime de responsabilidad funcional.

De borroso a turbio

Este caso sigue sin esclarecer del todo:

• ¿Por qué la Municipalidad tenía liquidez en cuentas vulnerables sin alertas activas?
• ¿Por qué no se cortó el acceso desde el momento en que se detectó el fallo (25 de julio)?
• ¿Qué control tenía el Banco de la Nación sobre solicitudes telefónicas falsas?
• ¿Dónde están las auditorías internas?

Más allá de las versiones parciales, la ciudadanía necesita una investigación autónoma, sin presión política ni silencios institucionales. El dinero público no puede depender de protocolos tan débiles, ni de funcionarios que entregan claves sin verificar la identidad del solicitante.

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🎥 Puedes ver la conferencia completa aquí:
🔗 https://www.facebook.com/share/v/16x3fey3A3/

 

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Sullana: el desvío de S/ 1,27 millones y los vacíos en la versión oficial

La Municipalidad Provincial de Sullana ha confirmado el desvío de S/ 1 millón 270 mil de sus cuentas institucionales, ocurrido entre el 30 y 31 de julio de 2025, mediante operaciones realizadas en la plataforma Multired Empresarial del Banco de la Nación.

 

Lo que en principio fue calificado como un “fraude cibernético” expone hoy una serie de fallas internas graves, omisiones informativas y silencios estratégicos que hacen ruido y ameritan una investigación seria y sin interferencias de las partes comprometidas.

 

El relato oficial: “fraude cibernético” y funcionarios destituidos

Según el comunicado institucional difundido por la comuna, el incidente se originó el 25 de julio, cuando se detectó el bloqueo del acceso a la plataforma bancaria. Días después, se realizaron tres transferencias a cuentas en Interbank, por montos de S/ 250 mil, S/ 900 mil y S/ 120 mil, respectivamente. Solo se logró bloquear a tiempo S/ 249 mil, y el resto del dinero fue sustraído.

 

El documento identifica como responsables a tres funcionarios. todos han sido destituidos y denunciados ante la Depincri PNP Sullana, además de haberse solicitado la intervención de la Fiscalía de Crimen Organizado, tanto en Sullana como en Lima.

 

El comunicado sostiene que los funcionarios fueron engañados por un supuesto empleado del Banco de la Nación que se habría contactado por vía telefónica.  

 

Qué no dice el comunicado: cinco vacíos que deben investigarse

1. No habría sido un ciberataque, habría sido una entrega voluntaria de claves

Un abogado con experiencia en operaciones bancarias me precisó que este caso no califica como “fraude cibernético”, ya que no se vulneraron sistemas informáticos ni hubo intrusión digital. No se rompieron barreras ni se empleó malware.

 

La filtración fue humana: dos funcionarios entregaron voluntariamente credenciales de acceso a un tercero que se hizo pasar por personal del banco. Por tanto, se trató de una negligencia operativa, y no de un ataque externo.

 

2. La Municipalidad no habría investigado los antecedentes de los implicados

La versión oficial no contiene ningún detalle sobre los antecedentes de los tres funcionarios implicados. Esa investigación fue hecha por mí, a través de fuentes abiertas, registros judiciales y sistemas de control público.

 

Ninguno presenta antecedentes penales, sanciones administrativas o denuncias públicas previas. Aun así, la falta de verificación interna es un indicador de desorden institucional o intento de proteger responsabilidades funcionales.

 

3. Declaraciones del alcalde: mezcla de datos útiles y ruido político

Consultado directamente por mí, el alcalde Marlen Mogollón Meca confirmó que los funcionarios entregaron las claves, y añadió que uno de ellos había salido de vacaciones, aunque no precisó quién ni por cuánto tiempo.

 

También señaló que recibió llamadas de:

• el asesor de la presidenta,
• el ministro del Interior,
• el ministro de Educación (!),
• y un coronel de apellido Pérez.

La inclusión de actores ajenos al caso, como el titular del Minedu, genera más confusión que claridad. Aunque podría responder a una necesidad política de mostrar respaldo institucional, desvía el foco del hecho sustancial: la vulneración del manejo interno de fondos públicos.

 

4. La comuna no aclara por qué había S/ 1,2 millones disponibles

El comunicado no precisa a qué correspondía ese dinero. ¿Eran fondos de canon, transferencias para obras, pagos pendientes a proveedores, programas sociales? “Son fondos intangibles de retenciones”, me dijo el alcalde Mogollón.

 

Ese nivel de liquidez, y el momento en que fue sustraída, podría indicar que los responsables sabían con anticipación cuándo y cómo se movilizarían grandes sumas, lo cual es clave para investigar posibles actos de colusión.

 

5. Nadie responde por el bloqueo del 25 de julio

El acceso a la plataforma bancaria se bloqueó cinco días antes de las transferencias fraudulentas. Sin embargo, no se activaron alertas, auditorías ni medidas preventivas tras ese hecho. La pasividad en ese lapso puede revelar más que una omisión: una ventana de oportunidad.

 

¿Y ahora qué?

Este caso no debe cerrarse con destituciones ni comunicados. Hay suficientes indicios para sospechar que la versión oficial solo muestra la punta del iceberg. A la fecha:

• No hay auditoría técnica pública del sistema bancario institucional.
• No se ha determinado la secuencia cronológica exacta de hechos internos.
• La Municipalidad no ha explicado cómo manejará el impacto presupuestal.

Una investigación seria —y autónoma— debería involucrar a la Contraloría, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios. Y el seguimiento debe ser ciudadano y mediático.

 

Un cierre necesario (aunque incómodo)

Como en muchos otros casos recientes en la región, el impulso por conocer la verdad ha partido de fuera de la entidad afectada. Las declaraciones del alcalde, la revisión de antecedentes de los implicados y el contraste técnico con la narrativa oficial fueron obtenidos y verificados por mí como periodista.

 

No se trata de protagonismo. Se trata de no dejar pasar lo que, a todas luces, podría convertirse en otro caso impune de pérdida de fondos públicos en el Perú.