Hospital de Sullana aplicó metamizol intravenoso a pacientes con dengue, pese a que norma lo prohíbe

Informe del SIS revela múltiples casos en 2024; especialista en salud pública advierte riesgos de mala praxis

 

El Hospital de Apoyo II de Sullana administró metamizol por vía intravenosa a pacientes diagnosticados con dengue a lo largo de 2024, a pesar de que la norma técnica nacional del Ministerio de Salud prohíbe expresamente su uso en estos casos. Así lo revela un oficio remitido por la jefatura del Seguro Integral de Salud (SIS) al propio hospital y la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna.

 

El documento, fechado en mayo de este año, forma parte de una supervisión técnica realizada por el SIS como parte de su estrategia de auditoría para casos de dengue. La alerta principal del informe es terminante: el uso de metamizol IV en pacientes con dengue constituye un riesgo para el adecuado manejo clínico y puede tener consecuencias graves.

 

¿Qué es el metamizol y por qué no se debe usar en pacientes con dengue?

El metamizol (también conocido como dipirona) es un medicamento analgésico y antipirético que, aunque útil en muchos cuadros clínicos, está contraindicado en pacientes con dengue debido a varios factores.

 

Ante una consulta de @nelsonsullana, el médico piurano Julio César Barrena Dioses, magíster en salud pública, explicó que “el metamizol intravenoso puede enmascarar los signos de alarma que permiten identificar la progresión de la enfermedad. Además, puede inducir hipotensión arterial, lo cual es especialmente peligroso en pacientes con dengue”. Barrena enfatizó que “su uso no es recomendable en ningún estadio del dengue”.

 

La Norma Técnica de Atención de Dengue del Ministerio de Salud (RM N.° 186-2023/MINSA) establece claramente que el paracetamol es el único antipirético autorizado para estos casos. El documento oficial del SIS destaca que “la administración de metamizol intravenoso en pacientes con dengue no se encuentra enmarcada dentro de lo dispuesto por la normativa sanitaria vigente”.

 

¿Cuántos casos hubo en Sullana?

Según los registros adjuntos al informe del SIS, fueron al menos 37 las atenciones médicas registradas durante 2024 en las que se administró metamizol intravenoso a pacientes con diagnóstico confirmado de dengue en el Hospital de Apoyo II de Sullana.

 

De estos casos:

• La mayoría corresponde a pacientes entre los 19 y 59 años de edad.
• El grupo de edad más afectado fue el de 30 a 39 años.
• En su mayoría fueron atenciones ambulatorias, aunque también se reportan casos hospitalizados.
• Se atendieron tanto a hombres como a mujeres, en proporciones similares.
• Todos los casos figuran con código CIE-10 A90 (dengue sin signos de alarma), aunque eso no excluye el riesgo de agravamiento si el manejo clínico es inadecuado.

Nº	FECHA	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	EDAD	SEXO	CIE10	DROGA	VIA	DOSIS
1	11/02/24	PIURA	SULLANA	BELLAVISTA	CENTRO DE SALUD BELLAVISTA	58	F	A975	METAMIZOL	IV	1
2	16/02/24	PIURA	SULLANA	LANCONES	CENTRO DE SALUD LANCONES	38	F	A970	METAMIZOL	IV	1
3	28/03/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	39	F	A970	METAMIZOL	IV	1
4	01/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	31	F	A970	METAMIZOL	IV	1
5	06/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	56	M	A970	METAMIZOL	IV	1
6	08/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	45	F	A970	METAMIZOL	IV	1
7	09/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	64	M	A970	METAMIZOL	IV	1
8	10/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	30	F	A970	METAMIZOL	IV	1
9	11/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	18	F	A970	METAMIZOL	IV	1
10	11/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	38	F	A970	METAMIZOL	IV	1
11	11/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	37	F	A970	METAMIZOL	IV	1
12	11/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	35	F	A970	METAMIZOL	IV	1
13	11/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	26	M	A970	METAMIZOL	IV	1
14	11/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	29	M	A970	METAMIZOL	IV	1
15	11/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	38	M	A970	METAMIZOL	IV	1
16	11/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	28	F	A970	METAMIZOL	IV	1
17	11/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	26	M	A970	METAMIZOL	IV	1
18	11/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	29	F	A970	METAMIZOL	IV	1
19	12/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	21	F	A970	METAMIZOL	IV	1
20	12/04/24	PIURA	SULLANA	SULLANA	HOSPITAL DE APOYO II - 2 SULLANA	29	F	A970	METAMIZOL	IV	1

¿Qué dice el hospital?

Este medio solicitó una reacción institucional del Hospital de Apoyo II de Sullana el 18 de julio de 2025, al cierre de la tarde. Hasta el momento de esta publicación, la única respuesta fue un mensaje de lectura de la consulta sin mayores comentarios:

“Hola, Nelson. Veo tu consulta.” (mensaje recibido a las 19:46 del 18 de julio)

Hasta donde conocemos, el hospital ya habría respondido formalmente al oficio del SIS, pero el documento aún no ha sido hecho público.

 

¿Por qué esto te debe importar?

El uso de medicamentos no autorizados en pacientes con dengue no es un simple error administrativo. Se trata de decisiones clínicas que pueden alterar el curso de la enfermedad y dificultar su diagnóstico oportuno, especialmente cuando se trata de formas graves o hemorrágicas del dengue.

 

En una región como Piura, donde el dengue ha causado estragos en los últimos años, el cumplimiento estricto de los protocolos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

 

Además, el SIS forma parte del sistema de financiamiento de estas atenciones, por lo que también está obligado a vigilar que los servicios se brinden según normativa, con pertinencia técnica y sin generar gastos innecesarios o riesgos a la salud de los pacientes.

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Este medio mantiene abierta la solicitud de comentarios al hospital. Cualquier respuesta oficial será incorporada en una próxima actualización.

  

Carpitas: cierran trochas ilegales usadas para migración irregular y contrabando

En un operativo conjunto liderado por la Policía Nacional, Migraciones y la Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal, se clausuraron varias vías clandestinas en el centro poblado de Carpitas. Estas trochas permitían el ingreso irregular de migrantes y mercancías, eludiendo los controles oficiales.

 

El jueves 17 de julio de 2025, entre las 9:00 a. m. y el mediodía, se llevó a cabo un operativo de alto impacto en Carpitas, jurisdicción del distrito de Canoas de Punta Sal, al sur de la región Tumbes.

 

La intervención estuvo a cargo del teniente PNP Francisco Alexander Fernández Julca, jefe de la Unidad de Seguridad del Estado – Tumbes, quien actuó junto a tres suboficiales de dicha unidad, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones y personal técnico de la municipalidad local.

 

El parte policial oficial señala que durante la intervención se identificaron y cerraron de manera definitiva varias trochas informales utilizadas para el ingreso ilegal de personas extranjeras y el paso de contrabando. Estas vías cruzaban terrenos del centro poblado de Carpitas, ubicadas estratégicamente para eludir el puesto de control oficial del mismo nombre.

 

Como medida disuasiva, se utilizó maquinaria pesada proporcionada por la Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal para realizar zanjas y montículos de tierra, impidiendo físicamente la reutilización de las trochas. La operación concluyó sin incidentes reportados.

 

Un punto ciego entre la frontera y los balnearios

Carpitas se encuentra 113 kilómetros al sur del complejo fronterizo de Aguas Verdes. Su ubicación es clave: está entre Cancas (101 km al sur de la frontera) y Máncora (128 km), justo después del puesto de control aduanero de Cancas y más cerca del turístico balneario de Máncora.

 

Esta posición intermedia convierte a Carpitas en un paso atractivo para quienes buscan evadir controles migratorios o aduaneros sin alejarse demasiado de la Panamericana Norte.

 

La zona no es urbana ni densamente habitada. La presencia de tramos no asfaltados, acceso restringido y escasa vigilancia en horas nocturnas genera condiciones propicias para el tránsito informal.

 

Aunque el distrito de Canoas de Punta Sal es conocido por sus playas y turismo, el crecimiento de rutas irregulares, sobre todo tras el cierre de pasos no oficiales en Aguas Verdes, ha trasladado parte del flujo migratorio hacia puntos más alejados de la frontera formal.

 

Lo que dice (y lo que no dice) el parte policial

El documento no precisa cuántas trochas fueron clausuradas ni si hubo algún tipo de hallazgo adicional. Tampoco reporta detenciones o identificación de personas vinculadas con redes de tráfico de migrantes o contrabando. Sin embargo, el tenor del informe revela una preocupación oficial por el uso sistemático de esta zona como punto de paso.

 

La mención de “personas inescrupulosas” en el parte policial sugiere que, pese al operativo, sigue siendo necesaria una vigilancia constante para evitar que estas vías sean reabiertas o que se abran otras nuevas.

 

Un distrito con múltiples retos

Canoas de Punta Sal es el distrito más extenso de la provincia de Contralmirante Villar, en Tumbes, y su territorio abarca zonas de alta sensibilidad en temas de migración, seguridad y comercio informal. Su litoral y las condiciones geográficas del desierto costero han convertido al distrito en una zona de tránsito y de oportunidades, pero también de vulnerabilidades ante delitos transnacionales.

 

La clausura de trochas en Carpitas no solo es una medida puntual, sino también un reflejo de las tensiones que enfrenta la región frente al incremento de flujos migratorios irregulares y redes de contrabando que se adaptan a los cambios en la vigilancia fronteriza.

  

Contraloría verifica hospital inconcluso y escuela cerrada en Piura

Dos recientes intervenciones de la Contraloría General de la República pusieron nuevamente en evidencia el desfase entre la infraestructura pública entregada y su verdadero funcionamiento al servicio de la población. Esta vez, los técnicos del órgano de control llegaron a dos puntos críticos: el hospital del barrio Los Algarrobos, en el distrito de Piura, y la institución educativa Nº 15047, en Sechura.

 

Hospital sin agua ni atención

En el barrio piurano de Los Algarrobos, la Contraloría verificó que el hospital que fue terminado hace más de dos años continúa sin brindar atención al público. El recinto fue construido como parte del paquete de intervenciones del Gobierno Regional de Piura durante la emergencia sanitaria por COVID-19, y su ejecución fue ampliamente difundida como una solución a la demanda hospitalaria.

 

Sin embargo, hasta la fecha no cuenta con conexión de agua potable, no tiene personal asignado y el equipamiento permanece en cajas. Este hospital ha sido motivo de cuestionamientos previos por su prolongado cierre, pese a estar terminado, situación que ha generado malestar en los vecinos del sector y ha sido abordada en informes anteriores.

 

Mira las obras inconclusas del hospital de Ayabaca.

 

Escuela construida pero sin uso

En la provincia de Sechura, la visita se dirigió a la institución educativa Nº 15047 del barrio San Martín, donde la situación es similar. Si bien se ejecutó la construcción de nuevos pabellones, estos no han sido habilitados para el uso escolar, mientras los estudiantes siguen asistiendo a clases en ambientes antiguos, con techos deteriorados y mobiliario deficiente.

 

Este caso forma parte de una serie de situaciones reportadas en diferentes zonas de Piura, donde los planteles renovados no entran en operación por falta de mobiliario, autorizaciones administrativas o recepción de obra. Se trata de una problemática frecuente que afecta directamente el derecho a la educación en condiciones adecuadas.

 

Obras públicas sin impacto

Ambas supervisiones reflejan un patrón repetido: obras culminadas que no cumplen su función social. Mientras tanto, comunidades enteras —como Los Algarrobos en Piura o San Martín en Sechura— permanecen a la espera de servicios básicos que ya deberían estar disponibles.

 

La Contraloría ha advertido el riesgo de deterioro prematuro de estas inversiones y la urgencia de adoptar medidas para poner en uso lo ejecutado. El control posterior, aunque importante, no basta si las autoridades responsables no toman decisiones concretas para revertir la inacción.

 

Contraloría confirma lo que ya denunció el Colectivo Ayawaka: hospital de Ayabaca sigue abandonado y el centro actual apenas cumple el 30% de lo mínimo

Mientras el hospital nuevo se oxida, el actual no tiene agua potable, camas dignas ni equipos operativos.

 

Lo que desde hace meses viene denunciando el Colectivo Ayawaka ahora ha sido ratificado por la Contraloría General de la República: el nuevo hospital de Ayabaca, cuya construcción debió beneficiar a más de 120 mil personas, sigue paralizado y deteriorándose sin que exista una fecha clara de reanudación. Mientras tanto, el establecimiento actual opera en condiciones precarias que comprometen gravemente la salud de pacientes y personal.

 

El vicecontralor Marco Argandoña Dueñas, durante una visita de campo a la región, inspeccionó personalmente el estado de la obra abandonada. En sus propias palabras, se trata de una estructura inconclusa, con materiales corroídos, paredes con moho, zonas anegadas por filtraciones de lluvia y una grúa oxidada que aún permanece en el sitio, representando un riesgo para la población.

 

De los reclamos ciudadanos a la fiscalización estatal

La intervención de la Contraloría no es casual: el Colectivo Ayawaka ya había expresado públicamente su preocupación y gestionado el contacto con esta entidad para denunciar el abandono del hospital, los sobrecostos acumulados y la falta de respuestas claras por parte del Gobierno Regional de Piura.

 

La presión social surtió efecto. Hoy, la Contraloría ha puesto bajo lupa no solo esta obra, sino también los servicios de salud actuales. Y lo que encontró en el llamado establecimiento de contingencia confirma lo peor: el lugar apenas cumple el 31.8 % de los requisitos mínimos para la atención obstétrica y neonatal, según el informe de Visita de Control N° 6261-2025-CG/SALUD-SVC.

 

Relee la historia de cómo se evitó una muerte materna en Ayabaca.

 

El espacio, montado sobre una plataforma deportiva municipal, no tiene agua potable, los equipos están inoperativos y el mobiliario presenta óxido, lo que supone un riesgo directo de infección. Tampoco hay reactivos para análisis de sangre ni personal suficiente para atender la demanda.

 

Una inversión que sube, una atención que no llega

Inicialmente, el Gobierno Regional de Piura presupuestó S/ 89.9 millones para construir el hospital. Hoy el monto ya supera los S/ 139 millones, sin que los ayabaquinos vean avances concretos. Desde 2021, tras la resolución del contrato con el consorcio ejecutor, el proyecto se encuentra detenido.

 

Actualmente se elabora el expediente técnico de saldo de obra bajo supervisión de la Contraloría, pero sin fecha definida para la reanudación.

 

Una historia que se repite

El caso de Ayabaca no es aislado. Durante la misma visita, el vicecontralor también inspeccionó el hospital de Los Algarrobos, en la provincia de Piura, igualmente paralizado desde hace más de tres años. Y como se documentó en días recientes, el hospital de Huarmaca vive una situación casi idéntica: obra detenida, contrato resuelto, deficiencias técnicas y pacientes atendidos en condiciones improvisadas.

 

¿Qué sigue?

La Contraloría ha prometido seguir impulsando la reactivación de estos proyectos con su nueva estrategia de control preventivo. Sin embargo, como ha quedado claro, la voz ciudadana fue la primera en sonar la alarma. Ayabaca no solo espera justicia, espera salud.

  

📝 ¿Un modelo que aún no existe? MIDIS convoca ideas para programa de alimentación escolar ya anunciado como exitoso

Por Nelson Peñaherrera Castillo

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El 15 de julio, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lanzó una convocatoria ciudadana para recoger propuestas que ayuden a diseñar el nuevo Programa de Alimentación Escolar. A través de un formulario digital en su página web, la ciudadanía —incluyendo padres, madres, docentes, estudiantes y especialistas— puede enviar ideas para construir “desde abajo” un modelo alimentario escolar más eficiente y adaptado al territorio.

 

“Estamos en un proceso de reestructuración del Programa de Alimentación Escolar”, afirmó la ministra Leslie Urteaga.

 

La convocatoria ocurre, sin embargo, cuando el mismo Midis ya venía anunciando públicamente que ese programa —con piloto en Piura, Cusco y Ayacucho— no solo estaba en ejecución, sino que venía obteniendo “resultados positivos”. El anuncio de una “construcción colectiva” parecería entonces llegar después de construido.

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🕰 ¿Consulta ciudadana… o maquillaje posterior?

Las primeras afirmaciones sobre el “nuevo modelo” datan de junio, y fueron reforzadas en boletines oficiales del 7 de julio, donde se reportaban avances en más de 8600 estudiantes atendidos en 35 colegios. Se afirmaba que el modelo ya había logrado:

• Mejorar la satisfacción alimentaria de los escolares.
• Dinamizar la economía local.
• Y, especialmente, reducir los niveles de anemia.

 

Pero no se publicaron estudios, ni cifras, ni informes técnicos. En consulta con fuentes del Midis, se confirmó que existe un estudio, pero que se mantiene en resguardo en Lima, sin acceso público hasta hoy.

👉 Ya lo advertimos en el primer artículo:
🔗 ¿Éxito sin evidencia? La verdad detrás del “nuevo modelo” de alimentación escolar en Piura

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📊 ¿Y los datos reales?

Apenas una semana después de las declaraciones de la ministra, el Instituto Peruano de Economía publicó el Índice de Competitividad Regional 2025 (INCORE), y la situación en Piura dista mucho del optimismo oficial:

• La anemia infantil se ha incrementado en la región: según ENDES 2024, el 35.5 % de niñas y niños entre 6 y 36 meses en Piura tiene anemia.
• La desnutrición también ha aumentado.
• Solo el 8.9 % de la población tiene acceso a agua clorada.
• El rendimiento educativo en matemática para 4.º grado de primaria es de apenas 23.4 % de logro satisfactorio.

 

Estos datos provienen de organismos oficiales, incluyendo el propio INEI. ¿Cómo entonces se explica la afirmación de que el piloto “está ayudando a reducir la anemia”?

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⚠️ La pregunta sigue en pie: ¿de dónde salió la supuesta reducción?

Los boletines del Midis se aferran a la presencia de alimentos ricos en hierro —como la sangrecita— en los menús escolares. Pero los datos nutricionales del Instituto Nacional de Salud (INS) aclaran que, aunque tiene hierro (unos 10 mg por 50g), solo entre el 15 y el 35 % de ese hierro se absorbe. Es decir, entre 1.5 y 3.5 mg por ración, insuficiente para cubrir el requerimiento diario infantil sin continuidad ni acompañamiento.

Fuente: Tabla de Composición de Alimentos Peruanos – INS 2020

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⛔ Antecedentes que no se pueden olvidar

La urgencia por reformar el modelo escolar tiene un origen claro: la intoxicación masiva en la I.E. Elvira Castro de Quiroz, en Los Ejidos de Huán (Piura), en abril de este año, donde 80 escolares se vieron afectados tras consumir alimentos contaminados. Fue un escándalo nacional.

Ese incidente no fue aislado. También se reportaron casos similares en Huarmaca (Huancabamba), Chulucanas y La Matanza (Morropón). Recién después de estos hechos el Midis empezó a visibilizar su “nuevo modelo” como respuesta, aunque ya lo tenía en piloto.

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🧭 ¿Qué sigue?

Ahora se abre la consulta ciudadana. Pero, si el modelo ya está definido y ejecutado en parte, ¿qué tan real será el margen de incidencia que puedan tener las ideas que recojan?

 

Además, si hay un estudio que demostraría su éxito, ¿por qué no se publica? ¿Por qué no compartirlo con los padres, los medios y los propios colegios beneficiarios?

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📌 En resumidas cuentas…

• El Midis lanza una consulta ciudadana para rediseñar su programa de alimentación escolar.                             
• Pero ya había afirmado públicamente que ese modelo estaba en marcha y era exitoso.
• No ha presentado ningún estudio que respalde su eficacia.
• Los datos oficiales (ENDES, INCORE) muestran que la anemia y la desnutrición han aumentado.
• La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se basan las políticas públicas que afectan directamente la vida de niñas y niños.

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💬 ¿Y tú qué piensas?

¿Crees que el gobierno debe sustentar sus anuncios con evidencias públicas?
¿Tu escuela ha recibido alimentos de este nuevo programa? ¿Han mejorado o empeorado?

Puedes dejar tu opinión en los comentarios, o escribirme directamente por redes:

📍 Facebook, Instagram y X: @nelsonsullana

 

¿Qué cola debería traer el caso Kerly Guerrero, si se aplicaran los reglamentos de manera correcta?

Por Nelson Peñaherrera Castillo

 

La pregunta no es una ocurrencia sarcástica ni una intriga de pasillo. Es una inquietud válida que todo servidor público y ciudadano responsable debería hacerse frente a una contratación que, aunque pueda parecer menor por el monto involucrado, expone con claridad las zonas grises de la administración estatal en Piura: esas donde la ley dice una cosa, pero la práctica tolera otra.

 

La exintegrante de un grupo de cumbia, Kerly Alexandra Guerrero Chávez, fue contratada mediante dos órdenes de servicio por un total de 15 mil soles durante los cinco primeros meses de 2025, según informó el diario Correo. La contratación se realizó para labores de "asistencia técnica administrativa" en la Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Piura (GORE Piura).

 

Sin embargo, la joven no registra estudios superiores ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y su perfil se popularizó más por su paso por la farándula que por alguna experiencia en comunicación institucional.

 

A primera vista, no hay ilegalidad evidente. No se ha nombrado a Guerrero como jefa de Imagen Institucional, y por tanto, no aplica directamente la Ley N.º 24898, que exige que los responsables de oficinas de prensa en entidades estatales sean periodistas colegiados y habilitados. Pero eso no significa que estemos ante un caso limpio o irrelevante. La clave está en los detalles.

 

La forma importa

En el Estado, no solo importa qué se hace, sino cómo se hace. Las órdenes de servicio son una modalidad legal de contratación, pensadas para servicios específicos y temporales. Pero en muchos gobiernos regionales y locales, esta figura se usa para incorporar personal de confianza o influencers sin pasar por concursos ni validar perfiles profesionales.

 

Y cuando eso ocurre, el principio de idoneidad que rige la contratación en el Estado se ve vulnerado.

 

En este caso, el concepto de "asistencia técnica administrativa" es tan genérico que permite contratar a casi cualquiera. Pero si la contratada cumple funciones propias de un comunicador institucional, entonces la situación cambia: se está desnaturalizando la figura contractual, lo que puede constituir una irregularidad administrativa sancionable.

 

Quién responde

La responsabilidad no recae sobre la influencer contratada, sino sobre quienes avalaron su incorporación al aparato público. En primer lugar, la Jefatura de la Oficina de Imagen Institucional, que solicitó el servicio. Luego, la Gerencia General Regional, que supervisa los órganos de línea. También la Oficina de Administración o Logística, que tramitó la orden. Y por supuesto, el gobernador regional, como máxima autoridad política.

 

Si se demuestra que el servicio fue innecesario, o que fue prestado por una persona sin el perfil adecuado, la Contraloría podría iniciar acciones por responsabilidad administrativa o civil. Si, además, se probara que hubo direccionamiento, se abriría paso a una investigación penal.

 

El otro caso: parentesco y silencio

En paralelo, el medio reportó que Anny León Ubillús, presunta cuñada del gobernador regional, recibió dos órdenes de servicio en 2023 por parte de la Dirección Regional de Salud (Diresa Piura). El monto total fue de 7 mil soles. Aunque en este caso no hay evidencias de ilegalidad, sí hay una apariencia de conflicto de interés. Y eso, según la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, también debe ser evitado.

 

No es persecución, es control

Cuando la prensa informa estos casos, no lo hace por capricho ni para generar escándalo. Lo hace porque hay una responsabilidad de informar y un derecho de la ciudadanía a saber. Si el manejo de recursos públicos no resiste el escrutinio, entonces es el manejo lo que debe corregirse, no el escrutinio el que debe callarse.

 

Lo que está en juego no es un contrato de S/ 3000 mensuales, sino la calidad de la comunicación oficial, la transparencia institucional y el principio de que el Estado debe estar al servicio de todos, no de unos cuantos.

 

Porque sí, todo se termina sabiendo. Y no es culpa de la prensa.