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viernes, 8 de mayo de 2026

Drenaje pluvial de Piura: ¿tenían razón quienes calificaron el expediente técnico como un desastre?


La historia del drenaje pluvial y la recuperación de la movilidad urbana en el cercado de Piura es, en esencia, la crónica de una obra ejecutada contra las advertencias ciudadanas, gremiales y técnicas. Hoy, los documentos oficiales corroboran lo que vecinos, comerciantes y especialistas denunciaron desde el inicio: el expediente técnico fue un desastre.


📑 Los antecedentes ignorados

  • Estudios previos rigurosos:
    • En 2009, el Instituto Nacional de Defensa Civil con apoyo de la Organización de Estados Americanos diseñó un sistema integral de drenajes para Piura, identificando zonas críticas como la Plaza de Armas, el Mercado Modelo y la Plaza Bolognesi.
    • En 2022, la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios (hoy Autoridad Nacional de Infraestructura) propuso soluciones técnicas con colectores y estaciones de bombeo, sustentadas en estudios de perfil.
  • Advertencias ciudadanas:
    • Vecinos y comerciantes del Centro Histórico de Piura alertaron sobre caos vehicular, riesgos patrimoniales y afectaciones al comercio.
    • La Cámara de Comercio de Piura pidió correcciones inmediatas al expediente técnico y medidas de contingencia.
    • El Colegio de Arquitectos advirtió sobre tala de árboles, impacto ambiental y falta de rigor técnico.

⚠️ El expediente técnico deficiente

El Informe de la Comisión Especial del Consejo Regional de Piura (enero 2026) concluyó que la obra se ejecutó con un expediente técnico mal formulado:

  • Interferencias críticas no previstas: redes eléctricas, telecomunicaciones, pozos a tierra y subestaciones en zonas de excavación.
  • Retrasos severos: avance de apenas 0.22% frente a 6.42% programado en el drenaje pluvial.
  • Gestión deficiente: falta de señalización, mala disposición de residuos, ausencia de planes de contingencia.
  • Impacto social y patrimonial: rechazo ciudadano en la Plaza Tres Culturas, riesgo para casonas históricas y afectación al comercio.


El vecino del Centro Histórico de Piura y activista Guillermo Burneo calificó los papeles como “expedientes truchos”, y encuentra respaldo institucional en el lenguaje oficial: “deficiencias atribuibles a una inadecuada formulación y evaluación del expediente técnico”.



🎙️
La actitud del gobernador

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, ha defendido la obra como “emblemática”, enfrentándose incluso a periodistas que cuestionaban su viabilidad.

  • Respaldó la continuidad del proyecto pese a que la empresa contratista fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
  • Minimiza las críticas ciudadanas y gremiales, acusando a detractores de obstaculizar el desarrollo.
  • Su postura ha sido confrontativa y política, blindando la obra frente a la evidencia técnica y social de sus deficiencias.

El meollo de la historia

El núcleo no es solo que la obra esté atrasada o mal ejecutada. El verdadero meollo es que se decidió avanzar ignorando advertencias técnicas y sociales que estaban documentadas desde hace años.

  • Había estudios previos sólidos (2009, 2022).
  • Hubo oposición ciudadana y gremial.
  • Los informes oficiales corroboran las deficiencias.
  • Sin embargo, la obra se ejecutó con respaldo político, erosionando la confianza pública.


📌
El caso del drenaje pluvial de Piura es un espejo de cómo se toman decisiones en infraestructura: la política imponiéndose sobre la técnica y la ciudadanía. La historia demuestra que quienes calificaron el expediente técnico como un desastre tenían razón. Y hoy, los documentos oficiales lo confirman.

  

viernes, 20 de marzo de 2026

🚧 Óvalo Turicarami–Jíbito: la obra inconclusa que desnuda la crisis de gestión en Piura

Las claves de otro intento frustrado del gobernador regional por perennizar su nombre en una placa.


 

 

El proyecto que prometía desarrollo

En julio de 2024 se inició el proyecto “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vial interurbana en la carretera departamental PI-102, tramo Óvalo Turicarami–Jíbito”, con un plazo de ejecución de 18 meses. La obra, aprobada mediante convenio interinstitucional en 2023, buscaba conectar los distritos de Sullana y Miguel Checa con la provincia de  Paita, impulsando el comercio y la movilidad regional.

 

Las primeras alertas

Ya en 2025, regidores como Diego Pulache Celi y Mercy Marchena Reto advertían problemas:

  • Transportistas denunciaban daños mecánicos, malos desvíos y retrasos.
  • Comerciantes y la Asociación de Restaurantes reclamaban pérdidas económicas por el caos vehicular y la lentitud en la ejecución.
  • La Municipalidad notificó al consorcio ejecutor por riesgos en obra (como el buzón dañado en Loma Teodomiro) y convocó mesas de trabajo para exigir correcciones.

 

La crisis oficial

En febrero de 2026, el Gobierno Regional de Piura resolvió el contrato N.º 025-2024 tras constatar un avance real de 52.46% frente al 95.5% programado. La medida se sustentó en la Ley de Contrataciones del Estado, señalando incumplimientos injustificados, retraso irreversible y pérdida de confianza en el contratista. La decisión implicó paralización inmediata, liquidación del contrato y aplicación de penalidades.

 

Las voces políticas e institucionales

  • Regidor Diego Pulache Celi: lamentó la resolución y exigió que la obra continúe por administración directa, para acortar plazos y evitar más perjuicios.
  • Municipalidad de Sullana: expresó “profunda preocupación” y pidió cronograma claro, transparencia, intervención de órganos de control y mantenimiento de vías alternas.
  • Alcaldía y Comisión de Regidores: recibieron informes oficiales que confirman que la obra Turicarami–Jíbito figura como paralizada en el sistema del MEF, junto a otras intervenciones críticas en la provincia.
  • Comisión de Desarrollo Económico: solicitó mesas de trabajo obligatorias con colegios profesionales y el gerente regional para garantizar estándares técnicos y prevenir fallas estructurales.

 

El impacto ciudadano

La paralización afecta directamente la transitabilidad, la economía local y la salud pública. Transportistas enfrentan sobrecostos, comerciantes reportan pérdidas y vecinos denuncian caos vehicular y riesgos sanitarios. Cada día detenido representa un golpe a la confianza en la gestión pública.

 

El debate de fondo

El caso Turicarami–Jíbito expone un problema estructural: la ineficiencia en la ejecución de obras públicas en Piura y la falta de fiscalización efectiva. La ciudadanía exige respuestas claras, sanciones a los responsables y garantías de continuidad.

  

miércoles, 17 de diciembre de 2025

DSRS Luciano Castillo Colonna, en cierto modo, da la razón a Contraloría


La Contraloría General de la República (CGR) informó que la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna registra un 0 % de avance en la etapa de devengado del presupuesto destinado al mantenimiento de edificaciones y equipos de salud, pese a encontrarse a pocos días del cierre del año fiscal 2025. El informe advierte riesgos en la operatividad de los servicios de salud en establecimientos de Sullana, Talara, Paita, Ayabaca y los distritos de Las Lomas y Tambogrande.

 

Un día después, la DSR Luciano Castillo Colonna difundió una respuesta institucional. A continuación, se enumeran sus principales argumentos y se analiza si estos responden, no responden o evaden las observaciones del órgano de control.

 

1. “No está en riesgo la ejecución del presupuesto”
La DSR señala que el presupuesto observado ya fue ejecutado físicamente y que solo resta la liquidación de los trabajos.

Análisis: Esta afirmación no desmiente el hallazgo de la Contraloría. El informe señala 0 % de avance en la etapa de devengado, situación que la propia DSR confirma al indicar que los pagos aún no se han realizado. Se trata de una confirmación implícita del retraso, no de una refutación.

Conclusión: Responde parcialmente, pero confirma el hallazgo.

 

2. Ejecución del mejoramiento del Centro de Salud El Obrero (Sullana)
La DSR indica que el servicio de mejoramiento, valorizado en S/ 30 000, ya concluyó y que será pagado tras la verificación.

Análisis: La Contraloría observó la falta de compromiso del presupuesto para mantenimiento eléctrico desde abril de 2025, alertando riesgos para la cadena de frío y áreas críticas. La respuesta no aclara por qué el mantenimiento no fue atendido oportunamente, ni explica el retraso de varios meses.

Conclusión: Respuesta incompleta; no aborda el fondo del riesgo advertido.

 

3. Uso de casi S/ 3 millones del FONCOR en 69 establecimientos de salud
La DSR afirma que estos recursos se destinan al mejoramiento de ambientes y habitabilidad de 69 centros de salud y que la transferencia se realizó recién en noviembre.

Análisis: El informe de la Contraloría se refiere a mantenimiento, mientras que la DSR habla de mejoramiento, conceptos distintos en la gestión presupuestal. Además, la visita de control se realizó cuando los recursos ya habían sido transferidos, por lo que la falta de requerimientos y procesos de contratación sigue siendo una observación válida.

Conclusión: Evade parcialmente el informe al cambiar el enfoque del gasto.

 

4. Transferencia tardía del presupuesto
La DSR sostiene que los recursos llegaron entre el 14 y 24 de noviembre, días antes de la visita de la Contraloría.

Análisis: La Contraloría no cuestiona la fecha de la transferencia, sino la inacción administrativa posterior. La respuesta no explica por qué no se formularon requerimientos ni se iniciaron procesos de contratación pese a la cercanía del cierre fiscal.

Conclusión: No responde al cuestionamiento central.

 

5. Situación de los ecógrafos y equipos médicos
El informe de la CGR advierte que un ecógrafo permaneció fuera de un establecimiento por más de 21 meses y que existen siete ecógrafos inoperativos por falta de mantenimiento correctivo.

Análisis: La respuesta de la DSR no menciona este punto, pese a tratarse de uno de los hallazgos más sensibles por su impacto en la atención materna y neonatal.

Conclusión: Omisión total; no responde.

 

Balance general

La respuesta de la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna no desvirtúa los hallazgos de la Contraloría General de la República. Por el contrario, confirma el retraso en el devengado del presupuesto, cambia el enfoque de mantenimiento a mejoramiento y omite responder sobre el estado de equipos médicos esenciales.

El informe de control mantiene vigencia técnica y administrativa, mientras que la respuesta institucional se centra en anuncios de ejecución futura y liquidaciones pendientes, sin aclarar las causas del retraso ni los riesgos advertidos para la prestación de los servicios de salud.

  

Más de un millón de piuranos en riesgo por la falta de ejecución presupuestal en salud


La Contraloría General de la República ha revelado un hecho alarmante: más de 1 millón 44 mil habitantes de las provincias de Ayabaca, Paita, Sullana y Talara, además de los distritos de Las Lomas y Tambogrande (provincia de Piura), están expuestos a graves riesgos en la atención médica debido a la cero ejecución del presupuesto de mantenimiento en la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna (DSRSLCC).


👥 Públicos específicos en riesgo

  • Gestantes y madres:
    • 7 ecógrafos inoperativos.
    • 2 ecógrafos portátiles con mantenimiento pendiente (Montero y Santa Teresita).
    • Un equipo estuvo fuera del establecimiento por más de 21 meses, afectando controles prenatales.
  • Neonatos:
    • Programas de salud neonatal sin ejecución presupuestal.
    • Riesgo de diagnósticos tardíos y deficiencias en controles de recién nacidos.
  • Pacientes con TBC y VIH/Sida:
    • Presupuesto de S/ 2 millones 909 mil 540 destinado a programas especializados no ejecutado.
    • Riesgo de deterioro en infraestructura y equipos para diagnóstico y tratamiento.
  • Población vulnerable ante emergencias y desastres:
    • Programa de S/ 31 mil 462 para mantenimiento eléctrico en el Centro de Salud El Obrero (Sullana) sin ejecutar.
    • Riesgo de pérdida de cadena de frío (vacunas, medicamentos) y afectación de ambientes críticos.
  • Ciudadanía en general:
    • Los 69 establecimientos de salud de la Subregión dependen de este presupuesto.
    • Riesgo de fallas en infraestructura y servicios básicos que afectan a toda la población usuaria.

💰 Montos detallados

  • S/ 2 millones 909 mil 540 → Programas neonatal y TBC-VIH/Sida (69 establecimientos).
  • S/ 31 mil 462 → Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias (Centro de Salud El Obrero).
  • S/ 47 mil 500 → Salud materno neonatal (mantenimiento de ecógrafos portátiles).

📌 Transparencia y respuesta institucional

El informe de control concurrente N.º 006-2025-OCI/4190-SCC fue notificado al titular de la entidad y publicado en el portal de la Contraloría.

He solicitado una reacción oficial a la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna (DSRSLCC), pero hasta el momento no he recibido respuesta.

La falta de ejecución presupuestal no es un dato técnico aislado: significa que más de un millón de piuranos —gestantes, neonatos, pacientes con enfermedades crónicas y la ciudadanía en general— están expuestos a riesgos graves por la inacción administrativa. La urgencia de comprometer recursos y garantizar el mantenimiento de equipos e infraestructura es vital para evitar que la salud pública en Piura se vea aún más debilitada.

  

sábado, 6 de diciembre de 2025

Se confirmaría Falsedad documentaria en el concurso para el Centro de Salud Mental de Ayabaca



La adjudicación del Concurso Público Abreviado N.° 02-2025-DSRSLCC-DEC-1, convocado por la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna para el servicio de mantenimiento y acondicionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario Señor Cautivo de Ayabaca, continúa bajo escrutinio tras la confirmación de parte de que uno de los documentos presentados por el postor ganador no se ajustaría a la verdad.

 

Según el expediente, la buena pro fue otorgada a Ventas, Servicios y Construcciones ADRINGSA S.R.L. por un monto de 115 mil soles. El 24 de noviembre M&N Construcciones y Servicios Generales S.R.L., postor que quedó en segundo lugar, presentó una denuncia pública señalando que ADRINGSA había utilizado documentación falsa o inexacta para acreditar la experiencia de su personal clave.

 

Aunque la DSRSLCC tomó conocimiento formal de la denuncia el 25 de noviembre, el contrato fue firmado y cargado al SEACE el 26 de noviembre, menos de 24 horas después.

 

La controversia se concentró en una constancia de trabajo sin fecha que acreditaba a Juan Alberto Rivas Ruidias como ingeniero residente de obra en un servicio ejecutado en Sechura en 2018. El documento mencionaba como entidad contratante a un supuesto “Consorcio Hanrry Contratistas Generales EIRL”, pese a que el consorcio que realmente obtuvo esa adjudicación fue el Consorcio Sechura, integrado por RGH Group SRL.


 


Tras la formalización del contrato, la DSRSLCC inició una verificación posterior sobre la autenticidad del documento. Mediante el Oficio N.° 019-2025-GOB.REG.PIURA-DRSP-DSRSLCC-430020187-OFI.LOG, emitido el 3 de diciembre, la entidad consultó a RGH Group sobre la validez de la constancia presentada por ADRINGSA. El 5 de diciembre la empresa respondió mediante la Carta N.° 16-2025/RGHGROU-S, confirmando (basada en sus registros) que la información en la constancia no correspondía a la realidad.

 



RGH Group precisó que el nombre del consorcio consignado en el documento era incorrecto, que el profesional mencionado nunca laboró para el consorcio y que quien realmente se desempeñó como jefe de servicio en 2018 fue el ingeniero civil Luis Enrique Juárez Juárez. La empresa agregó que la firma atribuida al representante legal del consorcio no coincidía con la firma real y que la descripción del objeto contractual también era errónea, pues el documento observaba una “obra”, cuando en realidad se trató de un servicio. Como conclusión, la empresa señaló que la información consignada en la constancia “no se ajusta a la verdad”.


 

La alegada confirmación de la falsedad refuerza los argumentos presentados por M&N, que sostiene que ADRINGSA obtuvo el máximo puntaje técnico gracias a documentación inexacta. En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la presentación de información falsa o adulterada constituye una infracción grave, vulnera el principio de presunción de veracidad y puede derivar en la pérdida de la buena pro. El reglamento establece además que, si la adjudicación se anula por causa imputable al postor ganador, la entidad debe requerir al postor ubicado en segundo lugar para perfeccionar el contrato, conforme a los numerales 91.3 y 91.4.

 

El caso se encuentra ahora en evaluación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, instancia que puede imponer sanciones administrativas y remitir el expediente al Ministerio Público si considera que la conducta encaja en el tipo penal de falsedad documentaria previsto en el artículo 427 del Código Penal. Quedará por determinar si la adjudicación debe ser anulada y si corresponde que el segundo postor sea convocado para asumir el contrato originalmente cuestionado. 

jueves, 6 de noviembre de 2025

Contraloría detecta presunta responsabilidad penal en funcionarios del Proyecto Especial Chira-Piura por obra en la presa Poechos


La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 12 exfuncionarios y funcionarios del Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), unidad ejecutora del Gobierno Regional de Piura, por irregularidades en la obra “Inyecciones complementarias en el aliviadero de emergencia de la presa Poechos”, valorizada en S/ 24,4 millones. La intervención tenía como objetivo reducir filtraciones y reforzar la seguridad hidráulica del reservorio.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 013-2025-2-0612-AC analizó el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 2019 y el 12 de junio de 2024, y detectó seis observaciones relacionadas con el proceso de contratación, ejecución y supervisión de la obra.

Irregularidades en la contratación y supervisión

Durante el proceso de selección para la supervisión, la entidad:

  • Descalificó ofertas de manera irregular, restringiendo la competencia.
  • Adjudicó la buena pro a un postor con una oferta económica S/ 85 000 más alta y sin la metodología requerida.

En la ejecución, se firmó contrato con una empresa que no acreditó el plantel profesional exigido, y no se realizó la fiscalización posterior correspondiente.

Obra recibida con filtraciones activas

El informe señala que los trabajos de inyección de lechada de cemento no cumplieron las especificaciones técnicas ni las recomendaciones de los estudios geognósticos. Pese a ello, la obra fue recibida sin verificar su operatividad, y las filtraciones persisten, comprometiendo la seguridad y eficiencia del reservorio.

Estas deficiencias ocasionaron:

  • Mayor gasto en supervisión y gastos generales: S/ 831 284
  • Pago sin penalidades por ausencia del residente de obra y designación irregular de personal: S/ 490 150
  • Aprobación de ampliaciones y adicionales sin sustento técnico: S/ 201 722.92

En total, el perjuicio económico supera S/ 1,5 millones.

Contexto: Poechos en un momento decisivo

La situación adquiere relevancia porque la presa Poechos es el principal reservorio de regulación hídrica del valle del Chira, abastece a miles de agricultores, y es pieza central en la planificación de los proyectos de afianzamiento hídrico actualmente evaluados por delegaciones técnicas de ocho países en el proceso de contratación Gobierno a Gobierno.

Además, la Junta de Usuarios del Valle del Chira ha planteado recrecer Poechos de la cota 108 a la 113, lo que permitiría almacenar 200 millones de m³ adicionales de agua. La persistencia de filtraciones afecta directamente la viabilidad física y financiera de esa propuesta.

Acciones recomendadas

La Contraloría dispuso:

  • Trasladar el caso a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para iniciar acciones penales.
  • Que la entidad y el Órgano Instructor determinen sanciones administrativas.

El informe completo se encuentra disponible en el portal institucional de la Contraloría, a través del Buscador de Informes de Servicio de Control.

  

domingo, 26 de octubre de 2025

Biohuertos escolares: experiencias locales que contrastan con un modelo aún incierto


El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció el reconocimiento a la Unidad Territorial Piura del programa Wasi Mikuna por la experiencia denominada “Biohuertos Solidarios”, desarrollada en 17 instituciones educativas del distrito de Montero, provincia de Ayabaca.

Según la cartera, el proyecto promueve la alimentación saludable en las escuelas a través del trabajo conjunto entre docentes, estudiantes y padres de familia, con apoyo logístico del municipio local, el Núcleo de Gestión Educativa Local (UGEL) de Montero, la ONG Choice Humanitarian y el programa PAIS.

 

Sin embargo, este reconocimiento llega en un contexto en el que el propio Midis busca reconfigurar el sistema nacional de alimentación escolar —aún en fase de diseño y sin resultados verificables— mediante el nuevo Programa de Alimentación Escolar (PAE). El anuncio coincide con las recientes mesas técnicas macrorregionales que el ministerio viene realizando para recoger aportes de la sociedad civil, tras las críticas sobre la falta de participación en el modelo inicial.

 


En Piura, el proyecto de biohuertos involucra colegios como Pequeños Angelitos (Cuñala), Mi Pequeño Mundo (San Martín), Los Patitos (Tailín), Eliseo Tocto Yahuana (Pite), San Francisco (Los Horcones), 20647 (Cerro de Laurel), 1459 (Uluncha), Los Girasoles, I.E. Israel y Ernesto Merino Rivera, entre otros.

Las actividades incluyeron talleres de capacitación, entrega de semillas y herramientas básicas, y asesoría en buenas prácticas agrícolas.

Aunque estas experiencias muestran una articulación local prometedora, su escala y sostenibilidad contrastan con la magnitud del desafío que enfrenta el sistema alimentario escolar nacional, que atiende a más de 4.2 millones de estudiantes. Además, el Midis aún no ha presentado indicadores concretos sobre los impactos nutricionales o pedagógicos de los biohuertos implementados.

 

El reconocimiento, entregado durante la XIII Semana de la Inclusión, se inscribe así dentro de una narrativa oficial que busca destacar logros parciales en el territorio, mientras los resultados globales del programa siguen pendientes de verificación independiente.

 

📎 Artículo relacionado:
Participación tras críticas: Midis convoca mesas técnicas para rediseñar su modelo alimentario escolar

📎 Enlace de la serie:
Una vigilancia social sin sociedad: la supervisión interna del Midis

  

Las Lomas: canal de riego Cerrito presenta fallas estructurales a solo dos años de haber sido recibido por la municipalidad

La Contraloría General de la República detectó deficiencias en la infraestructura del canal Cerrito, pese a que fue entregado y liquidado oficialmente por la Municipalidad Distrital de Las Lomas. La inversión superó los S/ 3,8 millones.

 

El canal de riego Cerrito, ubicado en el sector Chipillico Bajo del distrito de Las Lomas (provincia de Piura), fue inaugurado hace apenas dos años con la promesa de mejorar la distribución del agua para cultivos. Hoy, sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) advierte que la obra presenta fisuras, desprendimientos, grietas y un pase aéreo colapsado, pese a haber sido recibida y liquidada por la municipalidad.

 

Según el Informe de Control Concurrente N.º 046-2025-OCI/0454-SCC, que evaluó el periodo del 17 y 18 de septiembre de 2025, el deterioro incluye fallas estructurales en el pórtico de salida, que actualmente funciona de manera provisional con tuberías de PVC apoyadas sobre madera, un sistema inestable y riesgoso para el servicio de riego.

 

Durante la inspección, los auditores también identificaron fisuras en las cajas de entrada y salida, tuberías degradadas, grietas en un pase peatonal y desprendimiento de concreto en los bordes del pase vehicular, además de juntas rotas y tramos deslizados o ausentes del canal principal.

 

La obra fue contratada en agosto de 2022 por un monto de S/ 3 341 162, con un plazo de 90 días calendario. Sin embargo, recién fue recibida en diciembre de 2023 y liquidada en mayo de 2024, cuando la comuna aprobó la liquidación técnica y financiera reconociendo un saldo adicional de S/ 495 544 a favor del contratista.

 

Con estos hallazgos, la Contraloría advierte que el deterioro prematuro del canal —que debía beneficiar a decenas de agricultores de Las Lomas— pone en riesgo la continuidad del riego agrícola y la inversión pública superior a los S/ 3,8 millones.

  


miércoles, 15 de octubre de 2025

¿Cómo se hace la transferencia de gestión y cómo lo acompañará Contraloría?


Todo el proceso será virtual, a través del aplicativo “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión”.

Allí, los funcionarios salientes y entrantes registrarán documentos, actas y reportes. Además, se usará firma digital para validar los archivos, y si no se cuenta con certificado digital, se podrá usar el DNI electrónico o formatos físicos.

 

¿Qué se entrega?
Los titulares salientes deben presentar:

  • El acta de instalación de su equipo de transferencia.
  • El informe de rendición de cuentas por cese.
  • El informe de transferencia de gestión individual y sectorial.

Los titulares entrantes deben presentar:

  • La conformación de su equipo.
  • El acta de instalación de la comisión de transferencia.
  • El acta final de recepción de la gestión.

 

¿Y qué pasa después?
Una vez terminado el proceso, la Contraloría publicará los informes en su portal web para que cualquier ciudadano pueda consultarlos.

También se informará qué entidades no cumplieron con entregar sus reportes, como parte del compromiso con la transparencia.

La Contraloría brindará capacitaciones a los funcionarios involucrados y ha habilitado un enlace virtual para asistencia técnica, disponible de lunes a viernes en horario laboral.

Este acompañamiento busca que el cambio de autoridades no signifique un retroceso en la gestión pública, sino una oportunidad para continuar con responsabilidad y claridad. 

miércoles, 8 de octubre de 2025

El Cuerpo Médico de Sullana Rectifica y Reafirma su Vigilancia: La Verdad Detrás del Director Administrativo

El Hospital de Apoyo II-2 de Sullana ha sido escenario de una reciente controversia que ha mantenido en vilo a la comunidad. El Cuerpo Médico de la institución emitió dos comunicados consecutivos que, si bien abordaron la preocupación por la gobernanza hospitalaria, culminaron en una importante rectificación respecto a uno de los funcionarios señalados.

 


El primer pronunciamiento, emitido tras la renuncia del exdirector Dr. Dante Salazar La Torre, manifestaba una "preocupación categórica" por la situación institucional. Entre las decisiones cuestionadas, se señalaba la designación del señor Luis Fernando Castro Álamo como Director Administrativo, la cual, según el gremio médico, se realizó sin la consulta debida y generaba un riesgo de afectar la transparencia.

 

En ese momento, el Cuerpo Médico expresó su alarma indicando que Castro Álamo "afronta cuestionamientos públicos que van más allá de no contar con sentencia firme," afectando la confianza e imagen del nosocomio.

 


La Rectificación: Archivo de las Denuncias

Sin embargo, en un ejercicio de responsabilidad y apego a los principios de veracidad y transparencia, el Cuerpo Médico emitió un segundo comunicado para rectificar sus afirmaciones sobre el estado legal del funcionario.

 

Esta es la información adicional clave que ha sido verificada y que el gremio médico se encargó de poner en conocimiento de la ciudadanía:

  • Estado Legal del Funcionario: El señor Luis Fernando Castro Álamo ha presentado documentación oficial que demuestra que las denuncias en su contra han sido archivadas.
  • Detalle del Caso: Específicamente, el Ministerio Público - Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana ha dispuesto NO FORMALIZAR NI CONTINUAR con la investigación preparatoria seguida en su contra por el delito de peculado en agravio de la Municipalidad Provincial de Sullana.

Con esta aclaración, el Cuerpo Médico rectifica públicamente la información difundida y, además, reconoce los aportes que el Director Administrativo ha manifestado en relación con la observancia de la legalidad en los procesos administrativos, algo que no se mencionaba en la comunicación inicial.

 

Reafirmación del Compromiso

Pese a la rectificación sobre el estado legal del señor Castro Álamo, el Cuerpo Médico del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana ha sido enfático en reafirmar su rol. Mantienen su compromiso de:

  1. Vigilancia Gremial: Seguir velando por la transparencia, idoneidad y autonomía de la gestión hospitalaria, conforme a la Ley General de Salud.
  2. Foco Central: Ratificar que su principal preocupación es y seguirá siendo la adecuada atención de los pacientes, exigiendo un sistema de salud libre de intereses ajenos al bienestar de la comunidad.

  

jueves, 2 de octubre de 2025

Morropón: Falta de mantenimiento en reservorios pone en riesgo inversión millonaria de riego


La Contraloría General de la República advirtió que los reservorios de agua para riego instalados en Morropón presentan deficiencias de mantenimiento que amenazan su funcionamiento, seguridad y vida útil. Estas fallas podrían comprometer una inversión que supera los S/ 58 millones y que busca beneficiar a más de 9000 pobladores con acceso seguro al recurso hídrico.

 

Riesgos detectados

El Informe de Hito de Control n.º 074-2025-OCI/5349-SCC, que evaluó el periodo del 1 al 13 de septiembre de 2025, detalla los principales problemas:

  • Crecimiento de maleza en las áreas circundantes de los reservorios ya culminados.
  • Ausencia de señalética y de sistemas de rebose, lo que aumenta el riesgo de desbordes.
  • En el reservorio El Hualtaco, se hallaron tramos de geomembrana sin anclaje, con cortes y roturas que comprometen la impermeabilidad del embalse.

La geomembrana cumple una función crítica: evitar filtraciones hacia el suelo y, con ello, pérdidas de agua. Su deterioro anticipado afecta directamente el objetivo del proyecto.

 

Situación contractual

La Contraloría advirtió que, pese a que la obra aún se encuentra en ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025, la supervisión viene entregando reservorios terminados a las organizaciones de agricultores para que asuman su cuidado y mantenimiento. Esto ocurre sin que el proyecto haya sido formalmente recibido, lo que incrementa el riesgo de fallas y desprotege a los beneficiarios.

 

El proyecto inició en septiembre de 2022 con un plazo de ejecución de 240 días calendario, pero ha sufrido cuatro ampliaciones y una suspensión. A la fecha, solo registra un avance físico del 78.37%.

 

Alcance regional

El plan comprende la construcción de reservorios en 27 distritos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón. En esta última se proyectaron 43 reservorios, clave para mejorar la productividad agrícola de la zona.

 

El informe de control advierte que el descuido actual no solo amenaza la sostenibilidad de las obras en Morropón, sino que podría extenderse a todo el paquete regional, debilitando una inversión que busca mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones de vida en la sierra piurana.

  

jueves, 25 de septiembre de 2025

Catacaos: deterioro en la capa base pone en riesgo camino vecinal de más de S/ 14 millones


La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a la Municipalidad Distrital de Catacaos sobre el deterioro de la capa base en la obra de rehabilitación del camino vecinal que une las localidades de Monte Castillo, Buenos Aires de Cumbibira, Cumbibira Norte, Cumbibira Centro, Cumbibira y Vichayal, en el Bajo Piura. El problema, causado por el tiempo transcurrido desde su colocación y el tránsito de vehículos, compromete la vida útil de la vía y la adecuada transitabilidad.

 

El Informe de Hito de Control N.° 009-2025-OCI/2408-SCC, que evaluó el periodo del 29 de agosto al 15 de septiembre de 2025, detectó el desprendimiento del agregado grueso y fino, lo que redujo el espesor de la capa estructural y generó excavaciones, huellas de neumáticos y ondulaciones. Esto impide que la posterior imprimación se adhiera correctamente, poniendo en riesgo que la vía asfaltada termine presentando baches, fisuras y deformaciones prematuras.

 

Además, los auditores constataron la separación de agregados en el material de base, lo que refleja pérdida de cohesión interna. La situación se atribuye tanto al paso de vehículos —al no colocarse tranqueras— como a la falta de mantenimiento por humedecimiento, ya que los topes instalados por el contratista impidieron el ingreso de cisternas. Cabe señalar que la obra se mantiene con plazo suspendido desde el 2 de agosto.

 

La comisión de control también detectó taludes de relleno con pendiente excesiva para el acceso del puente 2, sin la protección adecuada, además de material excedente acumulado. Estos factores comprometen la seguridad de la infraestructura y de los usuarios.

 

Una obra con retrasos y antecedentes críticos

La rehabilitación del camino vecinal fue adjudicada en diciembre de 2022 a un consorcio, pero en junio de 2024 el contrato fue resuelto. Recién a finales de ese año se firmó un nuevo contrato con otra empresa para el saldo de obra por más de S/ 14 millones y un plazo de 210 días calendario. Sin embargo, al mes de septiembre de 2025, el proyecto solo registra un avance físico del 39%.

 

La Contraloría concluyó que las deficiencias detectadas ponen en riesgo el uso del camino, la finalidad pública de la obra y la seguridad en la zona, y notificó el informe al titular de la entidad. El documento completo está disponible en el portal institucional del órgano de control.

  

domingo, 21 de septiembre de 2025

Marcavelica: retrasos y desorden en la entrega del Vaso de Leche


La Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad Distrital de Marcavelica (provincia de Sullana, Piura) no garantizó el abastecimiento permanente del Programa del Vaso de Leche (PVL) durante 2024, afectando directamente la atención de más de dos mil beneficiarios.

 

Tres meses sin alimento asegurado

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 015-2025-2-0455-AOP, la comuna no cumplió con el mandato legal de entregar los productos alimenticios los siete días de la semana durante todo el año.

Los insumos recién empezaron a llegar entre abril y diciembre, lo que dejó a los comités del PVL sin abastecimiento durante los tres primeros meses de 2024.

 

Alimentos crudos en lugar de preparados

Otro hallazgo fue que la municipalidad distribuyó los productos en estado crudo, cuando la norma obliga a que se entreguen como alimentos preparados. La causa: ausencia de cocinas, utensilios y gas en los comités, lo que limitó la posibilidad de cumplir con la ley y garantizar raciones seguras.

 

Comité sin reglas claras

La Contraloría también advirtió que el Comité de Administración del PVL en Marcavelica carecía de un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por el concejo municipal. Esta falta de normativa impidió que el comité contara con reglas claras para administrar con transparencia y eficacia los recursos públicos destinados al programa.

 

Presupuesto y alcance

Durante el 2024, la municipalidad firmó contratos por S/ 235 644 para la compra de 57 756 latas de leche evaporada y por S/ 168 948 para 21 660 kilos de hojuelas y derivados, destinados a 74 comités del vaso de leche con 2077 beneficiarios registrados.

 

Un llamado de atención

El informe de control fue notificado al titular de la entidad y publicado en el portal institucional de la Contraloría. El caso de Marcavelica se suma a los cuestionamientos en Piura sobre la gestión del PVL, donde también se han detectado municipalidades con cero ejecución presupuestal en lo que va de 2025.

 

La Contraloría insiste en que este programa social debe ejecutarse de manera constante, transparente y eficiente, pues está orientado a la población más vulnerable: niños menores de seis años, madres gestantes y en periodo de lactancia, así como personas en condición de desnutrición o con enfermedades como la tuberculosis.

  

Pescadores de Piura rechazan proyecto de Pazo Nunura que busca reabrir formalización de embarcaciones


El 14 de septiembre de 2025, el portal Infobae reveló que el congresista Bernardo Pazo Nunura, de Somos Perú, presentó el proyecto de ley 12373/2025-CR, con el que busca reabrir el proceso de formalización para unas ocho mil embarcaciones pesqueras artesanales que quedaron fuera del programa SIFORPA 2, cerrado el 31 de julio de 2023.

 

La propuesta pretende dar una nueva oportunidad a las embarcaciones que no acreditaron su existencia o no completaron sus trámites, pero ha sido cuestionada por generar un conflicto de interés. Investigaciones periodísticas identificaron que Pazo y su familia tienen vínculos con astilleros y empresas dedicadas a la construcción y reparación de naves, como Astilleros Navales del Pacífico e Inversiones del Mar Chicama, lo que supondría un beneficio económico directo.

 

El proyecto también enfrenta reparos legales y ambientales: abrir nuevamente un proceso ya cerrado vulneraría la seguridad jurídica y podría legitimar embarcaciones construidas de forma ilegal, incentivando la informalidad y presionando aún más la sobreexplotación del mar peruano. Tanto ministerios como gremios empresariales y organizaciones pesqueras han advertido de estos riesgos.

 


Los pescadores piuranos marcan posición

El debate no quedó en Lima. El 20 de septiembre de 2025, dirigentes de pescadores de todo el departamento de Piura se reunieron en Talara para fijar una postura común frente a la iniciativa.

 

De acuerdo con una fuente que participó en el encuentro, la posición fue de rechazo firme al proyecto de Pazo. Los representantes compararon la propuesta con un “REINFO pesquero”, aludiendo al antecedente de la minería informal, y defendieron la intangibilidad de las 5 millas marinas como espacio vital para la pesca artesanal y la conservación de los recursos.

 

Los dirigentes acordaron emitir un acta con sus conclusiones y dejaron abierta la posibilidad de nuevas coordinaciones para visibilizar su oposición.

 


Más allá de la formalización

El caso Pazo Nunura pone en evidencia una tensión de fondo: mientras el Estado busca ordenar y proteger los recursos marinos, los proyectos legislativos que reabren formalizaciones terminan enviando el mensaje de que los plazos y las normas pueden modificarse una y otra vez, validando a quienes operan al margen de la ley y dejando en desventaja a quienes cumplieron.

 

En ese contexto, la voz de los pescadores piuranos añade un elemento clave: la defensa desde el propio territorio de quienes dependen directamente del mar y que advierten los peligros de una flota sobredimensionada y la institucionalización de la impunidad.

  

jueves, 18 de septiembre de 2025

Piura pierde acceso a Internet de alta velocidad por fallo en Pronatel que costó más de US$ 10 millones


La Contraloría General de la República reveló que un error en la gestión del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) dejó en el aire dos proyectos de conectividad que debían beneficiar a cientos de comunidades rurales en Piura y Tumbes.

 

Además del perjuicio directo en la población, el Estado peruano tuvo que pagar más de US$ 10 millones en indemnización a la empresa contratista tras perder un arbitraje internacional.

 

El impacto en Piura

La paralización de los proyectos de banda ancha afecta de manera directa a 422 comunidades rurales, entre ellas numerosas localidades de la sierra y la costa piurana, que iban a ser conectadas con Internet de alta velocidad.

 

La consecuencia inmediata:

  • 428 locales escolares públicos quedaron sin acceso a conectividad.
  • 254 establecimientos de salud no cuentan con Internet para sus servicios y telemedicina.
  • 35 comisarías no pueden fortalecer su capacidad de respuesta mediante sistemas digitales.

En conjunto, miles de piuranos que dependen de servicios básicos —educación, salud y seguridad— siguen marginados del acceso digital, clave para el desarrollo social y económico.

 


El error de Pronatel

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 023-2025-2-6403-AC, el problema se originó cuando Pronatel denegó injustificadamente una séptima ampliación de plazo a la empresa contratista.

 

El contrato, de más de US$ 98.5 millones, ya había recibido seis ampliaciones previas. Cinco de ellas estaban relacionadas con la falta de saneamiento de predios y la oposición de pobladores en los terrenos donde debían instalarse los nodos de telecomunicaciones.

 

La propia entidad había reconocido que esa situación no era imputable a la empresa.

No obstante, en la séptima solicitud, Pronatel decidió rechazar el pedido y resolvió el contrato, lo que llevó al inicio de un proceso arbitral internacional.

 

El arbitraje internacional

En 2019, la empresa demandó a Pronatel ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París. El tribunal determinó que la resolución del contrato fue irregular y, en agosto de 2022, ordenó el pago de US$ 10 028 467 por lucro cesante, es decir, las ganancias que la empresa dejó de percibir debido a la cancelación injustificada.

 

Entre octubre de 2024 y enero de 2025, el Pronatel efectuó el pago, generando un perjuicio económico directo al Estado peruano.

 

Responsabilidades en la mira

La Contraloría identificó presunta responsabilidad civil de seis funcionarios y servidores de Pronatel por el daño causado. El informe advierte que este caso no es aislado: problemas similares con la adquisición de predios y la falta de gestión social se han replicado en otros proyectos de banda ancha a nivel nacional.

 

El costo para la región

Más allá de los millones perdidos en litigios, lo que más pesa es el costo social: Piura sigue sin el servicio de Internet de alta velocidad en sus zonas rurales, lo que amplía la brecha digital y posterga el derecho a una educación moderna, a servicios de salud conectados y a una seguridad ciudadana con mejores herramientas tecnológicas.