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jueves, 5 de febrero de 2026

Crimen y violencia en el Perú: concentración territorial, nuevas modalidades y respuestas insuficientes

Exclusiva de Epicentro TV – Febrero 2026


La inseguridad ciudadana se ha consolidado como uno de los principales problemas que preocupan a los peruanos. El Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., presentó su quinto reporte con un diagnóstico claro: la violencia letal y las modalidades criminales se concentran en pocos territorios, mientras que las respuestas estatales siguen siendo insuficientes para frenar su expansión.

 

Pero este informe, que ya es contundente, fue sometido a una reinterpretación inédita por el científico de datos sullanero Bryan Zapata Silupú. Con una certificación del MIT (Boston, Mass.) y experiencia en un proyecto de colaboración global para la NASA (EEUU), Zapata aplicó su mirada analítica para detectar patrones invisibles en la primera lectura.

 

El resultado es un conjunto de hallazgos que presentamos en exclusiva en Epicentro TV y La República TV, y que ahora compartimos aquí para abrir el debate ciudadano.

 

Concentración territorial de homicidios

El informe original ya advertía que ocho regiones concentran el 84% de los homicidios registrados en 2025. Sin embargo, al desagregar los datos, Zapata muestra que la violencia se focaliza aún más en ciertas provincias.


La gráfica revela que Trujillo, Piura y Sullana están entre los territorios más críticos. Dos jurisdicciones piuranas aparecen en el top nacional, lo que confirma que el norte del país es hoy un epicentro de la violencia letal.

 

Nuevas modalidades criminales

El Observatorio señalaba el avance de la extorsión y el préstamo “gota a gota”. Zapata fue más allá: comparó la matriz delictiva entre 2024 y 2025 en la Región Norte.

 


El hallazgo es claro: mientras la extorsión disminuye, crecen con fuerza los delitos financieros informales (“gota a gota”) y los robos vinculados a celulares y bancos. Esto muestra cómo el crimen organizado se adapta y diversifica sus fuentes de ingresos, golpeando directamente a sectores vulnerables.

 

Horarios de mayor riesgo

El informe advertía que los homicidios nocturnos duplican a los diurnos. Zapata lo confirma con cifras precisas para la costa peruana.

 


El 65.9% de los homicidios ocurre de noche. Este dato obliga a repensar la seguridad ciudadana en clave de horarios: más patrullaje, más iluminación, más presencia comunitaria en las horas críticas.

 

Distritos más golpeados

Finalmente, Zapata desagregó los datos a nivel distrital.

 


El distrito de Sullana encabeza el ranking nacional con 44 víctimas, seguido por Pataz, Tumbes, Ananea y Castilla. Este hallazgo es particularmente movilizador: fuera de Lima y Callao, el norte concentra los distritos más violentos del país.

 

Exclusiva de Epicentro TV

Estos hallazgos no habían sido difundidos antes. La reinterpretación de Bryan Zapata, basada en el estudio del Observatorio, constituye una exclusiva de Epicentro TV. Nuestra misión es ofrecer noticias que sí impactan en la vida de nuestras comunidades, con datos claros y análisis que movilicen a la acción. Mira el programa completo aquí. 

  

El informe revela un patrón claro:

  • La violencia se concentra en pocos territorios.
  • Las modalidades criminales cambian y se adaptan.
  • Los horarios y distritos críticos muestran dónde debemos actuar.

Los éxitos policiales existen, pero son insuficientes frente al crecimiento del crimen organizado y la corrupción interna. La ciudadanía enfrenta un escenario donde la violencia se vuelve cotidiana, y las políticas públicas requieren pasar de medidas generales a intervenciones focalizadas y sostenidas en los territorios más golpeados.

 

En Epicentro TV seguiremos aportando evidencia y análisis para que la discusión pública se base en datos, no en percepciones. Porque solo así podremos construir respuestas que realmente protejan a nuestras comunidades.

 

  

viernes, 5 de septiembre de 2025

Catacaos: ¡por qué una comunidad campesina pide justicia contra el “legado” del Sodalicio?

Por Nelson Peñaherrera Castillo

 


 

 

El 13 de abril de 2024, la Comunidad Campesina San Juan Bautista (CCSJB) de Catacaos, recordó 466 años de su creación por Cédula Real rubricada por el virrey Toledo. Ubicada en el centro sur de la provincia de Piura, es la más antigua y extensa del Perú. Ese día, se conoció un mensaje del Papa Francisco: “Les pido que defiendan su tierra… no se las dejen quitar”, dijo en un video grabado el 10 de abril en Ciudad del Vaticano.

 

Una semana antes, se publicó que el entonces arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, había logrado que su renuncia al cargo fuera aceptada por el Papa, aunque sin detallar las razones.

 

Eguren es miembro influyente del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), una agrupación católica fundada en Lima en 1971 por Luis Fernando Figari. Durante décadas proyectó la imagen de una comunidad de vida consagrada con vocación evangelizadora, pero acumuló denuncias por abusos sexuales, psicológicos y de poder contra menores y jóvenes en Perú y Chile.

 

En enero de 2025, tras un proceso de investigación que se extendió por años, el Papa Francisco dispuso la disolución definitiva del SVC, alegando la inexistencia de un carisma fundacional genuino y el enquistamiento de un sistema sectario abusivo. El decreto de supresión se firmó el 14 de abril de ese año en Roma, marcando el cierre de la organización que había sido muy influyente en la jerarquía eclesiástica peruana.

 

Otro esquema de abuso

Los comuneros de Catacaos denuncian haber sido víctimas del despojo de sus tierras desde 2011 para implementar proyectos agrícolas o inmobiliarios ligados a personas y empresas con nexos con el SVC.

 

Aunque los responsables directos han sido pequeñas empresas privadas, documentos oficiales muestran que todas compartían el mismo domicilio legal e incluso al mismo abogado: Percy García Cavero. Este letrado también representó al arzobispo Eguren en querellas contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, tras la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, que expuso los abusos cometidos dentro del Sodalicio.

 

En el caso de Catacaos, los comuneros descubrieron que la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) había adquirido casi 10 mil hectáreas de terreno en Agua Blanca, cerca de la Panamericana Norte en Cura Mori. La ACSJB intentó presentarse como vinculada a la comunidad legítima, pero los padrones que mostraba incluían a personas no inscritas, analfabetas o fallecidas.

 

Con el tiempo, la ACSJB se transformó en la empresa San José, que vendió fracciones de esos terrenos a distintas compañías inscritas en Registros Públicos con minutos de diferencia, todas en la misma dirección y con el mismo abogado.

 

Cuando los comuneros denunciaron, la respuesta fue una serie de procesos en su contra: pasaron de denunciantes a denunciados, con acusaciones que iban desde usurpación hasta terrorismo. Según el comunero Luis Inga Sandoval, “después de que nos quejamos, a cada rato nos citaban acusándonos de varias cosas”.

 

Los conflictos escalaron a enfrentamientos violentos: viviendas destruidas, alimentos quemados, ganado asesinado y hasta agresiones armadas. En 2018 hubo dos muertos y un herido de gravedad. En 2019, una visita de periodistas a la zona terminó en balacera.

 

Las sospechas de los comuneros sobre la inacción del arzobispado se confirmaron cuando investigaciones policiales revelaron que la banda criminal La Gran Cruz del Norte, usada como fuerza de choque para apropiarse de terrenos, recibía financiamiento desde oficinas ligadas al arzobispado de Piura.

 

No tanto justicia divina, pero algo así

En ese escenario, los comuneros decidieron elevar su voz directamente al Papa Francisco, enviando cartas, documentos y videos de los ataques. La respuesta llegó en 2019. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) comenzó a asesorarlos, y en 2023 delegados vaticanos visitaron Catacaos. Poco después, se conoció que el Papa había pedido la renuncia del arzobispo Eguren, y meses más tarde la Santa Sede anunció la disolución del Sodalicio.“Yo creo que está conectado con lo del tráfico de terrenos”, comentó el comunero David Girón .

 

Los comuneros pidieron tres cosas: que el Vaticano haga efectiva la disolución del SVC también en  Perú, que Eguren rinda cuentas ante la justicia humana y que el Estado peruano garantice la devolución de sus tierras y los proteja de nuevas agresiones. Por ahora, solo han conseguido la primera de las tres.

 

El abogado Carlos Rodríguez, de la CNDDHH, advierte que el reto es doble: mantener la posesión de sus terrenos y recuperar las casi 100 mil hectáreas que empresas vinculadas al Sodalicio han inscrito como suyas en las últimas décadas.

  

sábado, 12 de julio de 2025

🔍 Tecnología ya no es cómplice: extorsiones en Piura expuestas desde el penal Río Seco

Por Nelson Peñaherrera Castillo


 

12 de julio de 2025 – Piura

 

La tecnología, durante años utilizada por bandas criminales para amedrentar a la población, empieza a volverse en su contra. Ese es el mensaje que deja una serie de intervenciones recientes en Piura, región que hoy lidera el número de denuncias por extorsión en el país.

 

El 11 de julio, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Piura, junto a agentes PNP de AREINCRI Extorsiones, allanó tres celdas del pabellón 3 del penal Río Seco como parte de una investigación por delitos cometidos desde Paita. Durante la intervención, se incautó un celular escondido en una pared, que comenzó a recibir llamadas y videollamadas en tiempo real, revelando que el aparato seguía en plena operación.

 

Ese mismo día, la Policía Nacional del Perú lanzó un video de dramatización en sus redes sociales, advirtiendo a la ciudadanía sobre una práctica cada vez más usada por organizaciones criminales: el uso de cuentas Yape de terceros para recibir pagos extorsivos.
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“NO prestes tu número sin saber para qué es. Podrías terminar involucrado en un delito”, advierte el video.

 

📍 Una captura previa y la pista digital que abrió camino

Días antes del operativo, agentes del Depincri PNP Sullana y la Divincri Chiclayo intervinieron a una mujer en Sullana por su presunta participación en un caso de extorsión a un ciudadano de Chiclayo. La ciudadana, titular de una cuenta Yape utilizada para recibir parte del dinero extorsionado, estaría vinculada a la organización criminal “Los Paisas del Norte”.

 

Su ubicación fue posible gracias a la huella digital que dejó la transacción. La tecnología que antes ocultaba a los delincuentes, ahora comienza a revelarlos.

 





📊 Piura, sin estado de emergencia, pero con más denuncias

Con más de 900 denuncias por extorsión, Piura supera incluso a regiones declaradas en emergencia como Lima o La Libertad. Pero lejos de significar un retroceso, el general PNP Manuel Farías, jefe de la región policial, afirma que esto refleja una mayor confianza ciudadana.

 

“Empezamos con un piloto, pero ya no lo es. Hoy tenemos una efectividad del 98 %. La gente está denunciando porque ve que se actúa”, afirmó a Latina.

 

Hasta el momento, se han desactivado más de 1000 líneas usadas en extorsiones, y en recientes operativos se incautaron equipos de clonación de IMEI de fabricación extranjera, usados para seguir amenazando incluso tras bloquear los números.

 

⚖️ Fiscalía: la tecnología de los delincuentes ya no les sirve

El fiscal de Crimen Organizado, Orlando Urbina, reveló que solo 50 de las 900 denuncias terminaron en extorsiones consumadas. El resto se frustraron por acción inmediata y control de las comunicaciones.

 

“Hemos atacado donde antes ellos dominaban: en su tecnología. A esas voces que causaban miedo les hemos puesto rostro y las hemos llevado ante la justicia”, afirmó Urbina.

 

🚨 Piden con urgencia bloqueo de señal en penal Río Seco

El general Farías pidió públicamente dotar al penal Río Seco de bloqueadores de celulares y mejor control tecnológico, ya que sigue siendo origen de muchas amenazas. Según denunció, “es más fácil meter artículos prohibidos al penal que subirse a un avión”.


📌 Conclusión

  • La tecnología ya no protege al crimen: ahora lo expone.
  • La ciudadanía está aprendiendo a usarla a su favor: denunciar es el primer paso.
  • El Estado tiene una tarea pendiente: cortar de raíz el uso del penal como centro de operaciones.

Cada cuenta, cada llamada, cada transacción deja una huella. Y esa huella —con decisión, justicia y tecnología— puede terminar en captura.