La Municipalidad Provincial de Sullana ha confirmado el desvío de S/ 1 millón 270 mil de sus cuentas institucionales, ocurrido entre el 30 y 31 de julio de 2025, mediante operaciones realizadas en la plataforma Multired Empresarial del Banco de la Nación.
Lo que en principio fue
calificado como un “fraude cibernético” expone hoy una serie de fallas internas
graves, omisiones informativas y silencios estratégicos que hacen ruido y
ameritan una investigación seria y sin interferencias de las partes
comprometidas.
El relato oficial:
“fraude cibernético” y funcionarios destituidos
Según el comunicado
institucional difundido por la comuna, el incidente se originó el 25 de julio,
cuando se detectó el bloqueo del acceso a la plataforma bancaria. Días después,
se realizaron tres transferencias a cuentas en Interbank, por montos de S/
250 mil, S/ 900 mil y S/ 120 mil, respectivamente. Solo se logró bloquear a
tiempo S/ 249 mil, y el resto del dinero fue sustraído.
El documento identifica como responsables a tres funcionarios. todos han sido destituidos y denunciados ante la Depincri PNP Sullana, además de haberse solicitado la intervención de la Fiscalía de Crimen Organizado, tanto en Sullana como en Lima.
El comunicado sostiene
que los funcionarios fueron engañados por un supuesto empleado del Banco de la
Nación que se habría contactado por vía telefónica.
Qué no dice el
comunicado: cinco vacíos que deben investigarse
1. No habría sido un
ciberataque, habría sido una entrega
voluntaria de claves
Un abogado con
experiencia en operaciones bancarias me precisó que este caso no califica como
“fraude cibernético”, ya que no se vulneraron sistemas informáticos ni hubo
intrusión digital. No se rompieron barreras ni se empleó malware.
La filtración fue
humana: dos funcionarios entregaron voluntariamente credenciales de acceso a un
tercero que se hizo pasar por personal del banco. Por tanto, se trató de una negligencia
operativa, y no de un ataque externo.
2. La Municipalidad no habría investigado los antecedentes de los implicados
La versión oficial no
contiene ningún detalle sobre los antecedentes de los tres funcionarios
implicados. Esa investigación fue hecha por mí, a través de fuentes abiertas,
registros judiciales y sistemas de control público.
Ninguno presenta
antecedentes penales, sanciones administrativas o denuncias públicas previas.
Aun así, la falta de verificación interna es un indicador de desorden
institucional o intento de proteger responsabilidades funcionales.
3. Declaraciones del
alcalde: mezcla de datos útiles y ruido político
Consultado directamente
por mí, el alcalde Marlen Mogollón Meca confirmó que los funcionarios
entregaron las claves, y añadió que uno de ellos había salido de vacaciones,
aunque no precisó quién ni por cuánto tiempo.
También señaló que
recibió llamadas de:
- el asesor de la presidenta,
- el ministro del Interior,
- el ministro de Educación (!),
- y un coronel de apellido Pérez.
La inclusión de actores
ajenos al caso, como el titular del Minedu, genera más confusión que claridad.
Aunque podría responder a una necesidad política de mostrar respaldo
institucional, desvía el foco del hecho sustancial: la vulneración del manejo
interno de fondos públicos.
4. La comuna no aclara
por qué había S/ 1,2 millones disponibles
El comunicado no precisa
a qué correspondía ese dinero. ¿Eran fondos de canon, transferencias para
obras, pagos pendientes a proveedores, programas sociales? “Son fondos
intangibles de retenciones”, me dijo el alcalde Mogollón.
Ese nivel de liquidez, y
el momento en que fue sustraída, podría indicar que los responsables sabían con
anticipación cuándo y cómo se movilizarían grandes sumas, lo cual es clave para
investigar posibles actos de colusión.
5. Nadie responde por
el bloqueo del 25 de julio
El acceso a la plataforma
bancaria se bloqueó cinco días antes de las transferencias fraudulentas. Sin
embargo, no se activaron alertas, auditorías ni medidas preventivas tras ese
hecho. La pasividad en ese lapso puede revelar más que una omisión: una ventana
de oportunidad.
¿Y ahora qué?
Este caso no debe
cerrarse con destituciones ni comunicados. Hay suficientes indicios para
sospechar que la versión oficial solo muestra la punta del iceberg. A la fecha:
- No hay auditoría técnica pública del sistema
bancario institucional.
- No se ha determinado la secuencia cronológica
exacta de hechos internos.
- La Municipalidad no ha explicado cómo
manejará el impacto presupuestal.
Una investigación seria
—y autónoma— debería involucrar a la Contraloría, la Unidad de
Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Corrupción de
Funcionarios. Y el seguimiento debe ser ciudadano y mediático.
Un cierre necesario
(aunque incómodo)
Como en muchos otros
casos recientes en la región, el impulso por conocer la verdad ha partido de
fuera de la entidad afectada. Las declaraciones del alcalde, la revisión de
antecedentes de los implicados y el contraste técnico con la narrativa oficial
fueron obtenidos y verificados por mí como periodista.
No se trata de
protagonismo. Se trata de no dejar pasar lo que, a todas luces, podría
convertirse en otro caso impune de pérdida de fondos públicos en el Perú.
