miércoles, 24 de septiembre de 2025

Dengue en Sullana: infectados y casas renuentes fuerzan la articulación de autoridades


La batalla contra el dengue en la provincia de Sullana tiene un epicentro claro y bien definido: su propia área metropolitana. Un análisis de los datos más recientes de la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna revela una preocupante concentración de casos y un desafío social que se agrava en los mismos lugares: los distritos de Sullana, Bellavista y Marcavelica.

 

Según la Sala Situacional hasta la Semana Epidemiológica 37, nuestra subregión acumula un total de 569 casos de dengue, con los tres distritos del área metropolitana de Sullana encabezando las estadísticas:

  • Sullana: 245 casos
  • Tambogrande: 45 casos (no es parte de Sullana Metropolitana)
  • Bellavista: 40 casos

 

Pero el problema no es solo biológico, sino también social. Un cuadro oficial de la Dirección Subregional de Salud (DSRSLCC) muestra una correlación directa entre los distritos con más casos y la mayor cantidad de hogares renuentes. Un hogar renuente es aquel que, por diversas razones, niega el acceso al personal de salud para realizar la fumigación o el control larvario.

 

La renuencia es un factor que sabotea los esfuerzos de contención, creando focos de infestación que ponen en riesgo a toda la comunidad.

 

Los datos son contundentes:

  • Sullana: 1232 hogares renuentes
  • Bellavista: 1202 hogares renuentes
  • Marcavelica: 286 hogares renuentes

Esta situación no es nueva, sino que se viene arrastrando desde hace meses, dejando en evidencia la necesidad urgente de una acción coordinada y multisectorial.

 


Esta cruda realidad epidemiológica y social fue, sin duda, el motor detrás de la reunión de coordinación intersectorial sobre salud que tuvo lugar el 22 de septiembre en la Municipalidad Provincial de Sullana. El acta de compromisos de esa reunión detalla que las autoridades municipales y sanitarias se vieron forzadas a la acción, reconociendo que la lucha contra el dengue exige un esfuerzo conjunto de todas las gerencias, desde Gestión Ambiental hasta Seguridad Ciudadana.

 

La sesión, que culminó con el acuerdo de formar un comité operativo municipal, subraya una verdad innegable: no se puede combatir el dengue solo con cifras y fumigaciones. Se necesita liderazgo, coordinación y, sobre todo, la colaboración activa de la ciudadanía para abrir las puertas y permitir que las brigadas de salud hagan su trabajo. Los datos lo demuestran: la lucha contra el dengue en Sullana comienza en cada casa renuente.

  

domingo, 21 de septiembre de 2025

Una escuela en plena frontera Perú-Ecuador gana segundo lugar con proyecto de alfabetización digital


Estudiantes de la I.E. 14320 en La Tienda, distrito de Suyo (Ayabaca, Piura), crearon un proyecto para digitalizar los materiales escritos de su escuela, incluyendo ensayos e historias, y convertirlos en recursos digitales como archivos  PDF y audiolibros. La institución educativa se encuentra en la comunidad de Pampa Larga, en plena línea de frontera con ecuador, apenas separada de este país por el río Chira.

 


¿En qué consiste el proyecto?
💡

La iniciativa, titulada “Digitalizamos nuestra tipología textual”, surgió de los desafíos y oportunidades del aprendizaje virtual durante los años de pandemia 2020 y 20212. Estudiantes y maestros se dieron cuenta de la importancia de las herramientas digitales para la educación y quisieron crear una forma de compartir su propio trabajo con toda la comunidad escolar33.

 

El objetivo era fomentar el amor por la lectura haciendo que los textos creados por los estudiantes fueran accesibles a través de enlaces digitales y códigos QR4444.

 

El proyecto fue liderado por las estudiantes Alena Muriel Vivanco Calle y Emmily Fernanda Moncada Moncada 5en el área de

Soluciones Tecnológicas6.

 


¿Cómo lo hicieron?
⚙️

El proyecto siguió un proceso claro de cuatro pasos:

  1. Recopilación de Documentos: Los estudiantes recogieron, revisaron y editaron las diferentes producciones textuales de los niveles primario y secundario de la escuela7777.
  2. Conversión Digital: Analizaron qué aplicaciones usar para la digitalización8888. El equipo utilizó herramientas como

Canva para crear PDFs digitales y Dolby On para producir audiolibros a partir de los textos recopilados9.

  1. Almacenamiento de Información: El contenido digital finalizado se alojó en el Google Drive de un docente para generar los enlaces y códigos QR compartibles10.
  2. Difusión y Pruebas: Los textos digitalizados se compartieron con la comunidad a través de grupos de WhatsApp y en plataformas institucionales11. También se distribuyeron tarjetas de lectura con códigos QR a estudiantes, padres y maestros para asegurar que los recursos fueran fácilmente accesibles en varios dispositivos, incluyendo teléfonos celulares, tabletas y computadoras portátiles121212.

 

Fomentando una Comunidad Lectora 📚

Este proyecto requirió la instalación de internet en la institución 13y el uso de las laptops de los docentes y dispositivos personales de los estudiantes14. Cabe destacar que el proyecto se completó sin generar costos adicionales, ya que se utilizaron equipos existentes de la escuela y dispositivos personales15.

 

El esfuerzo de los estudiantes les valió el segundo lugar en la Feria de Ciencia y Tecnología en Las Lomas el 19 de septiembre de 2025. Este logro destaca cómo una solución tecnológica simple pero efectiva puede promover la alfabetización y crear una comunidad de lectores más fuerte, incluso en áreas remotas como la frontera entre Perú y Ecuador. 🇵🇪🇪🇨 

Marcavelica: retrasos y desorden en la entrega del Vaso de Leche


La Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad Distrital de Marcavelica (provincia de Sullana, Piura) no garantizó el abastecimiento permanente del Programa del Vaso de Leche (PVL) durante 2024, afectando directamente la atención de más de dos mil beneficiarios.

 

Tres meses sin alimento asegurado

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 015-2025-2-0455-AOP, la comuna no cumplió con el mandato legal de entregar los productos alimenticios los siete días de la semana durante todo el año.

Los insumos recién empezaron a llegar entre abril y diciembre, lo que dejó a los comités del PVL sin abastecimiento durante los tres primeros meses de 2024.

 

Alimentos crudos en lugar de preparados

Otro hallazgo fue que la municipalidad distribuyó los productos en estado crudo, cuando la norma obliga a que se entreguen como alimentos preparados. La causa: ausencia de cocinas, utensilios y gas en los comités, lo que limitó la posibilidad de cumplir con la ley y garantizar raciones seguras.

 

Comité sin reglas claras

La Contraloría también advirtió que el Comité de Administración del PVL en Marcavelica carecía de un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por el concejo municipal. Esta falta de normativa impidió que el comité contara con reglas claras para administrar con transparencia y eficacia los recursos públicos destinados al programa.

 

Presupuesto y alcance

Durante el 2024, la municipalidad firmó contratos por S/ 235 644 para la compra de 57 756 latas de leche evaporada y por S/ 168 948 para 21 660 kilos de hojuelas y derivados, destinados a 74 comités del vaso de leche con 2077 beneficiarios registrados.

 

Un llamado de atención

El informe de control fue notificado al titular de la entidad y publicado en el portal institucional de la Contraloría. El caso de Marcavelica se suma a los cuestionamientos en Piura sobre la gestión del PVL, donde también se han detectado municipalidades con cero ejecución presupuestal en lo que va de 2025.

 

La Contraloría insiste en que este programa social debe ejecutarse de manera constante, transparente y eficiente, pues está orientado a la población más vulnerable: niños menores de seis años, madres gestantes y en periodo de lactancia, así como personas en condición de desnutrición o con enfermedades como la tuberculosis.

  

Pescadores de Piura rechazan proyecto de Pazo Nunura que busca reabrir formalización de embarcaciones


El 14 de septiembre de 2025, el portal Infobae reveló que el congresista Bernardo Pazo Nunura, de Somos Perú, presentó el proyecto de ley 12373/2025-CR, con el que busca reabrir el proceso de formalización para unas ocho mil embarcaciones pesqueras artesanales que quedaron fuera del programa SIFORPA 2, cerrado el 31 de julio de 2023.

 

La propuesta pretende dar una nueva oportunidad a las embarcaciones que no acreditaron su existencia o no completaron sus trámites, pero ha sido cuestionada por generar un conflicto de interés. Investigaciones periodísticas identificaron que Pazo y su familia tienen vínculos con astilleros y empresas dedicadas a la construcción y reparación de naves, como Astilleros Navales del Pacífico e Inversiones del Mar Chicama, lo que supondría un beneficio económico directo.

 

El proyecto también enfrenta reparos legales y ambientales: abrir nuevamente un proceso ya cerrado vulneraría la seguridad jurídica y podría legitimar embarcaciones construidas de forma ilegal, incentivando la informalidad y presionando aún más la sobreexplotación del mar peruano. Tanto ministerios como gremios empresariales y organizaciones pesqueras han advertido de estos riesgos.

 


Los pescadores piuranos marcan posición

El debate no quedó en Lima. El 20 de septiembre de 2025, dirigentes de pescadores de todo el departamento de Piura se reunieron en Talara para fijar una postura común frente a la iniciativa.

 

De acuerdo con una fuente que participó en el encuentro, la posición fue de rechazo firme al proyecto de Pazo. Los representantes compararon la propuesta con un “REINFO pesquero”, aludiendo al antecedente de la minería informal, y defendieron la intangibilidad de las 5 millas marinas como espacio vital para la pesca artesanal y la conservación de los recursos.

 

Los dirigentes acordaron emitir un acta con sus conclusiones y dejaron abierta la posibilidad de nuevas coordinaciones para visibilizar su oposición.

 


Más allá de la formalización

El caso Pazo Nunura pone en evidencia una tensión de fondo: mientras el Estado busca ordenar y proteger los recursos marinos, los proyectos legislativos que reabren formalizaciones terminan enviando el mensaje de que los plazos y las normas pueden modificarse una y otra vez, validando a quienes operan al margen de la ley y dejando en desventaja a quienes cumplieron.

 

En ese contexto, la voz de los pescadores piuranos añade un elemento clave: la defensa desde el propio territorio de quienes dependen directamente del mar y que advierten los peligros de una flota sobredimensionada y la institucionalización de la impunidad.

  

sábado, 20 de septiembre de 2025

PNP inaugura base DINOES y central de monitoreo en Piura para enfrentar al crimen organizado

La






Policía Nacional del Perú inauguró este sábado 20 de septiembre una moderna base de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) en Piura, con capacidad para albergar a 100 agentes especializados en la lucha contra el crimen organizado. La nueva unidad reforzará las operaciones de patrullaje, control del orden interno y respuesta ante emergencias en zonas de alto riesgo de la región.

 

La ceremonia estuvo presidida por el comandante general de la PNP, general de Policía Víctor José Zanabria Ángulo, quien resaltó que el despliegue de esta fuerza de élite busca enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales que operan en el norte del país.

 






Durante la actividad también se puso en marcha la Central de Comunicaciones y Monitoreo (Centracom), equipada con tecnología de última generación para vigilar en tiempo real puntos críticos y coordinar el movimiento de los vehículos policiales de comisarías y unidades especializadas.

 

Asimismo, se colocó la primera piedra del futuro auditorio de la Región Policial Piura, que servirá para la capacitación continua de los efectivos y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

 

El jefe de la Región Policial Piura, general PNP Manuel Wuilmer Farías Zapata, destacó que estas iniciativas han sido posibles gracias a la articulación entre la institución y el sector empresarial local.

 

Con






la nueva base operativa y la Centracom, la PNP busca consolidar una presencia estratégica en Piura y garantizar una respuesta rápida ante hechos de violencia y criminalidad organizada.

  

jueves, 18 de septiembre de 2025

Piura pierde acceso a Internet de alta velocidad por fallo en Pronatel que costó más de US$ 10 millones


La Contraloría General de la República reveló que un error en la gestión del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) dejó en el aire dos proyectos de conectividad que debían beneficiar a cientos de comunidades rurales en Piura y Tumbes.

 

Además del perjuicio directo en la población, el Estado peruano tuvo que pagar más de US$ 10 millones en indemnización a la empresa contratista tras perder un arbitraje internacional.

 

El impacto en Piura

La paralización de los proyectos de banda ancha afecta de manera directa a 422 comunidades rurales, entre ellas numerosas localidades de la sierra y la costa piurana, que iban a ser conectadas con Internet de alta velocidad.

 

La consecuencia inmediata:

  • 428 locales escolares públicos quedaron sin acceso a conectividad.
  • 254 establecimientos de salud no cuentan con Internet para sus servicios y telemedicina.
  • 35 comisarías no pueden fortalecer su capacidad de respuesta mediante sistemas digitales.

En conjunto, miles de piuranos que dependen de servicios básicos —educación, salud y seguridad— siguen marginados del acceso digital, clave para el desarrollo social y económico.

 


El error de Pronatel

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 023-2025-2-6403-AC, el problema se originó cuando Pronatel denegó injustificadamente una séptima ampliación de plazo a la empresa contratista.

 

El contrato, de más de US$ 98.5 millones, ya había recibido seis ampliaciones previas. Cinco de ellas estaban relacionadas con la falta de saneamiento de predios y la oposición de pobladores en los terrenos donde debían instalarse los nodos de telecomunicaciones.

 

La propia entidad había reconocido que esa situación no era imputable a la empresa.

No obstante, en la séptima solicitud, Pronatel decidió rechazar el pedido y resolvió el contrato, lo que llevó al inicio de un proceso arbitral internacional.

 

El arbitraje internacional

En 2019, la empresa demandó a Pronatel ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París. El tribunal determinó que la resolución del contrato fue irregular y, en agosto de 2022, ordenó el pago de US$ 10 028 467 por lucro cesante, es decir, las ganancias que la empresa dejó de percibir debido a la cancelación injustificada.

 

Entre octubre de 2024 y enero de 2025, el Pronatel efectuó el pago, generando un perjuicio económico directo al Estado peruano.

 

Responsabilidades en la mira

La Contraloría identificó presunta responsabilidad civil de seis funcionarios y servidores de Pronatel por el daño causado. El informe advierte que este caso no es aislado: problemas similares con la adquisición de predios y la falta de gestión social se han replicado en otros proyectos de banda ancha a nivel nacional.

 

El costo para la región

Más allá de los millones perdidos en litigios, lo que más pesa es el costo social: Piura sigue sin el servicio de Internet de alta velocidad en sus zonas rurales, lo que amplía la brecha digital y posterga el derecho a una educación moderna, a servicios de salud conectados y a una seguridad ciudadana con mejores herramientas tecnológicas. 

miércoles, 17 de septiembre de 2025

Sullana: Deficiencias y retrasos en obra vial de Los Olivos por más de S/ 7 millones


La Contraloría General de la República advirtió deficiencias constructivas y retrasos en la ejecución del proyecto “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vías locales de las calles de la urbanización popular Los Olivos, sector este”, en Sullana. La inversión supera los S/ 7.4 millones y está a cargo de la Gerencia Subregional de Obras Luciano Castillo Colonna, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Piura.

 

Deficiencias en la obra

Según el Informe de Visita de Control N.° 065-2025-OCI/5349-SVC, que evaluó el periodo del 28 de octubre de 2024 al 21 de agosto de 2025, los auditores constataron:

  • Fisuras de hasta 1.5 mm en las losas de concreto.
  • Desgaste prematuro de las superficies.
  • Sardineles rotos, lo que compromete la durabilidad de la infraestructura.
  • Trabajos realizados sin delimitación de seguridad en la vía pública.
  • Falta de supervisión durante la ejecución.
  • Contaminación del suelo natural en áreas de obra.

Estas deficiencias no solo deterioran la calidad de los trabajos, sino que también ponen en riesgo la seguridad de peatones, conductores y trabajadores.

 

Un proyecto que avanza lento

La obra fue adjudicada el 3 de octubre de 2024, con un plazo de ejecución de 150 días calendario. Se programó su inicio para el 28 de ese mes y debía culminar el 26 de marzo de 2025.

 

Sin embargo, al mes de julio de 2025, el proyecto apenas registra un avance físico de 92,11 %, quedando pendiente un 7,89 %. La culminación avanza de manera lenta y, junto a las deficiencias constructivas, retrasa la entrega de las vías en condiciones óptimas para los vecinos de Los Olivos.

 

Impacto en la ciudadanía

La demora en la culminación de este proyecto afecta directamente a los habitantes de la urbanización popular Los Olivos, quienes continúan desplazándose por calles con fallas visibles, deterioradas y condiciones inseguras de tránsito.

 

La Contraloría notificó los resultados al Gobierno Regional de Piura para que adopte medidas correctivas que permitan garantizar la culminación y entrega de esta infraestructura urbana en beneficio de la población sullanera.


Jóvenes universitarios peruanos: ¿futuro con contradicciones?

Percepciones sorprendentes de una generación en crisis

 



 

Un reciente estudio del Centro de Investigación en Opinión Pública (CIOP) de la Universidad de Piura revela una visión fascinante y llena de contradicciones sobre cómo los jóvenes universitarios peruanos perciben la crisis política y social de su país1.

 

Descubre las paradojas de esta generación que, aunque considera a las instituciones estatales corruptas, no quiere que desaparezcan2. A pesar de creer que el crecimiento económico se logra con esfuerzo propio, el 83% opina que no hay igualdad de oportunidades para todos3.

 

Exploramos por qué la popularidad es vista por el 42% de los universitarios como un factor de legitimidad superior a la designación legal 4, y la desconexión entre la alta valoración de las ONG y el bajo interés en trabajar para ellas5. Además, ¿qué nos dice que el 94% de los universitarios esté dispuesto a emigrar a Europa después de graduarse si tuviera la oportunidad?6.

 

Este video te invita a reflexionar sobre la compleja mentalidad de la juventud universitaria, sus esperanzas, frustraciones y el futuro del Perú.


  

sábado, 13 de septiembre de 2025

🏞️ Tambogrande responde: voces locales ante la presentación de Roque Benavides en Piura


La publicación del afiche sobre la charla “Proyecto El Algarrobo: una oportunidad de desarrollo”, organizada por la Universidad de Piura para este jueves 18 de septiembre, ha generado una ola de reacciones entre seguidores y ciudadanos que siguen de cerca los debates sobre minería y desarrollo en el norte del país.

 

La actividad contará con la participación de Roque Benavides Ganoza, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, una de las empresas mineras más antiguas y poderosas del Perú. Benavides ha sido presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y es una figura recurrente en foros sobre minería, economía y política nacional.

 

Buenaventura, fundada en 1953, opera en diversas regiones del país y ha estado involucrada en proyectos como Yanacocha, Cerro Verde y San Gabriel. A pesar de su peso económico, la empresa ha enfrentado controversias por impactos ambientales, conflictos sociales y cuestionamientos sobre su rol en territorios sensibles.

 

En entrevistas recientes, Benavides ha afirmado que la minería informal es “seis veces más grande que el narcotráfico” y ha criticado la falta de institucionalidad en el país. Sin embargo, sus declaraciones suelen generar polarización, especialmente en zonas como Tambogrande, donde la memoria colectiva recuerda el rechazo masivo al proyecto minero Manhattan en 2002.


📣 Voces locales: entre el escepticismo, la defensa agrícola y el llamado al diálogo

Las opiniones recogidas en mi perfil de Facebook reflejan una tensión latente entre el discurso del desarrollo minero y la defensa del modelo agrícola sostenible. Aquí algunos extractos:

  • Hermelinda Castro (dirigenta de la Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande), desde Tambogrande, reafirma el rechazo histórico: “La actividad agrícola sostiene la alimentación local, regional y mundial.”
  • María Solucu llama a la autoconvocatoria: “Tambogrande se respeta. Jamás vamos a permitir el ingreso de la minería.”
  • Jaime Gallo Montero (ex alcalde del Centro Poblado Malingas) propone acción directa: “El frente de defensa tiene que convocar a una marcha pacífica.”
  • Jesby Pásara, agricultora en Cieneguillo, ofrece una mirada pragmática: “Antes de chillar, hay que escuchar las propuestas.”
  • Pilar Chumacero, desde Piura, observa una estrategia comunicacional: “La minera entra por el lado académico.”
  • Roberto Salinas defiende la minería formal, aunque lamenta la gestión pública: “Millones por canon, pero pésimas autoridades.”
    • Jorge Fernando Celi Ruíz, Gregorio Castillo Godos y Diego Velasco Chávez, desde Tambogrande, insisten en que la decisión final es del pueblo.

¿Quieres dejar tu opinión? Hazlo en los comentarios de esta entrada o participa en este enlace.

viernes, 12 de septiembre de 2025

UNP: Registran obra como culminada pese a trabajos inconclusos


La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la Universidad Nacional de Piura (UNP) permitió que el contratista de la obra de mejoramiento del servicio académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo registrara como culminados los trabajos en el cuaderno de obra digital, pese a que todavía existen partidas pendientes por ejecutar. La inversión supera los S/ 5.6 millones.

 

Lo que detectó Contraloría

El Informe de Hito de Control N.° 010-2025-OCI/0203-SCC, que revisó el periodo del 14 al 20 de agosto de 2025, revela lo siguiente:

  • El contrato original tenía como plazo de culminación el 11 de agosto de este año, tras dos ampliaciones y una suspensión breve aprobadas por la entidad.
  • Ese mismo día, el residente de obra anotó en el cuaderno digital que los trabajos, incluyendo dos adicionales, estaban culminados y conforme al expediente técnico. Incluso, señaló el retiro de personal y equipos, solicitando iniciar la recepción de obra.
  • Sin embargo, durante la visita de inspección, los auditores de Contraloría comprobaron que varias partidas aún no estaban concluidas. Entre ellas:
    • Instalación de la estructura metálica del techo.
    • Colocación de pisos de porcelanato.
    • Instalación de ventanas y mamparas de aluminio con cristal templado.
    • Colocación de puertas de madera.
    • Pintura en muros y columnas.

 

Riesgos adicionales

La comisión de control también verificó que se permitieron trabajos en altura sin implementos de seguridad ni charlas preventivas al inicio de la jornada, exponiendo a los trabajadores a riesgos de accidentes.

 

Implicancias

  • Se configura el riesgo de incumplimiento del plazo contractual, lo que podría acarrear penalidades.
  • Se afecta la finalidad pública, en perjuicio de la comunidad universitaria de Arquitectura y Urbanismo que espera contar con mejores ambientes académicos.
  • Se pone en duda el rol de la supervisión, que permitió registrar como culminada una obra claramente inconclusa.

Un nuevo caso en la misma línea

Este caso de la UNP se suma a un patrón que hemos visto repetirse en Piura: obras millonarias en salud, agua, educación y transporte que enfrentan retrasos, deficiencias técnicas o gestiones deficientes, como los hospitales de Ayabaca y Los Algarrobos, la Planta de Agua Curumuy o la carretera Piura–Sechura.

 

El denominador común: proyectos que, en lugar de brindar servicios de calidad a la población, terminan atrapados en la maraña de sobrecostos, plazos incumplidos y trabajos inconclusos.

  

viernes, 5 de septiembre de 2025

¿Por qué está paralizada la flamante obra vial Piura–Sechura?


                    Una inversión de más de S/ 262 millones destinada a mejorar la conectividad entre Piura Metropolitana y la provincia de Sechura corre el riesgo de convertirse en una nueva obra en pausa. La Contraloría General de la República alertó sobre serias trabas que ya afectan el avance de la carretera departamental PI 127, pese a que el contrato fue firmado recién en mayo de 2025.

 

La obra y su importancia estratégica

La PI 127 conecta a los distritos de Catacaos, La Arena y La Unión (provincia de Piura) con el distrito de Vice (provincia de Sechura). Esta vía es fundamental no solo para el tránsito local, sino también para dinamizar el comercio agrícola y pesquero, así como para potenciar el turismo hacia el litoral sechurano.

 

Por esa razón, el proyecto fue considerado prioritario y recibió una asignación de S/ 262 753 036 con un plazo de ejecución de 540 días calendario. La expectativa era alta: por fin se aseguraría una carretera moderna que articule dos polos de desarrollo en la región.

 

El diagnóstico de Contraloría

Sin embargo, el Informe de Hito de Control N.º 063-2025-OCI/5349-SCC revela que, a tres meses de la firma del contrato, la obra ya enfrenta un escenario crítico:

  • Interferencias físicas sin resolver: la vía sigue ocupada por tranqueras, rejas, tuberías, tanques de agua y postes de concreto que impiden la libre disponibilidad del terreno.
  • Avances mínimos: solo se han realizado trabajos de topografía, desbroce y limpieza en áreas boscosas. No hay maquinaria ni personal actualmente en la zona.
  • Suspensión tácita: el propio residente informó que la ejecución está detenida hasta que se liberen las áreas del derecho de vía.
  • Demoras administrativas: la entidad no absuelve consultas sobre el uso de depósitos de materiales excedentes ni define nuevas fuentes de agua para la obra.

 

Todo ello genera el riesgo de que la carretera no culmine en el plazo previsto, frustrando el objetivo de mejorar la conectividad regional.

 

Un patrón que se repite

El caso de la carretera Piura–Sechura no es aislado. En los últimos meses, la Contraloría también ha señalado deficiencias en:

  • Hospitales paralizados en Ayabaca, Huarmaca, Chalaco y Los Algarrobos, todos con contratos resueltos o expedientes técnicos incompletos.
  • La Planta de Agua Curumuy, donde se detectaron retrasos, materiales sin sustento técnico y riesgos laborales.
  • La obra vial Costanera 2, que acumuló sobrecostos y favorecimientos a contratistas.

 

La constante es clara: falta de planificación, supervisión deficiente y gestión ineficaz desde el inicio de los proyectos. Incluso las obras recién contratadas, como la carretera PI 127, cargan con estos problemas antes de despegar.

 

¿Qué está en juego?

El retraso de la obra no solo compromete el uso de S/ 262 millones de recursos públicos, sino que posterga una infraestructura vital para:

  • Agricultores y transportistas que requieren mejores rutas hacia Sechura y Piura.
  • Comerciantes y exportadores que dependen de carreteras seguras y operativas.
  • Ciudadanos de ambas provincias, que esperan una conexión eficiente para el trabajo, la educación y el turismo.

 

La pregunta de fondo no es solo por qué está paralizada la obra, sino cuántas veces más la región deberá ver cómo las promesas de infraestructura se convierten en elefantes blancos antes de tiempo.

  

Catacaos: ¡por qué una comunidad campesina pide justicia contra el “legado” del Sodalicio?

Por Nelson Peñaherrera Castillo

 


 

 

El 13 de abril de 2024, la Comunidad Campesina San Juan Bautista (CCSJB) de Catacaos, recordó 466 años de su creación por Cédula Real rubricada por el virrey Toledo. Ubicada en el centro sur de la provincia de Piura, es la más antigua y extensa del Perú. Ese día, se conoció un mensaje del Papa Francisco: “Les pido que defiendan su tierra… no se las dejen quitar”, dijo en un video grabado el 10 de abril en Ciudad del Vaticano.

 

Una semana antes, se publicó que el entonces arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, había logrado que su renuncia al cargo fuera aceptada por el Papa, aunque sin detallar las razones.

 

Eguren es miembro influyente del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), una agrupación católica fundada en Lima en 1971 por Luis Fernando Figari. Durante décadas proyectó la imagen de una comunidad de vida consagrada con vocación evangelizadora, pero acumuló denuncias por abusos sexuales, psicológicos y de poder contra menores y jóvenes en Perú y Chile.

 

En enero de 2025, tras un proceso de investigación que se extendió por años, el Papa Francisco dispuso la disolución definitiva del SVC, alegando la inexistencia de un carisma fundacional genuino y el enquistamiento de un sistema sectario abusivo. El decreto de supresión se firmó el 14 de abril de ese año en Roma, marcando el cierre de la organización que había sido muy influyente en la jerarquía eclesiástica peruana.

 

Otro esquema de abuso

Los comuneros de Catacaos denuncian haber sido víctimas del despojo de sus tierras desde 2011 para implementar proyectos agrícolas o inmobiliarios ligados a personas y empresas con nexos con el SVC.

 

Aunque los responsables directos han sido pequeñas empresas privadas, documentos oficiales muestran que todas compartían el mismo domicilio legal e incluso al mismo abogado: Percy García Cavero. Este letrado también representó al arzobispo Eguren en querellas contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, tras la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, que expuso los abusos cometidos dentro del Sodalicio.

 

En el caso de Catacaos, los comuneros descubrieron que la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) había adquirido casi 10 mil hectáreas de terreno en Agua Blanca, cerca de la Panamericana Norte en Cura Mori. La ACSJB intentó presentarse como vinculada a la comunidad legítima, pero los padrones que mostraba incluían a personas no inscritas, analfabetas o fallecidas.

 

Con el tiempo, la ACSJB se transformó en la empresa San José, que vendió fracciones de esos terrenos a distintas compañías inscritas en Registros Públicos con minutos de diferencia, todas en la misma dirección y con el mismo abogado.

 

Cuando los comuneros denunciaron, la respuesta fue una serie de procesos en su contra: pasaron de denunciantes a denunciados, con acusaciones que iban desde usurpación hasta terrorismo. Según el comunero Luis Inga Sandoval, “después de que nos quejamos, a cada rato nos citaban acusándonos de varias cosas”.

 

Los conflictos escalaron a enfrentamientos violentos: viviendas destruidas, alimentos quemados, ganado asesinado y hasta agresiones armadas. En 2018 hubo dos muertos y un herido de gravedad. En 2019, una visita de periodistas a la zona terminó en balacera.

 

Las sospechas de los comuneros sobre la inacción del arzobispado se confirmaron cuando investigaciones policiales revelaron que la banda criminal La Gran Cruz del Norte, usada como fuerza de choque para apropiarse de terrenos, recibía financiamiento desde oficinas ligadas al arzobispado de Piura.

 

No tanto justicia divina, pero algo así

En ese escenario, los comuneros decidieron elevar su voz directamente al Papa Francisco, enviando cartas, documentos y videos de los ataques. La respuesta llegó en 2019. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) comenzó a asesorarlos, y en 2023 delegados vaticanos visitaron Catacaos. Poco después, se conoció que el Papa había pedido la renuncia del arzobispo Eguren, y meses más tarde la Santa Sede anunció la disolución del Sodalicio.“Yo creo que está conectado con lo del tráfico de terrenos”, comentó el comunero David Girón .

 

Los comuneros pidieron tres cosas: que el Vaticano haga efectiva la disolución del SVC también en  Perú, que Eguren rinda cuentas ante la justicia humana y que el Estado peruano garantice la devolución de sus tierras y los proteja de nuevas agresiones. Por ahora, solo han conseguido la primera de las tres.

 

El abogado Carlos Rodríguez, de la CNDDHH, advierte que el reto es doble: mantener la posesión de sus terrenos y recuperar las casi 100 mil hectáreas que empresas vinculadas al Sodalicio han inscrito como suyas en las últimas décadas.

  

jueves, 4 de septiembre de 2025

Contraloría: Avances en transparencia y obras públicas reactivadas con S/ 5100 millones


La Contraloría General de la República, a través de la presentación de su titular César Aguilar Surichaqui, ha hecho públicos los resultados de la Auditoría a la Cuenta General de la República 2024. Este informe, presentado ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, destaca un nivel de cobertura casi total en la rendición de cuentas, alcanzando el 99.5% de las entidades públicas.

 

Entre los resultados más relevantes, la Contraloría informa sobre la reactivación de 382 obras públicas paralizadas, con un valor total de aproximadamente S/ 5100 millones. De este grupo, 221 proyectos fueron reactivados gracias a la intervención directa de la entidad fiscalizadora. Según Aguilar, la culminación de estas obras beneficiaría a 3.8 millones de personas a nivel nacional.

 

Obras paralizadas: Un problema persistente a nivel nacional

El informe de la Contraloría subraya que, al 31 de diciembre de 2024, se han identificado 2476 obras públicas paralizadas en todo el país, con un valor acumulado de S/ 43 118 millones. Aunque el comunicado no detalla la situación por regiones, este dato invita a un análisis sobre el estado de las inversiones públicas en Piura.

 

La existencia de proyectos inconclusos a nivel nacional plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y las responsabilidades en el sector público. La falta de un registro integral de concesiones estatales, también señalada en el informe, limita la evaluación de riesgos financieros y la gestión de pasivos futuros.

 

Recomendaciones para fortalecer la gestión pública

César Aguilar planteó una serie de recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Presidencia del Consejo de Ministros. Entre ellas, se menciona la necesidad de fortalecer las reglas fiscales, asegurar el seguimiento de la inversión pública en gobiernos subnacionales y mejorar los mecanismos de control interno en las entidades estatales.

 

Estas recomendaciones, si bien de carácter nacional, tienen implicancias directas para la gestión de los recursos públicos en regiones como Piura. La transparencia y la efectividad en el uso del presupuesto estatal son factores clave para el desarrollo regional.

  

martes, 2 de septiembre de 2025

🌧️ Sullana Metropolitana: inician trabajos del drenaje pluvial integral 🚧


La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) inició las obras del Proyecto de Drenaje Pluvial Integral Sullana–Bellavista con la intervención del dren Boquerón de Núñez, en el distrito de Bellavista.

 

Este dren abierto, que por años fue fuente de aniegos, colapsos de infraestructura básica y focos infecciosos en temporadas de lluvias, ahora será transformado en una infraestructura moderna y segura, dice ANIN.

 

👉 La obra contempla 2.5 km de drenaje, dos estanques verdes de laminación y una vía de mantenimiento que unirá la antigua carretera Sullana-La Tina con la avenida Circunvalación, incorporando cruces peatonales y vehiculares.

 

👥 El proyecto beneficiará directamente a más de 6400 habitantes, 1500 viviendas y 37 hectáreas agrícolas, además de proteger a seis sectores poblacionales y al área rural aledaña al Boquerón.

 

El diseño definitivo fue socializado en 21 reuniones técnicas, 29 encuentros con la población y recorridos de campo, en coordinación con instituciones como el Colegio de Ingenieros, la Gerencia Subregional de Obras Luciano Castillo Colonna, las municipalidades de Sullana y Bellavista, el Proyecto Especial Chira Piura, la Autoridad Local del Agua y las organizaciones de usuarios de riego.

 

📅 La ejecución del primer sector, a cargo de la contratista Benito Roggio e Hijos S.A., tiene un plazo de 13 meses.

 

Con esta intervención, ANIN busca reducir de manera estructural el riesgo de inundaciones en la margen izquierda del río Chira y sentar las bases para una planificación urbana resiliente frente al cambio climático.