Por Nelson Peñaherrera
Castillo
El 13 de abril de 2024,
la Comunidad Campesina San Juan Bautista (CCSJB) de Catacaos,
recordó 466 años de su creación por Cédula Real rubricada por el virrey Toledo.
Ubicada en el centro sur de la provincia de Piura, es la más antigua y
extensa del Perú. Ese día, se conoció un mensaje del Papa Francisco:
“Les pido que defiendan su tierra… no se las dejen quitar”, dijo en un video
grabado el 10 de abril en Ciudad del Vaticano.
Una semana antes, se
publicó que el entonces arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren
Anselmi, había logrado que su renuncia al cargo fuera aceptada por el Papa,
aunque sin detallar las razones.
Eguren es miembro
influyente del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), una agrupación
católica fundada en Lima en 1971 por Luis Fernando Figari. Durante
décadas proyectó la imagen de una comunidad de vida consagrada con vocación
evangelizadora, pero acumuló denuncias por abusos sexuales, psicológicos y
de poder contra menores y jóvenes en Perú y Chile.
En enero de 2025, tras un
proceso de investigación que se extendió por años, el Papa Francisco dispuso la
disolución definitiva del SVC, alegando la inexistencia de un carisma
fundacional genuino y el enquistamiento de un sistema sectario abusivo. El
decreto de supresión se firmó el 14 de abril de ese año en Roma, marcando el
cierre de la organización que había sido muy influyente en la jerarquía
eclesiástica peruana.
Otro esquema de abuso
Los comuneros de Catacaos
denuncian haber sido víctimas del despojo de sus tierras desde 2011 para
implementar proyectos agrícolas o inmobiliarios ligados a personas y empresas
con nexos con el SVC.
Aunque los responsables
directos han sido pequeñas empresas privadas, documentos oficiales muestran que
todas compartían el mismo domicilio legal e incluso al mismo abogado: Percy
García Cavero. Este letrado también representó al arzobispo Eguren en
querellas contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, tras la
publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, que expuso los
abusos cometidos dentro del Sodalicio.
En el caso de Catacaos,
los comuneros descubrieron que la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB)
había adquirido casi 10 mil hectáreas de terreno en Agua Blanca, cerca
de la Panamericana Norte en Cura Mori. La ACSJB intentó presentarse como
vinculada a la comunidad legítima, pero los padrones que mostraba incluían a
personas no inscritas, analfabetas o fallecidas.
Con el tiempo, la ACSJB
se transformó en la empresa San José, que vendió fracciones de esos
terrenos a distintas compañías inscritas en Registros Públicos con minutos de
diferencia, todas en la misma dirección y con el mismo abogado.
Cuando los comuneros
denunciaron, la respuesta fue una serie de procesos en su contra: pasaron de
denunciantes a denunciados, con acusaciones que iban desde usurpación hasta
terrorismo. Según el comunero Luis Inga Sandoval, “después de que nos
quejamos, a cada rato nos citaban acusándonos de varias cosas”.
Los conflictos escalaron
a enfrentamientos violentos: viviendas destruidas, alimentos quemados, ganado
asesinado y hasta agresiones armadas. En 2018 hubo dos muertos y un herido de
gravedad. En 2019, una visita de periodistas a la zona terminó en balacera.
Las sospechas de los
comuneros sobre la inacción del arzobispado se confirmaron cuando
investigaciones policiales revelaron que la banda criminal La Gran Cruz del
Norte, usada como fuerza de choque para apropiarse de terrenos, recibía
financiamiento desde oficinas ligadas al arzobispado de Piura.
No tanto justicia
divina, pero algo así
En ese escenario, los
comuneros decidieron elevar su voz directamente al Papa Francisco,
enviando cartas, documentos y videos de los ataques. La respuesta llegó en 2019.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) comenzó a
asesorarlos, y en 2023 delegados vaticanos visitaron Catacaos. Poco
después, se conoció que el Papa había pedido la renuncia del arzobispo
Eguren, y meses más tarde la Santa Sede anunció la disolución del Sodalicio.“Yo
creo que está conectado con lo del tráfico de terrenos”, comentó el comunero
David Girón .
Los comuneros pidieron
tres cosas: que el Vaticano haga efectiva la disolución del SVC también en Perú, que Eguren rinda cuentas ante la
justicia humana y que el Estado peruano garantice la devolución de sus tierras
y los proteja de nuevas agresiones. Por ahora, solo han conseguido la primera
de las tres.
El abogado Carlos
Rodríguez, de la CNDDHH, advierte que el reto es doble: mantener la
posesión de sus terrenos y recuperar las casi 100 mil hectáreas que
empresas vinculadas al Sodalicio han inscrito como suyas en las últimas
décadas.
