🚧 Óvalo Turicarami–Jíbito: la obra inconclusa que desnuda la crisis de gestión en Piura

Las claves de otro intento frustrado del gobernador regional por perennizar su nombre en una placa.

 

 

El proyecto que prometía desarrollo

En julio de 2024 se inició el proyecto “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vial interurbana en la carretera departamental PI-102, tramo Óvalo Turicarami–Jíbito”, con un plazo de ejecución de 18 meses. La obra, aprobada mediante convenio interinstitucional en 2023, buscaba conectar los distritos de Sullana y Miguel Checa con la provincia de  Paita, impulsando el comercio y la movilidad regional.

 

Las primeras alertas

Ya en 2025, regidores como Diego Pulache Celi y Mercy Marchena Reto advertían problemas:

• Transportistas denunciaban daños mecánicos, malos desvíos y retrasos.
• Comerciantes y la Asociación de Restaurantes reclamaban pérdidas económicas por el caos vehicular y la lentitud en la ejecución.
• La Municipalidad notificó al consorcio ejecutor por riesgos en obra (como el buzón dañado en Loma Teodomiro) y convocó mesas de trabajo para exigir correcciones.

 

La crisis oficial

En febrero de 2026, el Gobierno Regional de Piura resolvió el contrato N.º 025-2024 tras constatar un avance real de 52.46% frente al 95.5% programado. La medida se sustentó en la Ley de Contrataciones del Estado, señalando incumplimientos injustificados, retraso irreversible y pérdida de confianza en el contratista. La decisión implicó paralización inmediata, liquidación del contrato y aplicación de penalidades.

 

Las voces políticas e institucionales

• Regidor Diego Pulache Celi: lamentó la resolución y exigió que la obra continúe por administración directa, para acortar plazos y evitar más perjuicios.
• Municipalidad de Sullana: expresó “profunda preocupación” y pidió cronograma claro, transparencia, intervención de órganos de control y mantenimiento de vías alternas.
• Alcaldía y Comisión de Regidores: recibieron informes oficiales que confirman que la obra Turicarami–Jíbito figura como paralizada en el sistema del MEF, junto a otras intervenciones críticas en la provincia.
• Comisión de Desarrollo Económico: solicitó mesas de trabajo obligatorias con colegios profesionales y el gerente regional para garantizar estándares técnicos y prevenir fallas estructurales.

 

El impacto ciudadano

La paralización afecta directamente la transitabilidad, la economía local y la salud pública. Transportistas enfrentan sobrecostos, comerciantes reportan pérdidas y vecinos denuncian caos vehicular y riesgos sanitarios. Cada día detenido representa un golpe a la confianza en la gestión pública.

 

El debate de fondo

El caso Turicarami–Jíbito expone un problema estructural: la ineficiencia en la ejecución de obras públicas en Piura y la falta de fiscalización efectiva. La ciudadanía exige respuestas claras, sanciones a los responsables y garantías de continuidad.

  

¿Piura y Castilla podrían inundarse en 2026? Éstos son los factores que aseguran una catástrofe

Corto documental producido por la Plataforma Inundación Nunca más en 2023: las condiciones son muy parecidas a las de 2026, especialmente para Piura Metropolitana. Hay más datos líneas abajo de esta pantalla.

    

 

La relación de Piura con el agua ha sido conflictiva desde su fundación en 1532. La historia de traslados, epidemias y crecidas muestra que la ciudad nunca logró una convivencia estable con su río. Hoy, a las puertas de un nuevo Fenómeno El Niño, especialistas advierten que la vulnerabilidad es mayor que en 2017.

 

El río Piura, que nace en Huarmaca (Huancabamba) y atraviesa la región hasta desembocar en Sechura, es el corazón de la amenaza. La sedimentación acumulada, la colmatación del cauce y la vegetación invasiva han reducido su capacidad hidráulica.

• En 2017, el río alcanzó 3400 m³/s y desbordó en múltiples puntos, inundando el centro histórico, Catacaos y urbanizaciones enteras .
• Hoy, según explicó el ingeniero César Cárdenas Bustios a NorteSostenible.com, un caudal de apenas 1800 m³/s podría ser fatal para Piura  Metropolitana.
• La ingeniera María Sofía Dunin-Borkowski, de la Universidad de Piura (citada por Juan Nunura en su perfil de Facebook) advierte que el problema no es solo el caudal, sino la reducción progresiva del espacio del río por sedimentación y erosión en la cuenca alta .

 

Factores de vulnerabilidad

1. Sedimentación y erosión

La cuenca alta pierde cobertura vegetal por deforestación y lluvias intensas. El suelo fértil se arrastra hacia la parte baja, estrechando el cauce y acelerando el riesgo de desborde.

2. Mala gestión de riesgos e institucionalidad débil

Según Cárdenas, el “voleibol institucional” entre ANA, Gobierno Regional y ANIN ha dejado al río sin una autoridad técnica autónoma. Los proyectos de reconstrucción avanzan apenas al 73% y muchos siguen en diagnóstico .

3. Obras inconclusas en la zona urbana

Calles abiertas, drenaje pluvial atrasado y casonas de adobe vulnerables convierten al centro histórico en un polvorín. En 2017, la avenida Grau (en el Centro Histórico) funcionó como dren natural y terminó bajo metro y medio de agua .

4. Déficit de agua potable

Piura Metropolitana necesita 2500 l/s para abastecer a su población, pero solo produce 1700 l/s. El canal Daniel Escobar, de 50 km, pierde hasta 25 m³/s en el trayecto. Si colapsa por lluvias, la ciudad podría quedarse sin suministro .

 

El precedente de 2017: ¿se puede mitigar en 2026?

El 25 de marzo de 2017, una lluvia de 188 mm en el Alto Piura disparó una crecida que recorrió 80 km en 48 horas. El río desbordó en múltiples puntos:

• Catacaos quedó 80% bajo el agua.
• El centro histórico de Piura se inundó hasta metro y medio.
• La Universidad Nacional de Piura, clínicas y centros comerciales fueron arrasados .

La falta de prevención y defensas débiles fueron señaladas como responsables. El consejero Hermer Alzamora advirtió en 2017 que la sedimentación del lecho era un factor ignorado .

 

Los especialistas coinciden en que aún es posible reducir riesgos:

• Limpieza efectiva del cauce y retiro de vegetación invasiva.
• Refuerzo de defensas ribereñas.
• Reforestación y prácticas de agroforestería en la cuenca alta.
• Evaluar una salida más eficiente del río hacia el mar, protegiendo humedales de Sechura.
• Planificación territorial y control del crecimiento urbano en zonas vulnerables.

 

El riesgo no es hipotético, es acumulativo, como reflexiona Dunin-Borkowski. Cada año sin acciones estructurales reduce el margen de respuesta. Las ciudades de Piura, Castilla y Catacaos podrían inundarse de nuevo, no por la fuerza del Niño, sino por la fragilidad acumulada de su río y su ciudad.

 

El llamado final es político y ciudadano: “Piuranos, elijamos con la cabeza. Pensemos por Piura” .

 

Fuentes consultadas

• Reportaje de Analí Valencia en Norte Sostenible (28 febrero 2026).
• Post de Juan Nunura con declaraciones de María Sofía Dunin-Borkowski (febrero 2026).
• Crónica histórica y técnica de Factor Tierra sobre el evento de 2017 .

  

Beneficencia Pública de Sullana: crisis financiera, denuncias de favorecimiento y presión para destituir a su presidente

La Sociedad de Beneficencia Pública de Sullana atraviesa una crisis institucional. Documentos oficiales, pronunciamientos de directores y regidores, reclamos sindicales y declaraciones públicas han puesto en cuestión la gestión de su presidente, Jaime Juárez Cossio, quien además ocupa la presidencia de todas las beneficencias del Perú.

 

El 17 de febrero de 2026, tres miembros del Directorio solicitaron formalmente al alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón Meca, la destitución de Juárez Cossio. Señalaron retrasos en pagos, favorecimiento a proveedores, uso indebido de ambientes institucionales y alteración de actas. La carta ingresó como Expediente N.º 006414 en la Municipalidad.

 

El 16 y 18 de febrero, regidores enviaron oficios al alcalde pidiendo intervención de la Contraloría General de la República. Entre los hechos denunciados:

• Una factura de restaurante por S/ 300 cargada a la Beneficencia.
• Contratos por casi S/ 470 mil adjudicados en 2025 al joven proveedor Víctor Alexis Córdova Barba, recién inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

 

Documentos internos evidencian dietas impagas a directores y planillas atrasadas a trabajadores. El sindicato SITRABS denunció retrasos crónicos en salarios y exigió regularidad, mientras la Beneficencia inició un proceso judicial para disolverlo por pérdida de afiliados. Juan Manuel Reyes, uno de los directores, confirmó que a los miembros del Directorio se les adeudaban cinco meses de dieta en 2025.

 

La asesoría legal de la Beneficencia reconoció oficialmente la deuda de dietas y recomendó medidas correctivas.

 

Reacciones institucionales

El 20 de febrero, la Municipalidad Provincial de Sullana emitió un comunicado oficial reconociendo las denuncias y derivándolas a instancias competentes, con énfasis en la presunción de inocencia. El alcalde, a una consulta que le hice por WhatsApp, defendió la labor social de Juárez (proyectos para ancianos y convenios con loterías), pero admitió que se han iniciado investigaciones y que, de comprobarse responsabilidades, se denunciará ante la fiscalía.

 

El presidente del directorio, Jaime Juárez Cossio, en Radio Stereo M (21 de febrero) defendió sus gestiones con ministerios y loterías, mostró su incomodidad con un comunicado que los directores publicaron el 18 de febrero y admitió que las denuncias han afectado las ventas del cementerio.

 

👉 Hemos solicitado entrevistas a todas las partes involucradas y mantenemos la investigación abierta para ofrecer a la audiencia un relato completo y transparente de este caso. Para actualizaciones, visita https://www.facebook.com/nelsonsullana

  

Crimen y violencia en el Perú: concentración territorial, nuevas modalidades y respuestas insuficientes

Exclusiva de Epicentro TV – Febrero 2026

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La inseguridad ciudadana se ha consolidado como uno de los principales problemas que preocupan a los peruanos. El Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., presentó su quinto reporte con un diagnóstico claro: la violencia letal y las modalidades criminales se concentran en pocos territorios, mientras que las respuestas estatales siguen siendo insuficientes para frenar su expansión.

 

Pero este informe, que ya es contundente, fue sometido a una reinterpretación inédita por el científico de datos sullanero Bryan Zapata Silupú. Con una certificación del MIT (Boston, Mass.) y experiencia en un proyecto de colaboración global para la NASA (EEUU), Zapata aplicó su mirada analítica para detectar patrones invisibles en la primera lectura.

 

El resultado es un conjunto de hallazgos que presentamos en exclusiva en Epicentro TV y La República TV, y que ahora compartimos aquí para abrir el debate ciudadano.

 

Concentración territorial de homicidios

El informe original ya advertía que ocho regiones concentran el 84% de los homicidios registrados en 2025. Sin embargo, al desagregar los datos, Zapata muestra que la violencia se focaliza aún más en ciertas provincias.

La gráfica revela que Trujillo, Piura y Sullana están entre los territorios más críticos. Dos jurisdicciones piuranas aparecen en el top nacional, lo que confirma que el norte del país es hoy un epicentro de la violencia letal.

 

Nuevas modalidades criminales

El Observatorio señalaba el avance de la extorsión y el préstamo “gota a gota”. Zapata fue más allá: comparó la matriz delictiva entre 2024 y 2025 en la Región Norte.

 

El hallazgo es claro: mientras la extorsión disminuye, crecen con fuerza los delitos financieros informales (“gota a gota”) y los robos vinculados a celulares y bancos. Esto muestra cómo el crimen organizado se adapta y diversifica sus fuentes de ingresos, golpeando directamente a sectores vulnerables.

 

Horarios de mayor riesgo

El informe advertía que los homicidios nocturnos duplican a los diurnos. Zapata lo confirma con cifras precisas para la costa peruana.

 

El 65.9% de los homicidios ocurre de noche. Este dato obliga a repensar la seguridad ciudadana en clave de horarios: más patrullaje, más iluminación, más presencia comunitaria en las horas críticas.

 

Distritos más golpeados

Finalmente, Zapata desagregó los datos a nivel distrital.

 

El distrito de Sullana encabeza el ranking nacional con 44 víctimas, seguido por Pataz, Tumbes, Ananea y Castilla. Este hallazgo es particularmente movilizador: fuera de Lima y Callao, el norte concentra los distritos más violentos del país.

 

Exclusiva de Epicentro TV

Estos hallazgos no habían sido difundidos antes. La reinterpretación de Bryan Zapata, basada en el estudio del Observatorio, constituye una exclusiva de Epicentro TV. Nuestra misión es ofrecer noticias que sí impactan en la vida de nuestras comunidades, con datos claros y análisis que movilicen a la acción. Mira el programa completo aquí. 

  

El informe revela un patrón claro:

• La violencia se concentra en pocos territorios.
• Las modalidades criminales cambian y se adaptan.
• Los horarios y distritos críticos muestran dónde debemos actuar.

Los éxitos policiales existen, pero son insuficientes frente al crecimiento del crimen organizado y la corrupción interna. La ciudadanía enfrenta un escenario donde la violencia se vuelve cotidiana, y las políticas públicas requieren pasar de medidas generales a intervenciones focalizadas y sostenidas en los territorios más golpeados.

 

En Epicentro TV seguiremos aportando evidencia y análisis para que la discusión pública se base en datos, no en percepciones. Porque solo así podremos construir respuestas que realmente protejan a nuestras comunidades.

 

  

Chulucanas y el agua potable: cuando el reclamo legítimo choca con la política y la ley

El acceso al agua potable en Chulucanas se ha convertido, una vez más, en el centro del debate público. A fines de diciembre de 2025, una movilización ciudadana —respaldada y difundida por la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas— volvió a poner sobre la mesa una problemática estructural que arrastra años: un servicio deficiente, infraestructura deteriorada y una población cansada de pagar por un suministro irregular.

 

La discusión, sin embargo, no se limita a la calidad del agua. También involucra decisiones políticas, límites legales y el rol de las autoridades en un contexto especialmente sensible.

 

Una problemática real y documentada

Durante 2024 y 2025, el servicio de agua potable en Chulucanas ha registrado fallas recurrentes. Entre las más reportadas se encuentran la rotura de tuberías, cortes prolongados, baja presión y reparaciones que resultan temporales. La causa principal no es un evento aislado, sino una red antigua, con mantenimiento insuficiente y sin una renovación integral acorde al crecimiento urbano.

 

Estas fallas no solo afectan la continuidad del servicio. También generan pérdidas de agua, incrementan el riesgo sanitario y profundizan la percepción de inequidad: los recibos llegan puntualmente, pero el agua no siempre.

 

Ese es el punto de partida del malestar ciudadano. El reclamo, en ese sentido, es legítimo.

 

La marcha por el agua y el mensaje político

El 30 de diciembre de 2025, miles de ciudadanos marcharon en Chulucanas exigiendo mejoras al servicio brindado por EPS Grau. La movilización fue difundida oficialmente por la municipalidad, que además incorporó un mensaje de advertencia: si en un plazo de dos meses no se observaban mejoras concretas, los usuarios dejarían de pagar los recibos.

 

El mensaje tuvo impacto inmediato. No solo amplificó el reclamo, sino que colocó a la autoridad municipal como vocera directa de una posible medida de presión ciudadana. Aquí es donde el debate se desplaza del diagnóstico —en gran parte compartido— hacia la viabilidad de la propuesta.

 

¿Es una buena idea dejar de pagar el servicio?

Desde el punto de vista legal y regulatorio, la respuesta es clara: no.

 

En el Perú, el servicio de agua potable es un derecho fundamental, pero se presta bajo un modelo tarifado y regulado. El incumplimiento en la calidad habilita reclamos, refacturaciones, fiscalización y sanciones al operador, pero no autoriza al usuario a suspender unilateralmente el pago.

 

Quienes dejen de pagar los recibos se exponen a cortes del servicio por morosidad, acumulación de deuda con recargos, pérdida de beneficios tarifarios y procesos de cobranza. En términos prácticos, la medida termina afectando más al usuario que a la empresa prestadora.

 

Además, si el no pago se generaliza, se reduce la capacidad operativa del sistema, agravando el mismo problema que se busca resolver. Es una salida emocionalmente comprensible, pero técnicamente contraproducente.

 

El rol del alcalde y sus límites

La convocatoria a la marcha y el respaldo explícito a la advertencia de no pago colocan al alcalde provincial, Richard Baca, en el centro del escenario. Desde el punto de vista político, la estrategia conecta con un reclamo popular real. Desde el punto de vista institucional, plantea serias preguntas.

 

Las municipalidades no tienen competencia para promover la suspensión de pagos a una empresa de saneamiento. Tampoco pueden sustituir al ente regulador ni ofrecer garantías legales a los usuarios frente a eventuales sanciones.

 

A ello se suma un factor que no puede ignorarse: durante 2025, el alcalde mantiene una agenda judicial abierta, con investigaciones fiscales en curso por presuntos delitos vinculados a su gestión (presunta colusión con proveedores) y a hechos previos (presunta vinculación al caso AELU Coop). Este contexto debilita su margen político y obliga a analizar sus acciones públicas con mayor cuidado, especialmente cuando se trata de liderar protestas y fijar plazos de presión.

 

Entre la necesidad y la responsabilidad

El problema del agua en Chulucanas no es un invento ni una exageración. Es estructural, técnico y urgente. Pero la solución no pasa por empujar a la población a una confrontación legal que no puede ganar sola.

 

Las salidas sostenibles pasan por planes de inversión con cronogramas públicos, fiscalización técnica independiente, presión institucional ante SUNASS, refacturaciones cuando corresponda y una gestión política que priorice soluciones de fondo sobre gestos de corto plazo.

 

Un tractor sobre hielo delgado

En Chulucanas, el agua potable es el síntoma visible de un problema mayor: infraestructura postergada, gestión deficiente y decisiones políticas que a veces confunden respaldo ciudadano

 con promesas inviables.

 

El reclamo es justo. La marcha es comprensible. Pero dejar de pagar no es una solución, y decirlo sin explicar las consecuencias es trasladar el costo del conflicto a quienes menos pueden asumirlo.

 

Cuando el agua falta, la indignación sobra. Lo que sigue faltando es una salida seria, técnica y legalmente responsable.

  

Caso MultiRed: Contraloría identifica presunta responsabilidad civil y administrativa en funcionarios de la Municipalidad de Sullana

La Contraloría General de la República notificó un Informe de Control Específico que marca un punto de inflexión en el Caso MultiRed, al identificar presunta responsabilidad civil y administrativa en tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de Sullana (MPS) por la transferencia irregular de S/ 1 036 535,68 a favor de terceros.

 

El hallazgo se encuentra contenido en el Informe n.° 025-2025-2-0455-SCE, publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional de la Contraloría y notificado formalmente al titular de la MPS.

 

Qué determinó la Contraloría

De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron los días 30 y 31 de julio de 2025, cuando se realizaron transferencias bancarias a través de la plataforma MultiRed Empresarial, utilizando claves dinámicas que fueron entregadas indebidamente a terceros.

 

Estas operaciones se ejecutaron desde dos cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Sullana que no estaban centralizadas en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), como exige la normativa vigente.

 

Las cuentas afectadas correspondían a:

• Retenciones del 10 % por garantía de fiel cumplimiento de contratos.
• Recursos provenientes, entre otros conceptos, de:
• Derechos de tramitación por inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil.
• Fideicomisos administrados por la entidad.

 

Responsabilidades identificadas

La Contraloría concluye que los responsables del manejo de las cuentas bancarias:

• Entregaron sus claves dinámicas digitales, las cuales son personales e intransferibles.
• Permitieron con ello el acceso de terceros a la plataforma MultiRed Empresarial.
• Autorizaron transferencias bancarias sin cumplir los controles establecidos.

 

En ese marco, se determinó:

• Presunta responsabilidad administrativa funcional, atribuida a funcionarios de las áreas de Administración y Planeamiento y Presupuesto, por facilitar las claves dinámicas.
• Presunta responsabilidad administrativa disciplinaria, por no haber centralizado los fondos públicos en la CUT entre el 12 de mayo y el 31 de julio de 2025.
• Presunta responsabilidad civil, por el daño económico ocasionado a la Municipalidad Provincial de Sullana.

 

Acciones recomendadas

Ante estos hallazgos, la Contraloría:

• Recomendó a su Procuraduría Pública iniciar las acciones civiles correspondientes contra los tres funcionarios involucrados.
• Dispuso que la Municipalidad Provincial de Sullana y su Órgano Instructor adopten las medidas necesarias para iniciar los procedimientos administrativos respectivos.

 

Un nuevo capítulo del Caso MultiRed

Este informe se suma a las actuaciones previas ya conocidas en el Caso MultiRed, que investiga el desvío de fondos públicos a través de la plataforma del Banco de la Nación y que, a nivel nacional, ha involucrado a varias entidades públicas.

 

Cabe recordar que, meses atrás, la Contraloría ya había acreditado una comisión de control para investigar las transferencias irregulares desde las cuentas de la Municipalidad Provincial de Sullana hacia terceros.

 

La publicación de este informe oficial introduce ahora responsabilidades concretas y abre la vía a procesos civiles y administrativos, mientras las investigaciones penales continúan su curso.

📌 Este caso sigue en desarrollo y continuará siendo documentado conforme se produzcan nuevos pronunciamientos oficiales.

  

Lobitos, un año después: petróleo, oleajes y la fragilidad de un paraíso costero

Por Nelson Peñaherrera Castillo

     

  

Hace un año, Lobitos dejó de ser solo sinónimo de olas perfectas y turismo internacional. El 20 de diciembre de 2024, manchas de petróleo comenzaron a extenderse frente a sus costas, marcando el inicio de una cadena de eventos que reveló la profunda vulnerabilidad ambiental, económica y social de esta parte del norte peruano.

 

Lo que ocurrió entonces no fue un hecho aislado. Con el paso de los meses, nuevos derrames y fenómenos climáticos extremos terminaron de configurar un escenario crítico que hoy obliga a mirar atrás, evaluar responsabilidades y preguntarse si el país ha aprendido algo de la crisis.

 

El primer golpe: diciembre de 2024

El derrame detectado entre el 20 y 21 de diciembre de 2024 frente al terminal multiboyas de la Refinería Talara afectó aproximadamente 270 hectáreas marinas. Las manchas alcanzaron playas emblemáticas como Las Capullanas, Yapato y sectores cercanos a Cabo Blanco, zonas estrechamente ligadas al turismo, la pesca artesanal y la identidad local.

 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) declaró la emergencia ambiental. Petroperú activó labores de contención y limpieza. Sin embargo, para la población local, el daño ya estaba hecho: playas cerradas, cancelación de reservas turísticas y un golpe directo a la economía de fin de año.

 

La herida que no cerró

Lejos de quedar como un episodio excepcional, el derrame de diciembre de 2024 marcó un patrón. En febrero de 2025, pescadores artesanales reportaron nuevas manchas oleosas en la playa San Pedro, en el distrito de Pariñas. Y el 7 de julio de 2025, Lobitos volvió a ser noticia: un evento focalizado de hidrocarburo fue asociado al pozo inactivo 383 del Lote VI, ubicado en el sector Punta Lobos B.

 

Aunque el sector Salud confirmó que no hubo personas afectadas, la recurrencia de estos hechos reforzó una sensación de abandono y de riesgo permanente en la población. La pregunta empezó a repetirse con más fuerza: ¿cuántos derrames más puede soportar Lobitos?

 

Un destino global en riesgo

Lobitos no es una playa cualquiera. Es reconocido internacionalmente como uno de los mejores puntos de surf de Sudamérica, recibe visitantes de Estados Unidos, Europa, Australia y Brasil, y aspira a ser declarado World Surfing Reserve. Cada derrame no solo contamina el mar: erosiona su reputación global y pone en duda la capacidad del Perú para proteger sus activos turísticos estratégicos.

 

Operadores turísticos reportaron cancelaciones masivas. Surfistas internacionales optaron por otros destinos. La imagen de un balneario sostenible comenzó a resquebrajarse.

 

El mar embravecido: oleajes de diciembre de 2025

Cuando la zona aún no se recuperaba del todo, un nuevo golpe llegó desde la naturaleza. El 27 de diciembre de 2024, un oleaje anómalo de hasta seis metros de alto impactó el litoral norte. Lobitos, Talara, Paita, Zorritos y Máncora sufrieron inundaciones, destrucción de embarcaciones, daños en hoteles y restaurantes, y el cierre de más de 26 puertos y caletas.

 

El fenómeno no solo paralizó la pesca y el turismo en plena temporada alta, sino que también dificultó las labores de limpieza y contención de zonas previamente afectadas por hidrocarburos. Petróleo y mar embravecido se combinaron en un escenario de alto riesgo.

 

Un patrón que preocupa

A un año del primer derrame, el balance es inquietante: infraestructura petrolera vulnerable, respuestas mayormente reactivas, falta de prevención efectiva y una costa expuesta tanto a errores humanos como a fenómenos climáticos extremos.

 

Lobitos se ha convertido en un símbolo de esta tensión no resuelta entre actividad extractiva, protección ambiental y desarrollo turístico.

 

Más que memoria, una advertencia

Conmemorar este año no es solo recordar fechas y cifras. Es reconocer que el daño ambiental no se mide únicamente en hectáreas contaminadas, sino en confianza perdida, oportunidades truncadas y comunidades que viven con la incertidumbre de ser las próximas afectadas.

 

Lo ocurrido en Lobitos y en el resto de la provincia de Talara debería servir como advertencia nacional. Proteger el mar, modernizar la infraestructura, planificar la respuesta a emergencias y asumir la sostenibilidad como política de Estado ya no es una opción: es una urgencia.

 

Porque si algo dejó claro este año es que el petróleo pasa, el oleaje se retira, pero las consecuencias permanecen.

DSRS Luciano Castillo Colonna, en cierto modo, da la razón a Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) informó que la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna registra un 0 % de avance en la etapa de devengado del presupuesto destinado al mantenimiento de edificaciones y equipos de salud, pese a encontrarse a pocos días del cierre del año fiscal 2025. El informe advierte riesgos en la operatividad de los servicios de salud en establecimientos de Sullana, Talara, Paita, Ayabaca y los distritos de Las Lomas y Tambogrande.

 

Un día después, la DSR Luciano Castillo Colonna difundió una respuesta institucional. A continuación, se enumeran sus principales argumentos y se analiza si estos responden, no responden o evaden las observaciones del órgano de control.

 

1. “No está en riesgo la ejecución del presupuesto”
La DSR señala que el presupuesto observado ya fue ejecutado físicamente y que solo resta la liquidación de los trabajos.

Análisis: Esta afirmación no desmiente el hallazgo de la Contraloría. El informe señala 0 % de avance en la etapa de devengado, situación que la propia DSR confirma al indicar que los pagos aún no se han realizado. Se trata de una confirmación implícita del retraso, no de una refutación.

Conclusión: Responde parcialmente, pero confirma el hallazgo.

 

2. Ejecución del mejoramiento del Centro de Salud El Obrero (Sullana)
La DSR indica que el servicio de mejoramiento, valorizado en S/ 30 000, ya concluyó y que será pagado tras la verificación.

Análisis: La Contraloría observó la falta de compromiso del presupuesto para mantenimiento eléctrico desde abril de 2025, alertando riesgos para la cadena de frío y áreas críticas. La respuesta no aclara por qué el mantenimiento no fue atendido oportunamente, ni explica el retraso de varios meses.

Conclusión: Respuesta incompleta; no aborda el fondo del riesgo advertido.

 

3. Uso de casi S/ 3 millones del FONCOR en 69 establecimientos de salud
La DSR afirma que estos recursos se destinan al mejoramiento de ambientes y habitabilidad de 69 centros de salud y que la transferencia se realizó recién en noviembre.

Análisis: El informe de la Contraloría se refiere a mantenimiento, mientras que la DSR habla de mejoramiento, conceptos distintos en la gestión presupuestal. Además, la visita de control se realizó cuando los recursos ya habían sido transferidos, por lo que la falta de requerimientos y procesos de contratación sigue siendo una observación válida.

Conclusión: Evade parcialmente el informe al cambiar el enfoque del gasto.

 

4. Transferencia tardía del presupuesto
La DSR sostiene que los recursos llegaron entre el 14 y 24 de noviembre, días antes de la visita de la Contraloría.

Análisis: La Contraloría no cuestiona la fecha de la transferencia, sino la inacción administrativa posterior. La respuesta no explica por qué no se formularon requerimientos ni se iniciaron procesos de contratación pese a la cercanía del cierre fiscal.

Conclusión: No responde al cuestionamiento central.

 

5. Situación de los ecógrafos y equipos médicos
El informe de la CGR advierte que un ecógrafo permaneció fuera de un establecimiento por más de 21 meses y que existen siete ecógrafos inoperativos por falta de mantenimiento correctivo.

Análisis: La respuesta de la DSR no menciona este punto, pese a tratarse de uno de los hallazgos más sensibles por su impacto en la atención materna y neonatal.

Conclusión: Omisión total; no responde.

 

Balance general

La respuesta de la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna no desvirtúa los hallazgos de la Contraloría General de la República. Por el contrario, confirma el retraso en el devengado del presupuesto, cambia el enfoque de mantenimiento a mejoramiento y omite responder sobre el estado de equipos médicos esenciales.

El informe de control mantiene vigencia técnica y administrativa, mientras que la respuesta institucional se centra en anuncios de ejecución futura y liquidaciones pendientes, sin aclarar las causas del retraso ni los riesgos advertidos para la prestación de los servicios de salud.

  

Más de un millón de piuranos en riesgo por la falta de ejecución presupuestal en salud

La Contraloría General de la República ha revelado un hecho alarmante: más de 1 millón 44 mil habitantes de las provincias de Ayabaca, Paita, Sullana y Talara, además de los distritos de Las Lomas y Tambogrande (provincia de Piura), están expuestos a graves riesgos en la atención médica debido a la cero ejecución del presupuesto de mantenimiento en la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna (DSRSLCC).

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👥 Públicos específicos en riesgo

• Gestantes y madres:
• 7 ecógrafos inoperativos.
• 2 ecógrafos portátiles con mantenimiento pendiente (Montero y Santa Teresita).
• Un equipo estuvo fuera del establecimiento por más de 21 meses, afectando controles prenatales.
• Neonatos:
• Programas de salud neonatal sin ejecución presupuestal.
• Riesgo de diagnósticos tardíos y deficiencias en controles de recién nacidos.
• Pacientes con TBC y VIH/Sida:
• Presupuesto de S/ 2 millones 909 mil 540 destinado a programas especializados no ejecutado.
• Riesgo de deterioro en infraestructura y equipos para diagnóstico y tratamiento.
• Población vulnerable ante emergencias y desastres:
• Programa de S/ 31 mil 462 para mantenimiento eléctrico en el Centro de Salud El Obrero (Sullana) sin ejecutar.
• Riesgo de pérdida de cadena de frío (vacunas, medicamentos) y afectación de ambientes críticos.
• Ciudadanía en general:
• Los 69 establecimientos de salud de la Subregión dependen de este presupuesto.
• Riesgo de fallas en infraestructura y servicios básicos que afectan a toda la población usuaria.

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💰 Montos detallados

• S/ 2 millones 909 mil 540 → Programas neonatal y TBC-VIH/Sida (69 establecimientos).
• S/ 31 mil 462 → Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias (Centro de Salud El Obrero).
• S/ 47 mil 500 → Salud materno neonatal (mantenimiento de ecógrafos portátiles).

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📌 Transparencia y respuesta institucional

El informe de control concurrente N.º 006-2025-OCI/4190-SCC fue notificado al titular de la entidad y publicado en el portal de la Contraloría.

He solicitado una reacción oficial a la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna (DSRSLCC), pero hasta el momento no he recibido respuesta.

La falta de ejecución presupuestal no es un dato técnico aislado: significa que más de un millón de piuranos —gestantes, neonatos, pacientes con enfermedades crónicas y la ciudadanía en general— están expuestos a riesgos graves por la inacción administrativa. La urgencia de comprometer recursos y garantizar el mantenimiento de equipos e infraestructura es vital para evitar que la salud pública en Piura se vea aún más debilitada.