El 14 de septiembre de 2025, el portal Infobae reveló que el congresista Bernardo Pazo Nunura, de Somos Perú, presentó el proyecto de ley 12373/2025-CR, con el que busca reabrir el proceso de formalización para unas ocho mil embarcaciones pesqueras artesanales que quedaron fuera del programa SIFORPA 2, cerrado el 31 de julio de 2023.
La propuesta pretende dar
una nueva oportunidad a las embarcaciones que no acreditaron su existencia o no
completaron sus trámites, pero ha sido cuestionada por generar un conflicto
de interés. Investigaciones periodísticas identificaron que Pazo y su
familia tienen vínculos con astilleros y empresas dedicadas a la
construcción y reparación de naves, como Astilleros Navales del Pacífico
e Inversiones del Mar Chicama, lo que supondría un beneficio económico
directo.
El proyecto también
enfrenta reparos legales y ambientales: abrir nuevamente un proceso ya
cerrado vulneraría la seguridad jurídica y podría legitimar embarcaciones
construidas de forma ilegal, incentivando la informalidad y presionando
aún más la sobreexplotación del mar peruano. Tanto ministerios como
gremios empresariales y organizaciones pesqueras han advertido de estos
riesgos.
Los pescadores piuranos marcan posición
El debate no quedó en
Lima. El 20 de septiembre de 2025, dirigentes de pescadores de todo el
departamento de Piura se reunieron en Talara para fijar una postura común
frente a la iniciativa.
De acuerdo con una fuente
que participó en el encuentro, la posición fue de rechazo firme al proyecto
de Pazo. Los representantes compararon la propuesta con un “REINFO
pesquero”, aludiendo al antecedente de la minería informal, y defendieron la
intangibilidad de las 5 millas marinas como espacio vital para la pesca
artesanal y la conservación de los recursos.
Los dirigentes acordaron
emitir un acta con sus conclusiones y dejaron abierta la posibilidad de nuevas
coordinaciones para visibilizar su oposición.
Más allá de la formalización
El caso Pazo Nunura
pone en evidencia una tensión de fondo: mientras el Estado busca ordenar y
proteger los recursos marinos, los proyectos legislativos que reabren
formalizaciones terminan enviando el mensaje de que los plazos y las normas
pueden modificarse una y otra vez, validando a quienes operan al margen de la
ley y dejando en desventaja a quienes cumplieron.
En ese contexto, la voz
de los pescadores piuranos añade un elemento clave: la defensa desde el
propio territorio de quienes dependen directamente del mar y que advierten los
peligros de una flota sobredimensionada y la institucionalización de la
impunidad.
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