Una inversión de más de S/ 262 millones destinada a mejorar la conectividad entre Piura Metropolitana y la provincia de Sechura corre el riesgo de convertirse en una nueva obra en pausa. La Contraloría General de la República alertó sobre serias trabas que ya afectan el avance de la carretera departamental PI 127, pese a que el contrato fue firmado recién en mayo de 2025.
La obra y su
importancia estratégica
La PI 127 conecta
a los distritos de Catacaos, La Arena y La Unión
(provincia de Piura) con el distrito de Vice (provincia de Sechura).
Esta vía es fundamental no solo para el tránsito local, sino también para
dinamizar el comercio agrícola y pesquero, así como para potenciar el turismo
hacia el litoral sechurano.
Por esa razón, el
proyecto fue considerado prioritario y recibió una asignación de S/ 262 753
036 con un plazo de ejecución de 540 días calendario. La expectativa era
alta: por fin se aseguraría una carretera moderna que articule dos polos
de desarrollo en la región.
El diagnóstico de
Contraloría
Sin embargo, el Informe
de Hito de Control N.º 063-2025-OCI/5349-SCC revela que, a tres meses de la
firma del contrato, la obra ya enfrenta un escenario crítico:
- Interferencias físicas sin resolver: la vía sigue ocupada por tranqueras, rejas,
tuberías, tanques de agua y postes de concreto que impiden la libre
disponibilidad del terreno.
- Avances mínimos: solo se han realizado
trabajos de topografía, desbroce y limpieza en áreas boscosas. No hay
maquinaria ni personal actualmente en la zona.
- Suspensión tácita: el propio residente informó que la ejecución
está detenida hasta que se liberen las áreas del derecho de vía.
- Demoras administrativas: la entidad no absuelve consultas sobre el
uso de depósitos de materiales excedentes ni define nuevas fuentes de agua
para la obra.
Todo ello genera el
riesgo de que la carretera no culmine en el plazo previsto, frustrando el
objetivo de mejorar la conectividad regional.
Un patrón que se
repite
El caso de la carretera
Piura–Sechura no es aislado. En los últimos meses, la Contraloría también ha
señalado deficiencias en:
- Hospitales paralizados en Ayabaca, Huarmaca, Chalaco y
Los Algarrobos, todos con contratos resueltos o expedientes técnicos
incompletos.
- La Planta de Agua Curumuy, donde se detectaron retrasos, materiales
sin sustento técnico y riesgos laborales.
- La obra vial Costanera 2, que acumuló
sobrecostos y favorecimientos a contratistas.
La constante es
clara: falta de planificación, supervisión deficiente y gestión ineficaz desde
el inicio de los proyectos. Incluso las obras recién contratadas, como la carretera
PI 127, cargan con estos problemas antes de despegar.
¿Qué está en juego?
El retraso de la obra no
solo compromete el uso de S/ 262 millones de recursos públicos, sino que
posterga una infraestructura vital para:
- Agricultores y transportistas que requieren
mejores rutas hacia Sechura y Piura.
- Comerciantes y exportadores que dependen de
carreteras seguras y operativas.
- Ciudadanos de ambas provincias, que esperan una conexión eficiente para el
trabajo, la educación y el turismo.
La pregunta de fondo no
es solo por qué está paralizada la obra, sino cuántas veces más la región
deberá ver cómo las promesas de infraestructura se convierten en elefantes
blancos antes de tiempo.
