Verificación de datos: Caso de Presunta Colusión – Obra Canal La Variante I (Querecotillo)

A continuación, presento un informe técnico que depura la información de la nota de "Destapes Político", contrastándola con los procedimientos legales vigentes y los hallazgos de la Contraloría General de la República.

 

1. Datos del proyecto y perjuicio económico

• La obra: "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal La Variante I de Querecotillo".
• Monto auditado: S/ 11,173,734.68. Es importante precisar que este es el valor total del proyecto, no el monto del presunto robo.
• Perjuicio económico real: La Contraloría determinó un daño patrimonial exacto de S/ 74,087.02. Este monto corresponde al pago indebido por partidas de "afirmado en berma" que no cumplían con las especificaciones técnicas.

2. Situación de los implicados (roles en 2021)

La investigación fiscal incluye a ocho personas, pero sus responsabilidades varían según su rol en aquel momento:

Nombre	Rol en 2021 (Momento de los hechos)	Cargo Actual (Diciembre 2025)
Jorge Irazábal Álamo	Alcalde de Querecotillo	Gerente Subregión de Obras Luciano Castillo
Julio Wilfredo Oliva	Gte. Desarrollo Urbano / Pte. Comité Recepción	Alcalde de Bellavista
Marlem Mogollón Meca	Rep. Legal del Consorcio BMW (Supervisión)	Alcalde de Sullana
Víctor Manuel Rivera	Supervisor de Obra (Consorcio BMW)	Investigado
Sander Saavedra S.	Miembro del Comité de Recepción	Investigado

3. Hallazgos Técnicos de Contraloría (Informe 066-2021)

La auditoría detectó que la obra fue recibida y liquidada en julio de 2021 a pesar de presentar fallas graves:

• Deficiencias estructurales: Infiltraciones de agua hacia la caja hidráulica y agrietamiento de la capa de afirmado.
• Material inadecuado: El material utilizado para las bermas no coincidía con el estudio de mecánica de suelos del expediente técnico.
• Falta de mantenimiento: Presencia de abundante vegetación y "cangrejeras" al momento de la entrega.

4. Estatus legal actual (diciembre 2025)

Existe una distinción crítica entre lo que afirma la prensa y lo que sucede en el juzgado:

• ¿Hay acusación? No. La Fiscalía emitió la Disposición Nº 06-2025 dando por concluida la investigación preparatoria. Esto significa que el fiscal ha terminado de reunir pruebas y ahora tiene un plazo para decidir si acusa o pide el archivo (sobreseimiento).
• El error judicial: La Fiscalía cerró la investigación porque el Poder Judicial no respondió a tiempo un pedido de prórroga de 8 meses adicionales. El juzgado programó recién una audiencia para el 6 de enero de 2026, la cual carece de sentido pues la etapa de investigación ya fue cerrada por el fiscal.

5. Contextualización del sesgo en el relato

• Exclusión en informe de control: Es un dato clave que la Contraloría no encontró responsabilidad penal inicial contra Marlem Mogollón ni contra Jorge Irazábal; solo señaló a Julio Oliva y Víctor Rivera. Sin embargo, la Fiscalía, bajo su propia autonomía, decidió incluirlos en la investigación preparatoria al sospechar de un "concierto ilegal".
• Inflación de cifras: Al resaltar los 11 millones del costo de la obra y no los 74 mil soles del perjuicio, el relato busca generar una indignación social desproporcionada respecto al hallazgo técnico.

  

DSRS Luciano Castillo Colonna, en cierto modo, da la razón a Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) informó que la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna registra un 0 % de avance en la etapa de devengado del presupuesto destinado al mantenimiento de edificaciones y equipos de salud, pese a encontrarse a pocos días del cierre del año fiscal 2025. El informe advierte riesgos en la operatividad de los servicios de salud en establecimientos de Sullana, Talara, Paita, Ayabaca y los distritos de Las Lomas y Tambogrande.

 

Un día después, la DSR Luciano Castillo Colonna difundió una respuesta institucional. A continuación, se enumeran sus principales argumentos y se analiza si estos responden, no responden o evaden las observaciones del órgano de control.

 

1. “No está en riesgo la ejecución del presupuesto”
La DSR señala que el presupuesto observado ya fue ejecutado físicamente y que solo resta la liquidación de los trabajos.

Análisis: Esta afirmación no desmiente el hallazgo de la Contraloría. El informe señala 0 % de avance en la etapa de devengado, situación que la propia DSR confirma al indicar que los pagos aún no se han realizado. Se trata de una confirmación implícita del retraso, no de una refutación.

Conclusión: Responde parcialmente, pero confirma el hallazgo.

 

2. Ejecución del mejoramiento del Centro de Salud El Obrero (Sullana)
La DSR indica que el servicio de mejoramiento, valorizado en S/ 30 000, ya concluyó y que será pagado tras la verificación.

Análisis: La Contraloría observó la falta de compromiso del presupuesto para mantenimiento eléctrico desde abril de 2025, alertando riesgos para la cadena de frío y áreas críticas. La respuesta no aclara por qué el mantenimiento no fue atendido oportunamente, ni explica el retraso de varios meses.

Conclusión: Respuesta incompleta; no aborda el fondo del riesgo advertido.

 

3. Uso de casi S/ 3 millones del FONCOR en 69 establecimientos de salud
La DSR afirma que estos recursos se destinan al mejoramiento de ambientes y habitabilidad de 69 centros de salud y que la transferencia se realizó recién en noviembre.

Análisis: El informe de la Contraloría se refiere a mantenimiento, mientras que la DSR habla de mejoramiento, conceptos distintos en la gestión presupuestal. Además, la visita de control se realizó cuando los recursos ya habían sido transferidos, por lo que la falta de requerimientos y procesos de contratación sigue siendo una observación válida.

Conclusión: Evade parcialmente el informe al cambiar el enfoque del gasto.

 

4. Transferencia tardía del presupuesto
La DSR sostiene que los recursos llegaron entre el 14 y 24 de noviembre, días antes de la visita de la Contraloría.

Análisis: La Contraloría no cuestiona la fecha de la transferencia, sino la inacción administrativa posterior. La respuesta no explica por qué no se formularon requerimientos ni se iniciaron procesos de contratación pese a la cercanía del cierre fiscal.

Conclusión: No responde al cuestionamiento central.

 

5. Situación de los ecógrafos y equipos médicos
El informe de la CGR advierte que un ecógrafo permaneció fuera de un establecimiento por más de 21 meses y que existen siete ecógrafos inoperativos por falta de mantenimiento correctivo.

Análisis: La respuesta de la DSR no menciona este punto, pese a tratarse de uno de los hallazgos más sensibles por su impacto en la atención materna y neonatal.

Conclusión: Omisión total; no responde.

 

Balance general

La respuesta de la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna no desvirtúa los hallazgos de la Contraloría General de la República. Por el contrario, confirma el retraso en el devengado del presupuesto, cambia el enfoque de mantenimiento a mejoramiento y omite responder sobre el estado de equipos médicos esenciales.

El informe de control mantiene vigencia técnica y administrativa, mientras que la respuesta institucional se centra en anuncios de ejecución futura y liquidaciones pendientes, sin aclarar las causas del retraso ni los riesgos advertidos para la prestación de los servicios de salud.

  

Más de un millón de piuranos en riesgo por la falta de ejecución presupuestal en salud

La Contraloría General de la República ha revelado un hecho alarmante: más de 1 millón 44 mil habitantes de las provincias de Ayabaca, Paita, Sullana y Talara, además de los distritos de Las Lomas y Tambogrande (provincia de Piura), están expuestos a graves riesgos en la atención médica debido a la cero ejecución del presupuesto de mantenimiento en la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna (DSRSLCC).

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👥 Públicos específicos en riesgo

• Gestantes y madres:
• 7 ecógrafos inoperativos.
• 2 ecógrafos portátiles con mantenimiento pendiente (Montero y Santa Teresita).
• Un equipo estuvo fuera del establecimiento por más de 21 meses, afectando controles prenatales.
• Neonatos:
• Programas de salud neonatal sin ejecución presupuestal.
• Riesgo de diagnósticos tardíos y deficiencias en controles de recién nacidos.
• Pacientes con TBC y VIH/Sida:
• Presupuesto de S/ 2 millones 909 mil 540 destinado a programas especializados no ejecutado.
• Riesgo de deterioro en infraestructura y equipos para diagnóstico y tratamiento.
• Población vulnerable ante emergencias y desastres:
• Programa de S/ 31 mil 462 para mantenimiento eléctrico en el Centro de Salud El Obrero (Sullana) sin ejecutar.
• Riesgo de pérdida de cadena de frío (vacunas, medicamentos) y afectación de ambientes críticos.
• Ciudadanía en general:
• Los 69 establecimientos de salud de la Subregión dependen de este presupuesto.
• Riesgo de fallas en infraestructura y servicios básicos que afectan a toda la población usuaria.

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💰 Montos detallados

• S/ 2 millones 909 mil 540 → Programas neonatal y TBC-VIH/Sida (69 establecimientos).
• S/ 31 mil 462 → Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias (Centro de Salud El Obrero).
• S/ 47 mil 500 → Salud materno neonatal (mantenimiento de ecógrafos portátiles).

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📌 Transparencia y respuesta institucional

El informe de control concurrente N.º 006-2025-OCI/4190-SCC fue notificado al titular de la entidad y publicado en el portal de la Contraloría.

He solicitado una reacción oficial a la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna (DSRSLCC), pero hasta el momento no he recibido respuesta.

La falta de ejecución presupuestal no es un dato técnico aislado: significa que más de un millón de piuranos —gestantes, neonatos, pacientes con enfermedades crónicas y la ciudadanía en general— están expuestos a riesgos graves por la inacción administrativa. La urgencia de comprometer recursos y garantizar el mantenimiento de equipos e infraestructura es vital para evitar que la salud pública en Piura se vea aún más debilitada.

  

Contraloría detecta presunta responsabilidad penal en funcionarios del Proyecto Especial Chira-Piura por obra en la presa Poechos

La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 12 exfuncionarios y funcionarios del Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), unidad ejecutora del Gobierno Regional de Piura, por irregularidades en la obra “Inyecciones complementarias en el aliviadero de emergencia de la presa Poechos”, valorizada en S/ 24,4 millones. La intervención tenía como objetivo reducir filtraciones y reforzar la seguridad hidráulica del reservorio.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 013-2025-2-0612-AC analizó el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 2019 y el 12 de junio de 2024, y detectó seis observaciones relacionadas con el proceso de contratación, ejecución y supervisión de la obra.

Irregularidades en la contratación y supervisión

Durante el proceso de selección para la supervisión, la entidad:

• Descalificó ofertas de manera irregular, restringiendo la competencia.
• Adjudicó la buena pro a un postor con una oferta económica S/ 85 000 más alta y sin la metodología requerida.

En la ejecución, se firmó contrato con una empresa que no acreditó el plantel profesional exigido, y no se realizó la fiscalización posterior correspondiente.

Obra recibida con filtraciones activas

El informe señala que los trabajos de inyección de lechada de cemento no cumplieron las especificaciones técnicas ni las recomendaciones de los estudios geognósticos. Pese a ello, la obra fue recibida sin verificar su operatividad, y las filtraciones persisten, comprometiendo la seguridad y eficiencia del reservorio.

Estas deficiencias ocasionaron:

• Mayor gasto en supervisión y gastos generales: S/ 831 284
• Pago sin penalidades por ausencia del residente de obra y designación irregular de personal: S/ 490 150
• Aprobación de ampliaciones y adicionales sin sustento técnico: S/ 201 722.92

En total, el perjuicio económico supera S/ 1,5 millones.

Contexto: Poechos en un momento decisivo

La situación adquiere relevancia porque la presa Poechos es el principal reservorio de regulación hídrica del valle del Chira, abastece a miles de agricultores, y es pieza central en la planificación de los proyectos de afianzamiento hídrico actualmente evaluados por delegaciones técnicas de ocho países en el proceso de contratación Gobierno a Gobierno.

Además, la Junta de Usuarios del Valle del Chira ha planteado recrecer Poechos de la cota 108 a la 113, lo que permitiría almacenar 200 millones de m³ adicionales de agua. La persistencia de filtraciones afecta directamente la viabilidad física y financiera de esa propuesta.

Acciones recomendadas

La Contraloría dispuso:

• Trasladar el caso a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para iniciar acciones penales.
• Que la entidad y el Órgano Instructor determinen sanciones administrativas.

El informe completo se encuentra disponible en el portal institucional de la Contraloría, a través del Buscador de Informes de Servicio de Control.

  

Las Lomas: canal de riego Cerrito presenta fallas estructurales a solo dos años de haber sido recibido por la municipalidad

La Contraloría General de la República detectó deficiencias en la infraestructura del canal Cerrito, pese a que fue entregado y liquidado oficialmente por la Municipalidad Distrital de Las Lomas. La inversión superó los S/ 3,8 millones.

 

El canal de riego Cerrito, ubicado en el sector Chipillico Bajo del distrito de Las Lomas (provincia de Piura), fue inaugurado hace apenas dos años con la promesa de mejorar la distribución del agua para cultivos. Hoy, sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) advierte que la obra presenta fisuras, desprendimientos, grietas y un pase aéreo colapsado, pese a haber sido recibida y liquidada por la municipalidad.

 

Según el Informe de Control Concurrente N.º 046-2025-OCI/0454-SCC, que evaluó el periodo del 17 y 18 de septiembre de 2025, el deterioro incluye fallas estructurales en el pórtico de salida, que actualmente funciona de manera provisional con tuberías de PVC apoyadas sobre madera, un sistema inestable y riesgoso para el servicio de riego.

 

Durante la inspección, los auditores también identificaron fisuras en las cajas de entrada y salida, tuberías degradadas, grietas en un pase peatonal y desprendimiento de concreto en los bordes del pase vehicular, además de juntas rotas y tramos deslizados o ausentes del canal principal.

 

La obra fue contratada en agosto de 2022 por un monto de S/ 3 341 162, con un plazo de 90 días calendario. Sin embargo, recién fue recibida en diciembre de 2023 y liquidada en mayo de 2024, cuando la comuna aprobó la liquidación técnica y financiera reconociendo un saldo adicional de S/ 495 544 a favor del contratista.

 

Con estos hallazgos, la Contraloría advierte que el deterioro prematuro del canal —que debía beneficiar a decenas de agricultores de Las Lomas— pone en riesgo la continuidad del riego agrícola y la inversión pública superior a los S/ 3,8 millones.

  

¿Cómo se hace la transferencia de gestión y cómo lo acompañará Contraloría?

Todo el proceso será virtual, a través del aplicativo “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión”.

Allí, los funcionarios salientes y entrantes registrarán documentos, actas y reportes. Además, se usará firma digital para validar los archivos, y si no se cuenta con certificado digital, se podrá usar el DNI electrónico o formatos físicos.

 

¿Qué se entrega?
Los titulares salientes deben presentar:

• El acta de instalación de su equipo de transferencia.
• El informe de rendición de cuentas por cese.
• El informe de transferencia de gestión individual y sectorial.

Los titulares entrantes deben presentar:

• La conformación de su equipo.
• El acta de instalación de la comisión de transferencia.
• El acta final de recepción de la gestión.

 

¿Y qué pasa después?
Una vez terminado el proceso, la Contraloría publicará los informes en su portal web para que cualquier ciudadano pueda consultarlos.

También se informará qué entidades no cumplieron con entregar sus reportes, como parte del compromiso con la transparencia.

La Contraloría brindará capacitaciones a los funcionarios involucrados y ha habilitado un enlace virtual para asistencia técnica, disponible de lunes a viernes en horario laboral.

Este acompañamiento busca que el cambio de autoridades no signifique un retroceso en la gestión pública, sino una oportunidad para continuar con responsabilidad y claridad. 

Morropón: Falta de mantenimiento en reservorios pone en riesgo inversión millonaria de riego

La Contraloría General de la República advirtió que los reservorios de agua para riego instalados en Morropón presentan deficiencias de mantenimiento que amenazan su funcionamiento, seguridad y vida útil. Estas fallas podrían comprometer una inversión que supera los S/ 58 millones y que busca beneficiar a más de 9000 pobladores con acceso seguro al recurso hídrico.

 

Riesgos detectados

El Informe de Hito de Control n.º 074-2025-OCI/5349-SCC, que evaluó el periodo del 1 al 13 de septiembre de 2025, detalla los principales problemas:

• Crecimiento de maleza en las áreas circundantes de los reservorios ya culminados.
• Ausencia de señalética y de sistemas de rebose, lo que aumenta el riesgo de desbordes.
• En el reservorio El Hualtaco, se hallaron tramos de geomembrana sin anclaje, con cortes y roturas que comprometen la impermeabilidad del embalse.

La geomembrana cumple una función crítica: evitar filtraciones hacia el suelo y, con ello, pérdidas de agua. Su deterioro anticipado afecta directamente el objetivo del proyecto.

 

Situación contractual

La Contraloría advirtió que, pese a que la obra aún se encuentra en ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025, la supervisión viene entregando reservorios terminados a las organizaciones de agricultores para que asuman su cuidado y mantenimiento. Esto ocurre sin que el proyecto haya sido formalmente recibido, lo que incrementa el riesgo de fallas y desprotege a los beneficiarios.

 

El proyecto inició en septiembre de 2022 con un plazo de ejecución de 240 días calendario, pero ha sufrido cuatro ampliaciones y una suspensión. A la fecha, solo registra un avance físico del 78.37%.

 

Alcance regional

El plan comprende la construcción de reservorios en 27 distritos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón. En esta última se proyectaron 43 reservorios, clave para mejorar la productividad agrícola de la zona.

 

El informe de control advierte que el descuido actual no solo amenaza la sostenibilidad de las obras en Morropón, sino que podría extenderse a todo el paquete regional, debilitando una inversión que busca mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones de vida en la sierra piurana.

  

Catacaos: deterioro en la capa base pone en riesgo camino vecinal de más de S/ 14 millones

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a la Municipalidad Distrital de Catacaos sobre el deterioro de la capa base en la obra de rehabilitación del camino vecinal que une las localidades de Monte Castillo, Buenos Aires de Cumbibira, Cumbibira Norte, Cumbibira Centro, Cumbibira y Vichayal, en el Bajo Piura. El problema, causado por el tiempo transcurrido desde su colocación y el tránsito de vehículos, compromete la vida útil de la vía y la adecuada transitabilidad.

 

El Informe de Hito de Control N.° 009-2025-OCI/2408-SCC, que evaluó el periodo del 29 de agosto al 15 de septiembre de 2025, detectó el desprendimiento del agregado grueso y fino, lo que redujo el espesor de la capa estructural y generó excavaciones, huellas de neumáticos y ondulaciones. Esto impide que la posterior imprimación se adhiera correctamente, poniendo en riesgo que la vía asfaltada termine presentando baches, fisuras y deformaciones prematuras.

 

Además, los auditores constataron la separación de agregados en el material de base, lo que refleja pérdida de cohesión interna. La situación se atribuye tanto al paso de vehículos —al no colocarse tranqueras— como a la falta de mantenimiento por humedecimiento, ya que los topes instalados por el contratista impidieron el ingreso de cisternas. Cabe señalar que la obra se mantiene con plazo suspendido desde el 2 de agosto.

 

La comisión de control también detectó taludes de relleno con pendiente excesiva para el acceso del puente 2, sin la protección adecuada, además de material excedente acumulado. Estos factores comprometen la seguridad de la infraestructura y de los usuarios.

 

Una obra con retrasos y antecedentes críticos

La rehabilitación del camino vecinal fue adjudicada en diciembre de 2022 a un consorcio, pero en junio de 2024 el contrato fue resuelto. Recién a finales de ese año se firmó un nuevo contrato con otra empresa para el saldo de obra por más de S/ 14 millones y un plazo de 210 días calendario. Sin embargo, al mes de septiembre de 2025, el proyecto solo registra un avance físico del 39%.

 

La Contraloría concluyó que las deficiencias detectadas ponen en riesgo el uso del camino, la finalidad pública de la obra y la seguridad en la zona, y notificó el informe al titular de la entidad. El documento completo está disponible en el portal institucional del órgano de control.

  

Marcavelica: retrasos y desorden en la entrega del Vaso de Leche

La Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad Distrital de Marcavelica (provincia de Sullana, Piura) no garantizó el abastecimiento permanente del Programa del Vaso de Leche (PVL) durante 2024, afectando directamente la atención de más de dos mil beneficiarios.

 

Tres meses sin alimento asegurado

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 015-2025-2-0455-AOP, la comuna no cumplió con el mandato legal de entregar los productos alimenticios los siete días de la semana durante todo el año.

Los insumos recién empezaron a llegar entre abril y diciembre, lo que dejó a los comités del PVL sin abastecimiento durante los tres primeros meses de 2024.

 

Alimentos crudos en lugar de preparados

Otro hallazgo fue que la municipalidad distribuyó los productos en estado crudo, cuando la norma obliga a que se entreguen como alimentos preparados. La causa: ausencia de cocinas, utensilios y gas en los comités, lo que limitó la posibilidad de cumplir con la ley y garantizar raciones seguras.

 

Comité sin reglas claras

La Contraloría también advirtió que el Comité de Administración del PVL en Marcavelica carecía de un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por el concejo municipal. Esta falta de normativa impidió que el comité contara con reglas claras para administrar con transparencia y eficacia los recursos públicos destinados al programa.

 

Presupuesto y alcance

Durante el 2024, la municipalidad firmó contratos por S/ 235 644 para la compra de 57 756 latas de leche evaporada y por S/ 168 948 para 21 660 kilos de hojuelas y derivados, destinados a 74 comités del vaso de leche con 2077 beneficiarios registrados.

 

Un llamado de atención

El informe de control fue notificado al titular de la entidad y publicado en el portal institucional de la Contraloría. El caso de Marcavelica se suma a los cuestionamientos en Piura sobre la gestión del PVL, donde también se han detectado municipalidades con cero ejecución presupuestal en lo que va de 2025.

 

La Contraloría insiste en que este programa social debe ejecutarse de manera constante, transparente y eficiente, pues está orientado a la población más vulnerable: niños menores de seis años, madres gestantes y en periodo de lactancia, así como personas en condición de desnutrición o con enfermedades como la tuberculosis.

  

Piura pierde acceso a Internet de alta velocidad por fallo en Pronatel que costó más de US$ 10 millones

La Contraloría General de la República reveló que un error en la gestión del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) dejó en el aire dos proyectos de conectividad que debían beneficiar a cientos de comunidades rurales en Piura y Tumbes.

 

Además del perjuicio directo en la población, el Estado peruano tuvo que pagar más de US$ 10 millones en indemnización a la empresa contratista tras perder un arbitraje internacional.

 

El impacto en Piura

La paralización de los proyectos de banda ancha afecta de manera directa a 422 comunidades rurales, entre ellas numerosas localidades de la sierra y la costa piurana, que iban a ser conectadas con Internet de alta velocidad.

 

La consecuencia inmediata:

• 428 locales escolares públicos quedaron sin acceso a conectividad.
• 254 establecimientos de salud no cuentan con Internet para sus servicios y telemedicina.
• 35 comisarías no pueden fortalecer su capacidad de respuesta mediante sistemas digitales.

En conjunto, miles de piuranos que dependen de servicios básicos —educación, salud y seguridad— siguen marginados del acceso digital, clave para el desarrollo social y económico.

 

El error de Pronatel

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 023-2025-2-6403-AC, el problema se originó cuando Pronatel denegó injustificadamente una séptima ampliación de plazo a la empresa contratista.

 

El contrato, de más de US$ 98.5 millones, ya había recibido seis ampliaciones previas. Cinco de ellas estaban relacionadas con la falta de saneamiento de predios y la oposición de pobladores en los terrenos donde debían instalarse los nodos de telecomunicaciones.

 

La propia entidad había reconocido que esa situación no era imputable a la empresa.

No obstante, en la séptima solicitud, Pronatel decidió rechazar el pedido y resolvió el contrato, lo que llevó al inicio de un proceso arbitral internacional.

 

El arbitraje internacional

En 2019, la empresa demandó a Pronatel ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París. El tribunal determinó que la resolución del contrato fue irregular y, en agosto de 2022, ordenó el pago de US$ 10 028 467 por lucro cesante, es decir, las ganancias que la empresa dejó de percibir debido a la cancelación injustificada.

 

Entre octubre de 2024 y enero de 2025, el Pronatel efectuó el pago, generando un perjuicio económico directo al Estado peruano.

 

Responsabilidades en la mira

La Contraloría identificó presunta responsabilidad civil de seis funcionarios y servidores de Pronatel por el daño causado. El informe advierte que este caso no es aislado: problemas similares con la adquisición de predios y la falta de gestión social se han replicado en otros proyectos de banda ancha a nivel nacional.

 

El costo para la región

Más allá de los millones perdidos en litigios, lo que más pesa es el costo social: Piura sigue sin el servicio de Internet de alta velocidad en sus zonas rurales, lo que amplía la brecha digital y posterga el derecho a una educación moderna, a servicios de salud conectados y a una seguridad ciudadana con mejores herramientas tecnológicas. 

Sullana: Deficiencias y retrasos en obra vial de Los Olivos por más de S/ 7 millones

La Contraloría General de la República advirtió deficiencias constructivas y retrasos en la ejecución del proyecto “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vías locales de las calles de la urbanización popular Los Olivos, sector este”, en Sullana. La inversión supera los S/ 7.4 millones y está a cargo de la Gerencia Subregional de Obras Luciano Castillo Colonna, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Piura.

 

Deficiencias en la obra

Según el Informe de Visita de Control N.° 065-2025-OCI/5349-SVC, que evaluó el periodo del 28 de octubre de 2024 al 21 de agosto de 2025, los auditores constataron:

• Fisuras de hasta 1.5 mm en las losas de concreto.
• Desgaste prematuro de las superficies.
• Sardineles rotos, lo que compromete la durabilidad de la infraestructura.
• Trabajos realizados sin delimitación de seguridad en la vía pública.
• Falta de supervisión durante la ejecución.
• Contaminación del suelo natural en áreas de obra.

Estas deficiencias no solo deterioran la calidad de los trabajos, sino que también ponen en riesgo la seguridad de peatones, conductores y trabajadores.

 

Un proyecto que avanza lento

La obra fue adjudicada el 3 de octubre de 2024, con un plazo de ejecución de 150 días calendario. Se programó su inicio para el 28 de ese mes y debía culminar el 26 de marzo de 2025.

 

Sin embargo, al mes de julio de 2025, el proyecto apenas registra un avance físico de 92,11 %, quedando pendiente un 7,89 %. La culminación avanza de manera lenta y, junto a las deficiencias constructivas, retrasa la entrega de las vías en condiciones óptimas para los vecinos de Los Olivos.

 

Impacto en la ciudadanía

La demora en la culminación de este proyecto afecta directamente a los habitantes de la urbanización popular Los Olivos, quienes continúan desplazándose por calles con fallas visibles, deterioradas y condiciones inseguras de tránsito.

 

La Contraloría notificó los resultados al Gobierno Regional de Piura para que adopte medidas correctivas que permitan garantizar la culminación y entrega de esta infraestructura urbana en beneficio de la población sullanera.

UNP: Registran obra como culminada pese a trabajos inconclusos

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la Universidad Nacional de Piura (UNP) permitió que el contratista de la obra de mejoramiento del servicio académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo registrara como culminados los trabajos en el cuaderno de obra digital, pese a que todavía existen partidas pendientes por ejecutar. La inversión supera los S/ 5.6 millones.

 

Lo que detectó Contraloría

El Informe de Hito de Control N.° 010-2025-OCI/0203-SCC, que revisó el periodo del 14 al 20 de agosto de 2025, revela lo siguiente:

• El contrato original tenía como plazo de culminación el 11 de agosto de este año, tras dos ampliaciones y una suspensión breve aprobadas por la entidad.
• Ese mismo día, el residente de obra anotó en el cuaderno digital que los trabajos, incluyendo dos adicionales, estaban culminados y conforme al expediente técnico. Incluso, señaló el retiro de personal y equipos, solicitando iniciar la recepción de obra.
• Sin embargo, durante la visita de inspección, los auditores de Contraloría comprobaron que varias partidas aún no estaban concluidas. Entre ellas:
• Instalación de la estructura metálica del techo.
• Colocación de pisos de porcelanato.
• Instalación de ventanas y mamparas de aluminio con cristal templado.
• Colocación de puertas de madera.
• Pintura en muros y columnas.

 

Riesgos adicionales

La comisión de control también verificó que se permitieron trabajos en altura sin implementos de seguridad ni charlas preventivas al inicio de la jornada, exponiendo a los trabajadores a riesgos de accidentes.

 

Implicancias

• Se configura el riesgo de incumplimiento del plazo contractual, lo que podría acarrear penalidades.
• Se afecta la finalidad pública, en perjuicio de la comunidad universitaria de Arquitectura y Urbanismo que espera contar con mejores ambientes académicos.
• Se pone en duda el rol de la supervisión, que permitió registrar como culminada una obra claramente inconclusa.

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Un nuevo caso en la misma línea

Este caso de la UNP se suma a un patrón que hemos visto repetirse en Piura: obras millonarias en salud, agua, educación y transporte que enfrentan retrasos, deficiencias técnicas o gestiones deficientes, como los hospitales de Ayabaca y Los Algarrobos, la Planta de Agua Curumuy o la carretera Piura–Sechura.

 

El denominador común: proyectos que, en lugar de brindar servicios de calidad a la población, terminan atrapados en la maraña de sobrecostos, plazos incumplidos y trabajos inconclusos.

  

¿Por qué está paralizada la flamante obra vial Piura–Sechura?

                    Una inversión de más de S/ 262 millones destinada a mejorar la conectividad entre Piura Metropolitana y la provincia de Sechura corre el riesgo de convertirse en una nueva obra en pausa. La Contraloría General de la República alertó sobre serias trabas que ya afectan el avance de la carretera departamental PI 127, pese a que el contrato fue firmado recién en mayo de 2025.

 

La obra y su importancia estratégica

La PI 127 conecta a los distritos de Catacaos, La Arena y La Unión (provincia de Piura) con el distrito de Vice (provincia de Sechura). Esta vía es fundamental no solo para el tránsito local, sino también para dinamizar el comercio agrícola y pesquero, así como para potenciar el turismo hacia el litoral sechurano.

 

Por esa razón, el proyecto fue considerado prioritario y recibió una asignación de S/ 262 753 036 con un plazo de ejecución de 540 días calendario. La expectativa era alta: por fin se aseguraría una carretera moderna que articule dos polos de desarrollo en la región.

 

El diagnóstico de Contraloría

Sin embargo, el Informe de Hito de Control N.º 063-2025-OCI/5349-SCC revela que, a tres meses de la firma del contrato, la obra ya enfrenta un escenario crítico:

• Interferencias físicas sin resolver: la vía sigue ocupada por tranqueras, rejas, tuberías, tanques de agua y postes de concreto que impiden la libre disponibilidad del terreno.
• Avances mínimos: solo se han realizado trabajos de topografía, desbroce y limpieza en áreas boscosas. No hay maquinaria ni personal actualmente en la zona.
• Suspensión tácita: el propio residente informó que la ejecución está detenida hasta que se liberen las áreas del derecho de vía.
• Demoras administrativas: la entidad no absuelve consultas sobre el uso de depósitos de materiales excedentes ni define nuevas fuentes de agua para la obra.

 

Todo ello genera el riesgo de que la carretera no culmine en el plazo previsto, frustrando el objetivo de mejorar la conectividad regional.

 

Un patrón que se repite

El caso de la carretera Piura–Sechura no es aislado. En los últimos meses, la Contraloría también ha señalado deficiencias en:

• Hospitales paralizados en Ayabaca, Huarmaca, Chalaco y Los Algarrobos, todos con contratos resueltos o expedientes técnicos incompletos.
• La Planta de Agua Curumuy, donde se detectaron retrasos, materiales sin sustento técnico y riesgos laborales.
• La obra vial Costanera 2, que acumuló sobrecostos y favorecimientos a contratistas.

 

La constante es clara: falta de planificación, supervisión deficiente y gestión ineficaz desde el inicio de los proyectos. Incluso las obras recién contratadas, como la carretera PI 127, cargan con estos problemas antes de despegar.

 

¿Qué está en juego?

El retraso de la obra no solo compromete el uso de S/ 262 millones de recursos públicos, sino que posterga una infraestructura vital para:

• Agricultores y transportistas que requieren mejores rutas hacia Sechura y Piura.
• Comerciantes y exportadores que dependen de carreteras seguras y operativas.
• Ciudadanos de ambas provincias, que esperan una conexión eficiente para el trabajo, la educación y el turismo.

 

La pregunta de fondo no es solo por qué está paralizada la obra, sino cuántas veces más la región deberá ver cómo las promesas de infraestructura se convierten en elefantes blancos antes de tiempo.