jueves, 18 de septiembre de 2025

Piura pierde acceso a Internet de alta velocidad por fallo en Pronatel que costó más de US$ 10 millones


La Contraloría General de la República reveló que un error en la gestión del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) dejó en el aire dos proyectos de conectividad que debían beneficiar a cientos de comunidades rurales en Piura y Tumbes.

 

Además del perjuicio directo en la población, el Estado peruano tuvo que pagar más de US$ 10 millones en indemnización a la empresa contratista tras perder un arbitraje internacional.

 

El impacto en Piura

La paralización de los proyectos de banda ancha afecta de manera directa a 422 comunidades rurales, entre ellas numerosas localidades de la sierra y la costa piurana, que iban a ser conectadas con Internet de alta velocidad.

 

La consecuencia inmediata:

  • 428 locales escolares públicos quedaron sin acceso a conectividad.
  • 254 establecimientos de salud no cuentan con Internet para sus servicios y telemedicina.
  • 35 comisarías no pueden fortalecer su capacidad de respuesta mediante sistemas digitales.

En conjunto, miles de piuranos que dependen de servicios básicos —educación, salud y seguridad— siguen marginados del acceso digital, clave para el desarrollo social y económico.

 


El error de Pronatel

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 023-2025-2-6403-AC, el problema se originó cuando Pronatel denegó injustificadamente una séptima ampliación de plazo a la empresa contratista.

 

El contrato, de más de US$ 98.5 millones, ya había recibido seis ampliaciones previas. Cinco de ellas estaban relacionadas con la falta de saneamiento de predios y la oposición de pobladores en los terrenos donde debían instalarse los nodos de telecomunicaciones.

 

La propia entidad había reconocido que esa situación no era imputable a la empresa.

No obstante, en la séptima solicitud, Pronatel decidió rechazar el pedido y resolvió el contrato, lo que llevó al inicio de un proceso arbitral internacional.

 

El arbitraje internacional

En 2019, la empresa demandó a Pronatel ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París. El tribunal determinó que la resolución del contrato fue irregular y, en agosto de 2022, ordenó el pago de US$ 10 028 467 por lucro cesante, es decir, las ganancias que la empresa dejó de percibir debido a la cancelación injustificada.

 

Entre octubre de 2024 y enero de 2025, el Pronatel efectuó el pago, generando un perjuicio económico directo al Estado peruano.

 

Responsabilidades en la mira

La Contraloría identificó presunta responsabilidad civil de seis funcionarios y servidores de Pronatel por el daño causado. El informe advierte que este caso no es aislado: problemas similares con la adquisición de predios y la falta de gestión social se han replicado en otros proyectos de banda ancha a nivel nacional.

 

El costo para la región

Más allá de los millones perdidos en litigios, lo que más pesa es el costo social: Piura sigue sin el servicio de Internet de alta velocidad en sus zonas rurales, lo que amplía la brecha digital y posterga el derecho a una educación moderna, a servicios de salud conectados y a una seguridad ciudadana con mejores herramientas tecnológicas. 

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