| Video por Televisión Nacional de Chile – Red Coquimbo
El naufragio
La madrugada del 24 de
marzo de 2026, la embarcación Catalina II naufragó en aguas chilenas
tras zarpar del puerto de Coquimbo. A bordo viajaban tres pescadores piuranos.
Anthony Morán Eche apareció en la playa de
Guanaqueros, al sur de Coquimbo.
El último mensaje de
WhatsApp, enviado a las 5:20 a. m., anunciaba que “ya estaban pegando la vuelta
a tierra”. Poco después, las corrientes y vientos anómalos habrían volcado la
embarcación. La familia en Lima exige a la Cancillería peruana una respuesta
más enérgica, pero la burocracia promete contestar recién el lunes 30 de marzo.
El clima y las
corrientes
El pronóstico del 23 de
marzo en Coquimbo mostraba condiciones aparentemente moderadas: viento promedio
de 14 km/h, pero con ráfagas de hasta 33 km/h y oleaje de 1.7 m. Para
embarcaciones artesanales, esas cifras significan riesgo.
La Corriente de Humboldt
fluye de sur a norte, pero la morfología de bahías como Guanaqueros y los
vientos del suroeste generan corrientes locales que pueden arrastrar cuerpos
hacia el sur. Así se explica que Anthony Morán fuese hallado en una playa turística
que suele ser sinónimo de descanso y gastronomía marina.
Coquimbo, región
semiárida del norte chico chileno, combina pesca artesanal, agricultura en
valles interiores y turismo costero. Guanaqueros, con su bahía semicircular,
actúa como trampa natural para objetos y cuerpos arrastrados por el mar.
Aunque existen sistemas
de información como Ceazamar y el Oceanograma CEAZA, que entregan
pronósticos de viento y oleaje, no está claro si los pescadores tuvieron acceso
a ellos. La brecha digital y la confianza en la experiencia empírica suelen
limitar su uso.
La tragedia revela una migración
pesquera invisible. No hay registros masivos, pero sí casos concretos de
pescadores piuranos que trabajan en faenas en Coquimbo. La Catalina II
confirma esa presencia.
La inseguridad ciudadana
se ha consolidado como uno de los principales problemas que preocupan a los
peruanos. El Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del
Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., presentó su
quinto reporte con un diagnóstico claro: la violencia letal y las modalidades
criminales se concentran en pocos territorios, mientras que las respuestas
estatales siguen siendo insuficientes para frenar su expansión.
Pero este informe, que ya
es contundente, fue sometido a una reinterpretación inédita por el científico
de datos sullanero Bryan Zapata Silupú. Con una certificación del MIT
(Boston, Mass.) y experiencia en un proyecto de colaboración global para la
NASA (EEUU), Zapata aplicó su mirada analítica para detectar patrones
invisibles en la primera lectura.
El resultado es un
conjunto de hallazgos que presentamos en exclusiva en Epicentro TV y La
República TV, y que ahora compartimos aquí para abrir el debate ciudadano.
Concentración
territorial de homicidios
El informe original ya
advertía que ocho regiones concentran el 84% de los homicidios registrados en
2025. Sin embargo, al desagregar los datos, Zapata muestra que la violencia se
focaliza aún más en ciertas provincias.
La gráfica revela que Trujillo, Piura y Sullana están entre los
territorios más críticos. Dos jurisdicciones piuranas aparecen en el top
nacional, lo que confirma que el norte del país es hoy un epicentro de la
violencia letal.
Nuevas modalidades
criminales
El Observatorio señalaba
el avance de la extorsión y el préstamo “gota a gota”. Zapata fue más allá:
comparó la matriz delictiva entre 2024 y 2025 en la Región Norte.
El hallazgo es claro: mientras la extorsión
disminuye, crecen con fuerza los delitos financieros informales (“gota a
gota”) y los robos vinculados a celulares y bancos. Esto muestra cómo el crimen
organizado se adapta y diversifica sus fuentes de ingresos, golpeando
directamente a sectores vulnerables.
Horarios de mayor
riesgo
El informe advertía que
los homicidios nocturnos duplican a los diurnos. Zapata lo confirma con cifras
precisas para la costa peruana.
El 65.9% de los homicidios ocurre de noche. Este dato obliga a repensar la
seguridad ciudadana en clave de horarios: más patrullaje, más iluminación, más
presencia comunitaria en las horas críticas.
Distritos más
golpeados
Finalmente, Zapata
desagregó los datos a nivel distrital.
El distrito de Sullana encabeza el ranking nacional con 44 víctimas,
seguido por Pataz, Tumbes, Ananea y Castilla. Este hallazgo es particularmente
movilizador: fuera de Lima y Callao, el norte concentra los distritos más
violentos del país.
Exclusiva de Epicentro
TV
Estos hallazgos no habían
sido difundidos antes. La reinterpretación de Bryan Zapata, basada en el
estudio del Observatorio, constituye una exclusiva de Epicentro TV.
Nuestra misión es ofrecer noticias que sí impactan en la vida de nuestras
comunidades, con datos claros y análisis que movilicen a la acción. Mira el programa completo
aquí.
Los horarios y distritos críticos muestran
dónde debemos actuar.
Los éxitos policiales
existen, pero son insuficientes frente al crecimiento del crimen organizado y
la corrupción interna. La ciudadanía enfrenta un escenario donde la violencia
se vuelve cotidiana, y las políticas públicas requieren pasar de medidas generales
a intervenciones focalizadas y sostenidas en los territorios más golpeados.
En Epicentro TV
seguiremos aportando evidencia y análisis para que la discusión pública se base
en datos, no en percepciones. Porque solo así podremos construir respuestas que
realmente protejan a nuestras comunidades.
On the Pacific coast of Northern Peru
lies Lobitos, a small beach town beloved by surfers worldwide for its
world-class left-hand waves and laid-back coastal culture. Just 18 km north of
Talara, in Piura Region, Lobitos has built a reputation as a destination
where long rides, warm waters and desert winds create unforgettable surf
experiences. (Wikipedia)
The community itself is small—about 1,646
residents call the district home—and many visitors are drawn here not by city
lights but by the ocean’s pull. (repositorio.upao.edu.pe) But a year ago, Lobitos’ future as a
pristine surfing destination and coastal ecosystem was challenged by a harsh
reminder of the risks of fossil fuel dependency and weak environmental
safeguards.
Where Lobitos Fits on the Map
Lobitos sits on the Pacific coast of Peru,
about 961 km (597 miles) northwest of Lima by air. (Geodatos) For
international travelers:
From Lima, the capital and major flight hub in Peru, it’s
roughly a 1h45m flight to the Talara airport, followed by a short road
transfer. (exploortrip.com)
From Piura, a regional center, the drive to Lobitos takes
around 2–3 hours by road. (Ruta Distancia)
These distances matter: Lobitos is remote
enough to feel like a true coastal escape, yet close enough that its health and
accessibility affect national tourism and local livelihoods.
The Spill That Changed the Tide
On 20–21 December 2024, a spill occurred at
the maritime terminal of Peru’s Talara Refinery during pre-shipment
operations. The release of crude oil quickly spread along at least 10 km of
coastline, contaminating beaches important for surfing, fishing and recreation.
(Wikipedia)
Marine life, from crabs and small fish to
birds along the shore, was seen coated in oil. (El Oriente) This incident was neither an isolated anomaly nor a minor
industrial hiccup. It revealed institutional weaknesses, vulnerabilities in
coastal infrastructure, and the profound ecological risks faced by a region
that depends on both the ocean and tourism.
Seven months later, in July 2025, another
spill from an inactive well added to the sense of alarm, raising questions
about prevention, oversight and accountability.
Surf, Culture and Coastal Livelihoods
Lobitos is home to multiple surf
breaks—including Lobitos Point, El Hueco and Piscinas—that have attracted
surfers from Australia, the United States and Brazil seeking high-quality
left-hand waves. (Surf Atlas) The Pacific swells that break on these
reefs are part of what makes Lobitos a destination with global appeal: fast
left rides, open faces and winds that can kick up consistent barrels suitable
for intermediate and advanced surfers alike. (Surf Atlas)
Tourism, fishing and hospitality have
become key to the local economy, yet the oil infrastructure that once powered
the region’s industrial past remains visible—and risky—alongside these
recreational treasures.
A Year of Waves, Weather and Worry
In the months following the spill, Lobitos
and its neighboring districts have faced not only the aftermath of petroleum
contamination but also the natural extremes that define the Pacific coastline.
Powerful swell events and anomalous wave patterns have tested coastal defenses,
disrupted fishing and tourism, and complicated cleanup efforts.
To surfers and ocean lovers, these waves
are a draw. To communities trying to rebuild after environmental stress, they
are a reminder that coastlines are dynamic, sensitive and easily altered by
human impact.
Putting Lobitos in Global Perspective
When juxtaposed with the world’s largest
oil disasters, the Lobitos event may seem small by volume. For example:
The Deepwater Horizon spill (2010)
in the Gulf of Mexico released an estimated 4.9 million barrels of oil,
making it the largest marine spill in history and deeply affecting
ecosystems and coastal economies across a vast region. (Wikipedia)
The Exxon Valdez spill(1989) released over 10
million gallons (about 38,000 m³) into Alaska’s Prince William Sound and
contaminated 1,300 miles of shoreline with oil still detectable decades
later. (Wikipedia)
The Ixtoc I spill (1979) in the Gulf of Mexico lasted
nearly a year, discharging millions of barrels and affecting hundreds of
kilometers of coastline. (Wikipedia)
Compared to these giants, Lobitos’ spill
may occupy a smaller footprint, but impact is not only measured in volume.
Local ecosystems and economies can be devastated by smaller releases when they
intersect with vulnerable coastal communities, recreational zones and vital
fishing grounds.
Lobitos at the Crossroads
Surfing culture and environmental
stewardship are deeply entwined. The ocean is not merely a playground for
boards and riders—it is a living system that sustains communities, wildlife and
coastal traditions.
For surfers in the U.S., Australia and
Brazil, Lobitos is not just a dot on a map: it is part of a global network of
waves that connect oceans and cultures. What happens there matters not just to
Peru but to anyone who loves the sea and seeks to protect it.
A Call to Action
A year after the spill, Lobitos stands as
both a memory and a warning. The region’s natural beauty and surf heritage
contrast sharply with the realities of energy infrastructure and environmental
risk.
Protecting this coastline requires more
than cleanup after the fact—it requires proactive governance, stronger
safeguards for ecosystems, and global solidarity from citizens and visitors who
value the ocean as a shared resource.
By remembering what happened here, surfers
and coastal communities worldwide can push for better stewardship of the seas
on which they depend.
In recent weeks, Peru has begun
to occupy a different place on the strategic map of the United States
and the Andean region. This is not the result of a single event, but
rather a convergence of signals: FBI and DEA delegations arriving in Lima,
a presidential meeting with Ecuador focused on transnational crime, an
ongoing presidential and congressional election process, and—according to
Bloomberg—the intention of Washington to designate Peru as a Major Non-NATO
Ally.
Taken separately, these developments
might appear circumstantial. Taken together, they point to a shift in phase in
the relationship between security, domestic politics, and regional
geopolitics. And this shift directly affects territories such as Piura,
a strategic region in northern Peru.
Piura
is located on Peru’s northern Pacific coast, bordering Ecuador by land. It
covers approximately 35,900 square kilometers and is home to about two million
people, making it one of Peru’s most populous departments. Its
geography—combining border crossings, ports, highways, agricultural valleys,
and informal trade routes—turns Piura into a key node for both legal commerce
and illicit flows.
The organized crime affecting
Ecuador and increasingly spilling into Peru no longer follows the traditional drug-trafficking
model. Criminal networks have diversified their revenue streams into illegal
mining, human trafficking, arms trafficking, and extortion
schemes such as the so-called “gota a gota” loansharking system.
This diversification allows them to finance operations, control territory, and
penetrate local economies. The result is a transnational criminal ecosystem
that ignores administrative borders.
The December 12 meeting between the
presidents of Peru and Ecuador in Quito must be read through this lens.
Ecuador speaks from hard-earned experience: armed gangs, ports under criminal
influence, and prisons turned into power centers. Peru—particularly its
northern regions—still has a window of opportunity to avoid a similar scenario,
but only if it acknowledges that the threat is already shared.
At the same time, the presence of FBI
and DEA delegations in Lima signals a meaningful shift. The United
States is no longer waiting for institutional collapse before engaging, as it
has in other cases. Instead, it is pursuing strategic prevention, built on
intelligence sharing, law enforcement cooperation, and political alignment.
In that context, the potential designation of Peru as a Major Non-NATO Allyis
not merely symbolic; it would formalize deeper military and security
cooperation.
An additional, uncomfortable layer
cannot be ignored: electoral politics. Peru is heading into presidential
and congressional elections, and Bloomberg has reported that the Trump
administration has openly pressured countries undergoing electoral
processes to align with its agenda, conditioning support and withdrawing
traditional cooperation mechanisms such as USAID. There is no public
evidence of direct electoral intervention, but there is a clear reconfiguration
of the political environment, where hard security policies and international
alignment gain prominence over social agendas.
This pattern bears resemblance—albeit
with important differences—to dynamics not seen since the Cold War. The
tools are no longer coups or overt interference, but indirect pressure,
selective cooperation, and plausible deniability. The adversary is no longer
ideological, but criminal; the logic of alignment, however, remains.
For Piura, this is not an abstract
debate. As a border region with Ecuador, a commercial hub with ports and road
networks, and an area where extortion and illicit economies are expanding,
Piura stands at the frontline of this strategic shift. Increased international
cooperation may bring stronger state presence and enforcement, but it also
carries the risk of overly punitive responses if not paired with economic
development and institutional strengthening.
The core question is no longer
whether geopolitics reaches Piura. It already has. The real issue is whether
Piura will remain merely a stage where externally designed strategies are
applied—or whether it can become a conscious territorial actor, capable of
demanding that security be built not only through operations, but through
development, governance, and sustainable territorial control.
El Perú
ingresa a la temporada más intensa de lluvias con un panorama climático marcado
por la neutralidad del fenómeno El Niño Costero, pero con riesgos
latentes en varias regiones. Los informes técnicos del SENAMHI y del CENEPRED
advierten que, aunque no se esperan anomalías extremas, las precipitaciones y
temperaturas previstas podrían desencadenar inundaciones y movimientos en masa
en zonas críticas del país.
🔹
Pronóstico climático (SENAMHI)
Costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad): lluvias dentro de lo normal, con temperaturas máximas y mínimas
también en rangos habituales.
Sierra noroccidental (Piura, Cajamarca, Lambayeque,
La Libertad): lluvias normales, pero con temperaturas mínimas y máximas
entre normales y superiores, lo que favorece la convección.
Sierra centro-occidental y sur-occidental: lluvias
normales a inferiores, con menor disponibilidad de humedad.
Selva norte baja (Loreto, San Martín): escenario
superior predominante, con acumulados de lluvia por encima de lo normal.
Condición oceánica: Niño Costero “No Activo”,
predominio de estado neutro (60 %), con transición a cálido débil desde
abril 2026.
Piura se ubica en
un nivel intermedio-alto, con 82 puntos críticos (50 de masa + 32 de
inundación).
🔹
Implicancias para Piura
Costa y ciudad: riesgo de inundaciones urbanas en
Sullana, Piura y Catacaos por desbordes del río.
Sierra: huaycos y deslizamientos en Ayabaca y
Huancabamba.
Agricultura: posible afectación de cultivos en el
valle del Chira y Bajo Piura.
Infraestructura: vulnerabilidad de vías y servicios
básicos ante lluvias intensas.
📌
Conclusión
Aunque el Niño
Costero no está activo, el país enfrenta un escenario de riesgo moderado a alto
por lluvias normales y superiores en la sierra norte y la Amazonía. Lima,
Cajamarca, Cusco y Piura concentran los mayores puntos críticos.
Las autoridades
locales deben reforzar la prevención y comunicación con la población,
priorizando zonas vulnerables y preparando planes de contingencia para
enfrentar posibles emergencias durante este verano.
Piura será sede del Campeonato Nacional de Gimnasia
2025, que reunirá a más de dos mil deportistas de todo el país del 9 al
14 de diciembre. El evento, denominado “Fuerza, arte y pasión... ¡Somos
gimnasia!”, contará con el respaldo de la Federación Deportiva Peruana
de Gimnasia (FDPG) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Dos sedes para una
fiesta deportiva
Las competencias se
desarrollarán de manera simultánea en dos escenarios: el coliseo del colegio
Nuestra Señora de Lourdes y el coliseo del Club Grau, que abrirán
sus puertas a gimnastas, entrenadores, jueces y público durante seis días de
intensa actividad deportiva.
El torneo incluirá cuatro
modalidades:
Gimnasia Artística Femenina
Gimnasia Artística Masculina
Trampolín
Gimnasia Rítmica
En total, se espera la
presencia de alrededor de 2200 participantes oficiales, entre
deportistas, entrenadores, jueces y personal técnico.
Evaluaciones y
preparativos
Una delegación de la FDPG
visitó recientemente Piura para revisar la infraestructura y coordinar los
detalles logísticos. En la reunión participaron Lucinda Infante,
presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia; Augusto Durand,
jefe de la unidad técnica; Percy Quilcate, presidente del IPD Piura; y Sadith
Quevedo, directora de la Escuela de Gimnasia Nuestra Señora de Lourdes,
quien encabeza el comité organizador local.
Las autoridades
destacaron el compromiso de la región en asegurar que Piura esté a la altura
del desafío. “Queremos que este campeonato sea un éxito, tanto en lo deportivo
como en lo organizativo”, expresaron los representantes de la federación.
Delegaciones de todo
el país
Los deportistas
clasificados provienen de Lima, Arequipa, Trujillo, Madre de Dios, Callao,
Cusco, Tacna, Moquegua, Huaraz, Huánuco, Loreto, Ica, Apurímac y, por
supuesto, Piura como anfitriona. Cada delegación llega con el objetivo
de superar sus propias marcas y lograr una destacada participación en el
ranking nacional.
Próximos anuncios
El comité organizador
local convocará en los próximos días a una conferencia de prensa
para presentar oficialmente el evento y anunciar el cronograma de actividades.
Paralelamente, se viene trabajando en el acondicionamiento de los recintos y en
la logística necesaria para garantizar el desarrollo del campeonato en
condiciones óptimas.
El 14 de septiembre de
2025, el
portal Infobae reveló que el congresista Bernardo Pazo Nunura,
de Somos Perú, presentó el proyecto de ley 12373/2025-CR, con el que
busca reabrir el proceso de formalización para unas ocho mil embarcaciones
pesqueras artesanales que quedaron fuera del programa SIFORPA 2, cerrado el
31 de julio de 2023.
La propuesta pretende dar
una nueva oportunidad a las embarcaciones que no acreditaron su existencia o no
completaron sus trámites, pero ha sido cuestionada por generar un conflicto
de interés. Investigaciones periodísticas identificaron que Pazo y su
familia tienen vínculos con astilleros y empresas dedicadas a la
construcción y reparación de naves, como Astilleros Navales del Pacífico
e Inversiones del Mar Chicama, lo que supondría un beneficio económico
directo.
El proyecto también
enfrenta reparos legales y ambientales: abrir nuevamente un proceso ya
cerrado vulneraría la seguridad jurídica y podría legitimar embarcaciones
construidas de forma ilegal, incentivando la informalidad y presionando
aún más la sobreexplotación del mar peruano. Tanto ministerios como
gremios empresariales y organizaciones pesqueras han advertido de estos
riesgos.
Los pescadores
piuranos marcan posición
El debate no quedó en
Lima. El 20 de septiembre de 2025, dirigentes de pescadores de todo el
departamento de Piura se reunieron en Talara para fijar una postura común
frente a la iniciativa.
De acuerdo con una fuente
que participó en el encuentro, la posición fue de rechazo firme al proyecto
de Pazo. Los representantes compararon la propuesta con un “REINFO
pesquero”, aludiendo al antecedente de la minería informal, y defendieron la
intangibilidad de las 5 millas marinas como espacio vital para la pesca
artesanal y la conservación de los recursos.
Los dirigentes acordaron
emitir un acta con sus conclusiones y dejaron abierta la posibilidad de nuevas
coordinaciones para visibilizar su oposición.
Más allá de la
formalización
El caso Pazo Nunura
pone en evidencia una tensión de fondo: mientras el Estado busca ordenar y
proteger los recursos marinos, los proyectos legislativos que reabren
formalizaciones terminan enviando el mensaje de que los plazos y las normas
pueden modificarse una y otra vez, validando a quienes operan al margen de la
ley y dejando en desventaja a quienes cumplieron.
En ese contexto, la voz
de los pescadores piuranos añade un elemento clave: la defensa desde el
propio territorio de quienes dependen directamente del mar y que advierten los
peligros de una flota sobredimensionada y la institucionalización de la
impunidad.
El 13 de abril de 2024,
la Comunidad Campesina San Juan Bautista (CCSJB) de Catacaos,
recordó 466 años de su creación por Cédula Real rubricada por el virrey Toledo.
Ubicada en el centro sur de la provincia de Piura, es la más antigua y
extensa del Perú. Ese día, se conoció un mensaje del Papa Francisco:
“Les pido que defiendan su tierra… no se las dejen quitar”, dijo en un video
grabado el 10 de abril en Ciudad del Vaticano.
Una semana antes, se
publicó que el entonces arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren
Anselmi, había logrado que su renuncia al cargo fuera aceptada por el Papa,
aunque sin detallar las razones.
Eguren es miembro
influyente del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), una agrupación
católica fundada en Lima en 1971 por Luis Fernando Figari. Durante
décadas proyectó la imagen de una comunidad de vida consagrada con vocación
evangelizadora, pero acumuló denuncias por abusos sexuales, psicológicos y
de poder contra menores y jóvenes en Perú y Chile.
En enero de 2025, tras un
proceso de investigación que se extendió por años, el Papa Francisco dispuso la
disolución definitiva del SVC, alegando la inexistencia de un carisma
fundacional genuino y el enquistamiento de un sistema sectario abusivo. El
decreto de supresión se firmó el 14 de abril de ese año en Roma, marcando el
cierre de la organización que había sido muy influyente en la jerarquía
eclesiástica peruana.
Otro esquema de abuso
Los comuneros de Catacaos
denuncian haber sido víctimas del despojo de sus tierras desde 2011 para
implementar proyectos agrícolas o inmobiliarios ligados a personas y empresas
con nexos con el SVC.
Aunque los responsables
directos han sido pequeñas empresas privadas, documentos oficiales muestran que
todas compartían el mismo domicilio legal e incluso al mismo abogado: Percy
García Cavero. Este letrado también representó al arzobispo Eguren en
querellas contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, tras la
publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, que expuso los
abusos cometidos dentro del Sodalicio.
En el caso de Catacaos,
los comuneros descubrieron que la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB)
había adquirido casi 10 mil hectáreas de terreno en Agua Blanca, cerca
de la Panamericana Norte en Cura Mori. La ACSJB intentó presentarse como
vinculada a la comunidad legítima, pero los padrones que mostraba incluían a
personas no inscritas, analfabetas o fallecidas.
Con el tiempo, la ACSJB
se transformó en la empresa San José, que vendió fracciones de esos
terrenos a distintas compañías inscritas en Registros Públicos con minutos de
diferencia, todas en la misma dirección y con el mismo abogado.
Cuando los comuneros
denunciaron, la respuesta fue una serie de procesos en su contra: pasaron de
denunciantes a denunciados, con acusaciones que iban desde usurpación hasta
terrorismo. Según el comunero Luis Inga Sandoval, “después de que nos
quejamos, a cada rato nos citaban acusándonos de varias cosas”.
Los conflictos escalaron
a enfrentamientos violentos: viviendas destruidas, alimentos quemados, ganado
asesinado y hasta agresiones armadas. En 2018 hubo dos muertos y un herido de
gravedad. En 2019, una visita de periodistas a la zona terminó en balacera.
Las sospechas de los
comuneros sobre la inacción del arzobispado se confirmaron cuando
investigaciones policiales revelaron que la banda criminal La Gran Cruz del
Norte, usada como fuerza de choque para apropiarse de terrenos, recibía
financiamiento desde oficinas ligadas al arzobispado de Piura.
No tanto justicia
divina, pero algo así
En ese escenario, los
comuneros decidieron elevar su voz directamente al Papa Francisco,
enviando cartas, documentos y videos de los ataques. La respuesta llegó en 2019.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) comenzó a
asesorarlos, y en 2023 delegados vaticanos visitaron Catacaos. Poco
después, se conoció que el Papa había pedido la renuncia del arzobispo
Eguren, y meses más tarde la Santa Sede anunció la disolución del Sodalicio.“Yo
creo que está conectado con lo del tráfico de terrenos”, comentó el comunero
David Girón .
Los comuneros pidieron
tres cosas: que el Vaticano haga efectiva la disolución del SVC también en Perú, que Eguren rinda cuentas ante la
justicia humana y que el Estado peruano garantice la devolución de sus tierras
y los proteja de nuevas agresiones. Por ahora, solo han conseguido la primera
de las tres.
El abogado Carlos
Rodríguez, de la CNDDHH, advierte que el reto es doble: mantener la
posesión de sus terrenos y recuperar las casi 100 mil hectáreas que
empresas vinculadas al Sodalicio han inscrito como suyas en las últimas
décadas.
La Contraloría
General de la República advirtió que 127 gobiernos locales del
país no habían gastado ni un sol del presupuesto asignado al Programa del
Vaso de Leche (PVL) durante el primer semestre de 2025. El hallazgo pone en
evidencia la inacción de autoridades municipales frente a un programa
social que debería asegurar raciones diarias a niños menores de seis años,
madres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores.
Los casos en Piura
En el departamento
de Piura se identificaron al menos dos gobiernos locales con 0% de
ejecución presupuestal al 30 de junio de 2025:
Municipalidad Provincial de Morropón – Chulucanas, con S/ 1 459 542 asignados.
Municipalidad Provincial de Paita, con S/ 930 385 asignados.
La falta de gasto
implica que, durante seis meses, ninguna de estas municipalidades destinó
recursos a la compra y entrega de insumos del PVL, incumpliendo con la
obligación de abastecer a los beneficiarios los siete días de la semana.
El panorama en el
norte
Más allá de Piura,
también aparecen municipios de la macrorregión norte entre los que
registran nula ejecución presupuestal, como la Municipalidad Provincial de
Pomabamba (Áncash). En total, solo en esta región, se detectaron 17
gobiernos locales en la misma situación.
La Contraloría
también reportó concentraciones de entidades con problemas similares en Apurímac
(22), Huánuco (15), Junín (14), Ayacucho (12), Lima (9) y Puno
(9). Esto revela que la inacción municipal no es un hecho aislado, sino un
patrón que afecta a distintas zonas del país.
¿Qué pasó después?
Tras las
notificaciones de la Contraloría, 51 municipalidades comenzaron a ejecutar su presupuesto
al 1 de agosto de 2025, con niveles de avance de entre 50% y 58% en
regiones como Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín,
Huancavelica, Huánuco, Puno y Lima. Sin embargo, 76 gobiernos
locales aún permanecen sin utilizar los recursos asignados.
La Contraloría
continuará el seguimiento para que los fondos destinados al PVL se
gasten de manera oportuna y transparente, con el objetivo de mejorar la
nutrición de los grupos más vulnerables.
La Contraloría
General de la República identificó riesgos en la obra drehabilitación
de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Curumuy, infraestructura
que abastece a los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis
de Octubre, es decir, al corazón de Piura Metropolitana, donde se
concentra casi un tercio de la población del departamento.
Riesgos detectados
De acuerdo con el Informe
de Hito de Control N.º 0016-2025-OCI/3470-SCC, que evaluó el periodo del 23
de junio al 16 de julio de 2025, la obra que demanda una inversión de S/ 6
745 765 presenta serias deficiencias:
Supervisión limitada: EPS Grau designó como supervisor al propio jefe
de la PTAP Curumuy, quien por sus funciones no permanece de manera continua en
la obra. Esto impide el control permanente de las actividades.
Retrasos en el
cronograma: al 16 de julio debía
haberse alcanzado un avance físico del 31 % en los sedimentadores, pero
solo se ejecutaba uno de los cuatro programados.
Materiales sin
sustento técnico: se instalaron vinilonas
en la estructura sin fichas técnicas ni documentos que acrediten que cumplen
con las especificaciones del expediente. Esto pone en riesgo la vida útil de
la infraestructura.
Condiciones inseguras
de trabajo: la inspección
encontró a personal laborando en altura sobre tablas y usando una simple soga
como soporte, exponiéndose a accidentes graves.
La Contraloría advirtió
que estas situaciones podrían afectar el desarrollo del proyecto y la calidad
del servicio de agua potable, por lo que pidió a EPS Grau adoptar medidas
correctivas.
¿Qué es Piura
Metropolitana?
El área metropolitana de
Piura está conformada por los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis
de Octubre, que juntos suman cerca de 700 mil habitantes, alrededor
del 305 % de la población del
departamento de Piura, según estimaciones del INEI al 2024.
En términos urbanos, se
trata de la segunda aglomeración más importante del norte del país, solo
después de Trujillo Metropolitano, y ocupa el quinto lugar a nivel
nacional después de Lima Metropolitana, Arequipa, Trujillo y Chiclayo.
La expansión demográfica
y urbana de Piura Metropolitana ha presionado fuertemente los servicios
básicos:
La tasa de crecimiento
poblacional en la última década supera el 2 % anual, por encima del
promedio nacional.
El acceso a agua potable
es un problema recurrente: se estima que cerca del 20 % de los hogares
enfrenta cortes frecuentes o desabastecimiento.
El déficit de
infraestructura de saneamiento impacta directamente en la salud pública y en la
calidad de vida de la población.
En ese contexto, la PTAP
Curumuy es estratégica, pues constituye la principal planta encargada de
garantizar el abastecimiento regular de agua potable para este núcleo urbano.
Un proyecto en la mira
La rehabilitación de
Curumuy es una obra clave no solo por el monto de la inversión, sino por el
impacto directo en la vida de casi 700 mil personas. El aviso de Contraloría
pone en evidencia la necesidad de corregir fallas en la supervisión, el control
de materiales y las condiciones de seguridad laboral.
El informe completo está
disponible en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional de la Contraloría,
en cumplimiento del principio de transparencia.
La Contraloría
General de la República ejecuta un operativo de control simultáneo
en 189 municipalidades provinciales de todo el país y en cinco distritos de Lima
Metropolitana —Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, Villa María
del Triunfo y Rímac— para supervisar la gestión del Programa de
Complementación Alimentaria (PCA) y el Programa de Complementación
Alimentaria para el Paciente con Tuberculosis (PANTBC).
En 2025, los gobiernos
locales recibieron más de S/ 652 millones para el funcionamiento de comedores
populares, ollas comunes y el PANTBC. Sin embargo, al cierre del
primer semestre se registró baja ejecución presupuestal, con cifras
críticas en regiones como Cusco (15 % en el PCA y 26.1 % en el PANTBC), Áncash
(22.4 % y 10.2 %) y Apurímac (25.9 % y 11.0 %).
Un análisis de datos
actualizado al 20 de julio de 2025 —obtenido de una consulta amigable al Ministerio
de Economía y Finanzas (en las imágenes al inicio de este párrafo)— revela
variaciones importantes entre regiones y programas:
San Martín lidera la ejecución del PCA con 56.5 %, pero presenta un 55.9 % en el
PANTBC.
Ucayali encabeza el PANTBC con 85.9 %, aunque solo alcanza 33.6 % en el PCA.
Ancash, Apurímac y Cusco se mantienen con bajos porcentajes en
ambos programas, lo que apunta a posibles problemas estructurales o de
gestión en el uso de los recursos.
La supervisión de la
Contraloría abarca desde la compra y almacenamiento de alimentos hasta su
distribución final, detectando deficiencias en la entrega y debilidades
administrativas. El operativo cubre el 81.5 % de los gobiernos locales del
país.
Según el contralor
César Aguilar, la intervención busca prevenir riesgos, reforzar la
transparencia y asegurar que los recursos públicos cumplan su propósito de
mejorar la calidad de vida de más de un millón de beneficiarios en situación de
vulnerabilidad.
