La
Contraloría
General de la República reveló que un error en la gestión del
Programa
Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) dejó en el aire dos proyectos de
conectividad
que debían beneficiar a cientos de comunidades rurales en Piura y Tumbes.
Además del
perjuicio directo en la población, el Estado peruano tuvo que pagar más de
US$ 10 millones en indemnización a la empresa contratista tras perder un
arbitraje internacional.
El impacto en Piura
La paralización de
los proyectos de banda ancha afecta de manera directa a 422
comunidades rurales, entre ellas numerosas localidades de la sierra y la
costa piurana, que iban a ser conectadas con Internet de alta velocidad.
La consecuencia
inmediata:
- 428 locales
escolares públicos quedaron sin
acceso a conectividad.
- 254
establecimientos de salud no cuentan
con Internet para sus servicios y telemedicina.
- 35 comisarías no pueden fortalecer su capacidad de respuesta
mediante sistemas digitales.
En conjunto, miles
de piuranos que dependen de servicios básicos —educación, salud y seguridad—
siguen marginados del acceso digital, clave para el desarrollo social y
económico.
El error de
Pronatel
De acuerdo con el Informe
de Auditoría de Cumplimiento N.° 023-2025-2-6403-AC, el problema se originó
cuando Pronatel denegó injustificadamente una séptima ampliación de
plazo a la empresa contratista.
El contrato,
de más de US$ 98.5 millones, ya había recibido seis ampliaciones previas. Cinco
de ellas estaban relacionadas con la falta de saneamiento de predios y la
oposición de pobladores en los terrenos donde debían instalarse los nodos de
telecomunicaciones.
La propia entidad
había reconocido que esa situación no era imputable a la empresa.
No obstante, en la
séptima solicitud, Pronatel decidió rechazar el pedido y resolvió el contrato,
lo que llevó al inicio de un proceso arbitral internacional.
El arbitraje
internacional
En 2019, la empresa
demandó a Pronatel ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional (CCI), con sede en París. El tribunal
determinó que la resolución del contrato fue irregular y, en agosto de 2022,
ordenó el pago de US$ 10 028 467 por lucro cesante, es decir, las ganancias que
la empresa dejó de percibir debido a la cancelación injustificada.
Entre octubre de
2024 y enero de 2025, el Pronatel efectuó el pago, generando un perjuicio
económico directo al Estado peruano.
Responsabilidades
en la mira
La Contraloría
identificó presunta responsabilidad civil de seis funcionarios y servidores de Pronatel
por el daño causado. El informe advierte que este caso no es aislado:
problemas similares con la adquisición de predios y la falta de gestión social
se han replicado en otros proyectos de banda ancha a nivel nacional.
El costo para la
región
Más allá de los millones perdidos en litigios, lo que más pesa es el
costo social: Piura sigue sin el servicio de Internet de alta velocidad
en sus zonas rurales, lo que amplía la brecha digital y posterga el
derecho a una educación moderna, a servicios de salud conectados y a una
seguridad ciudadana con mejores herramientas tecnológicas.
