🏳️‍🌈 “No existimos para el Estado”: informe revela exclusión y falta de políticas públicas para la comunidad LGBTQ+ en Piura

Por Nelson Peñaherrera Castillo – Sullana, julio de 2025

 

(Arte generado por IA/Sala de Noticias/@nelsonsullana)

 

El reciente informe “Discriminación y violencia hacia personas LGBTQ+ en Piura”, elaborado por la organización Generación Orgullo, revela que en la región persiste una situación de abandono institucional hacia esta población.

 

A través de encuestas, testimonios y análisis de políticas públicas, el estudio documenta múltiples formas de discriminación y alerta sobre la ausencia de acciones regionales concretas para garantizar derechos a las personas LGBTQ+. El documento también recoge el caso de Anthony Camizán, un joven desaparecido en 2022, como ejemplo de los vacíos en el acceso a justicia cuando las víctimas pertenecen a esta comunidad.

 

🔍 Discriminación cotidiana sin respuesta institucional

El estudio, basado en 120 testimonios validados, indica que la discriminación hacia personas LGBTQ+ en Piura se manifiesta en espacios laborales, educativos, religiosos, comerciales y de atención en salud. Entre los casos más comunes reportados se encuentran:

• Burlas o exclusión en el entorno escolar.
• Acoso verbal y físico en el trabajo.
• Hostilidad en centros de salud.
• Amenazas en redes sociales.

 

A pesar de estos hallazgos, no existe en la región una política pública específica de inclusión y protección. La comunidad LGBTQ+ no está contemplada en ningún programa regional de salud, educación, justicia o seguridad ciudadana.

 

 

Capacitación en emprendimientos orientado a la comunidad LGTBIQ+ en Piura (video proporcionado por la Mesa de Concertación LTGBIQ+ Piura)

 

🧾 Falta de políticas públicas y silencios oficiales

Uno de los puntos centrales del informe es que la región Piura carece de una Política Regional de Igualdad de Género con enfoque en diversidad sexual, lo cual impide que se desarrollen medidas específicas de prevención, atención o reparación ante situaciones de violencia o discriminación.

 

El retiro de la comunidad LGBTQ+ del Plan Regional de Igualdad de Género (PRIG), denunciado en 2023 por colectivos locales, agrava este panorama. La decisión, tomada durante el proceso de aprobación del documento, no ha sido revertida hasta la fecha, y no existen declaraciones oficiales que expliquen la exclusión.

 

🕯️ El caso Anthony Camizán

El informe también incluye el caso de Anthony Camizán, joven piurano desaparecido en agosto de 2022. Según los testimonios, su última comunicación fue con un suboficial de la Policía Nacional del Perú. La familia presentó los mensajes de WhatsApp y señaló públicamente al presunto implicado, sin que hasta la fecha haya avances relevantes en la investigación.

 

(Arte generado por IA/Sala de Noticias/@nelsonsullana)

 

 

El caso es considerado representativo por el colectivo Generación Orgullo porque, a pesar de contar con elementos que podrían motivar una indagación fiscal seria, el proceso se estancó sin mayores explicaciones. Según el estudio, esto refleja una posible revictimización y negligencia institucional, especialmente cuando se trata de víctimas LGBTQ+.

 

📌 Recomendaciones y llamado a las autoridades

El informe concluye con una serie de recomendaciones al Gobierno Regional de Piura, entre ellas:

• Retomar un enfoque de derechos humanos e inclusión en el PRIG.
• Diseñar una política regional con enfoque LGBTQ+ transversal.
• Fortalecer capacidades en servicios de salud, justicia y educación.
• Incluir variables de orientación sexual e identidad de género en diagnósticos sociales.

 

🧭 Contexto nacional y local

A nivel nacional, el Estado peruano no cuenta con un censo oficial que permita conocer la cantidad exacta de personas LGBTQ+, lo que limita el diseño de políticas focalizadas. En el caso de Piura, la invisibilidad estadística se traduce en invisibilidad política y programática.

 

    

Memoria transa |Video proporcionado por la Mesa de Concertación LGTBIQ+ Piura).

 

📚 Para saber más

Este artículo complementa la publicación anterior sobre la exclusión de la comunidad LGBTQ+ del PRIG Piura, disponible aquí:
👉 https://nelsonsullana.blogspot.com/2025/07/piura-borro-la-comunidad-lgbtq-del-plan.html

  

🏳️‍🌈 Piura borró a la comunidad LGBTQ+ del Plan de Igualdad… y los sigue manteniendo fuera

Por Nelson Peñaherrera Castillo – Sullana, julio de 2025

 

Protesta de colectivos LTGBIQ+ frente al Gobierno Regional de Piura en San Eduardo (Piura Metro), el 1 de marzo de 2024.

 

En 2023, la comunidad LGBTQ+ de Piura fue borrada del Plan Regional de Igualdad de Género (PRIG). No fue un olvido. Fue una decisión política. Y, lo que es más grave: hasta hoy, esa exclusión se mantiene intacta. Ninguna autoridad ha restituido el enfoque de diversidad sexual en el documento. Ninguna política regional ha corregido el acto. Ninguna institución del Gobierno Regional ha asumido la responsabilidad de reparar el daño.

 

Según el informe Discriminación y violencia hacia personas LGBTQ+ en Piura, recientemente presentado por el colectivo Generación Orgullo, esta omisión no es un hecho aislado: forma parte de una cadena de exclusión institucional que sigue activa.

 

 ❌ ¿Qué pasó con el PRIG?

El PRIG es el principal instrumento regional para cerrar brechas estructurales entre hombres y mujeres. Su versión original incluía referencias a la población LGBTQ+, reconociendo que enfrenta violencias específicas. Sin embargo, cuando fue presentado ante el Consejo Regional, la mención fue eliminada deliberadamente, y se usaron argumentos religiosos para justificarlo.

 

Varios consejeros del área de Desarrollo Social —según denuncias públicas— afirmaron que sus creencias les impedían “validar esa agenda”. La exclusión quedó registrada en actas y notas periodísticas. Desde entonces, ninguna autoridad regional ha enmendado esa omisión.

 

Alex Núñez, de Generación Orgullo, explica lo que implica excluir a la comunidad LTGBIQ del PRIG, en declaraciones para Epicentro TV, el  19 de enero de 2024. (Sala de Noticias/Epicentro TV)

 

🧾 ¿Qué implica esta exclusión sostenida?

• No existen programas regionales dirigidos a la población LGBTQ+.
• No se destinan recursos específicos para su atención ni protección.
• No hay protocolos diferenciados en salud, justicia, ni educación.
• Y, quizás lo más grave: la región sigue sin reconocerlos como sujetos de política pública.

En palabras simples: el Gobierno Regional de Piura sigue actuando como si las personas LGBTQ+ no existieran.

 

⚖️ ¿Es esto sancionable?

Sí. La Constitución es clara: el Estado es laico. Y el artículo 2 garantiza la igualdad ante la ley sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. La exclusión del PRIG, por motivos ideológicos o religiosos, podría constituir:

• Discriminación tipificada penalmente (art. 323 del Código Penal).
• Causal de vacancia o inhabilitación de consejeros por incapacidad moral o incumplimiento de funciones.

El hecho de que hasta ahora no se haya procesado a los responsables no borra la falta: la mantiene vigente.

 

📌 Un acto político con consecuencias reales

Eliminar a una comunidad de un documento oficial es una forma técnica de desaparecerla. Sin mención, no hay política. Sin política, no hay intervención. Y sin intervención, no hay derechos. La exclusión del PRIG no fue simbólica: fue funcional al abandono.

 

El estudio de Generación Orgullo lo confirma: “Las historias recogidas reflejan el abandono institucional y el vacío de políticas públicas inclusivas en nuestra región.”

 

🛑 Un año después, nada ha cambiado

• El PRIG sigue sin incluir a la comunidad LGBTQ+.
• Nadie ha sido sancionado.
• No se ha presentado denuncia penal ni pedido de vacancia.
• La exclusión se mantiene intacta, institucionalizada y normalizada.

 

📣 ¿Qué se puede hacer?

La publicación del informe reactiva una posibilidad: que la comunidad LGBTQ+ y sus aliados reabran el caso del PRIG y exijan justicia.

• Denunciar penalmente a quienes promovieron la exclusión.
• Exigir la restitución de la mención LGBTQ+ en el PRIG.
• Articular una política regional de diversidad sexual y de género con enfoque de derechos.

 

Hoy el poder no está solo en los escritorios de los funcionarios. Está también en la capacidad de la ciudadanía de no dejar pasar el silencio.
Porque seguir borrados en el papel es seguir siendo excluidos de la vida.

🔗 Más contenido, en:

https://nelsonsullana.blogspot.com 

🧱 Educación en ruinas: aulas que se caen, docentes que no llegan y dinero que desaparece en Piura

Por Nelson Peñaherrera Castillo – Sala de Noticias @nelsonsullana

 

En Piura, mientras cientos de escolares asisten a clases en condiciones precarias o ni siquiera tienen profesores, el Estado parece ir en la dirección contraria: paga aulas que no existen, abandona infraestructura escolar y omite contratos básicos para garantizar el año escolar.

 

La historia reciente de la educación pública en nuestra región es, sin exagerar, un mapa del colapso.

 

🔴 Castilla: pagaron por aulas y baños que nunca se montaron

La Municipalidad Distrital de Castilla recibió en mayo una obra de rehabilitación de más de S/ 10 millones en la I.E. Manuel Hidalgo Carnero. Pero según advirtió la Contraloría General de la República, varias partidas del plan de contingencia, valorizadas y pagadas al 100 %, nunca fueron ejecutadas.

 

Entre ellas, aulas prefabricadas de triplay, servicios higiénicos y trabajos de limpieza del parque zonal 3 de Octubre, que debían garantizar la operatividad del colegio durante la obra. Nada de eso se concretó. Incluso se pagaron ocho meses de mantenimiento de baños sin pruebas de su prestación. Y para empeorar, se realizaron pagos asociados al plan COVID-19 aún después de levantada la emergencia sanitaria.

 

El informe N.° 021-2025-OCI/2407-SCC no deja espacio para la duda: hubo pagos sin sustento. Y al día de hoy, nadie responde por el uso de esos fondos públicos.

 

⚠️ El Sauce y Hualambi: escuelas a punto de caer... y sin fiscalización

Si en Castilla los recursos sobran pero no se ejecutan bien, en otros distritos como Sapillica y Jililí el panorama es aún más desolador.

 

En El Sauce (Sapillica), los estudiantes conviven con techos agrietados, paredes a punto de colapsar y sin condiciones mínimas para el estudio.

 

En Hualambi (Jililí), la infraestructura está tan deteriorada que las aulas son prácticamente inservibles. Padres de familia y docentes han alzado la voz, pero hasta ahora ningún organismo de control ha llegado a constatarlo.

 

Aquí el problema es el silencio institucional: no hay presupuesto, ni obras, ni supervisión.

 

🔴 Suyo: 1000 escolares sin docentes y una denuncia que nació aquí

Cerramos este recorrido en Suyo, distrito fronterizo con Ecuador. Allí, más de 1000 estudiantes del nivel secundaria siguen sin recibir clases completas por falta de más de 30 docentes.

 

En marzo de este año, nuestra Sala de Noticias fue el primer medio en denunciar que, en la I.E. La Tienda (en el video iniciando este acápite), ubicada frente a Zapotillo (provincia de Loja, Ecuador), solo dos profesores atendían todo el nivel secundario.

 

Dos meses después, Contraloría confirmó la gravedad del caso: hay más de 600 horas pedagógicas sin cubrir y una desatención total por parte de la UGEL Ayabaca y el Gobierno Regional.

 

🔚 Conclusión: un sistema educativo fracturado y sin brújula

Desde el uso irregular del presupuesto en Castilla, pasando por la ausencia total de inversión en El Sauce y Hualambi, hasta el abandono funcional en Suyo, el mensaje es claro: la educación pública está en crisis. Pero no es solo una crisis de fondos. Es una crisis de prioridades.

 

La gran pregunta es: ¿cuántos casos más están ocurriendo en silencio? Desde @nelsonsullana, seguimos mapeando, denunciando y conectando las piezas. Porque si se permite una vez, puede repetirse. Y si no lo contamos, nadie lo va a saber.

  

Dominicans on a Bus in Northern Peru: A Local Interception Exposes a Larger Migratory Puzzle

On July 1, 2025, Peruvian police officers in the border city of Tumbes stopped a bus operated by a formal transportation company and found something unusual: 52 undocumented migrants on board — including several from the Dominican Republic.

 

The passengers, mostly adults from Venezuela, Colombia, Ecuador, and — in a surprise twist — the Dominican Republic, were headed south through the Peruvian territory without proper entry documentation. The bus, operated by TCR Express, was intercepted at its terminal in central Tumbes, and both the ticket vendor and the driver were detained.

 

As a journalist based in Sullana, a city in northern Peru and one of the closest urban centers to the Ecuadorian border, I have long observed how border dynamics shape daily life here. But the appearance of Dominicans in this case, along with the formal nature of the transport service and the legal seriousness of the charges, opened up a far broader question:
Are we seeing a new migratory corridor taking shape across South America — one that includes the Caribbean?

 

A Long Way from Home: Dominicans Headed South?

The Mona Passage — a dangerous sea crossing from the Dominican Republic to Puerto Rico — has long served as the primary exit route for Dominicans seeking to eventually reach the United States. But in recent years, especially under Trump-era immigration crackdowns, that route has become heavily patrolled and legally riskier.

 

As María José Martínez, a Venezuelan journalist now based in Mexico City, recently shared with me, this pressure has likely pushed many Caribbean migrants to explore alternative overland routes through South America.

 

One such route: enter Venezuela, cross Colombia and Ecuador, and reach Peru by land — perhaps as a midpoint before continuing southward toward Chile, Argentina, or Brazil. The fact that Dominicans are now being intercepted at Peru’s northern border lends credence to that theory.

 

A Coordinated Response on the Ground

The operation in Tumbes was led by Peru National Police’s Lieutenant Francisco Alexander Fernández Julca, head of the regional State Security Unit. Alongside nine officers, he carried out the inspection as part of an identity control initiative, “Control de Identidad Tumbes-2025.”

 

The presence of three prosecutors from the local Specialized Anti-Trafficking Unit (FISTRAP) — Roberto Villacorta Domínguez, Iris Riojas Farroñán, and Mariela Cabrera Gonzales — marked a shift in how these operations are being treated. No longer just about undocumented migration, this case is being investigated as possible human trafficking.

 

A defense lawyer from the Tumbes Bar Association was present during the seizure of documents, and the bus was formally impounded. The company’s office, where tickets had been sold, was also subject to an official search.

 

The Porous Border Between Tumbes and Piura

This isn’t an isolated incident. Living in Sullana, I am just two hours south of El Alamor, the main formal border crossing between Peru and Ecuador. Expelled migrants often cross through there — only to return days later via illegal footpaths in Zarumilla (Tumbes) or remote areas of Piura.

 

Despite the presence of border police and migration officers, Peru’s northern frontier remains porous, especially in areas where terrain or limited state presence makes enforcement difficult.

 

In recent months, I’ve received several police reports confirming that migrants expelled via El Alamor often reappear deeper in Peru, having simply used “trochas” (unofficial trails) to slip back into the country.

 

The Bus That Opened a Window

This bus — full of foreign nationals, operating out of a legal company, and under investigation for human trafficking — may seem like just one more incident in a complex border region. But for those of us who live here, it feels different.

 

It may be the clearest sign yet that migration routes across South America are shifting, involving not just Venezuelans and Colombians, but now Dominicans and potentially other Caribbean nationalities. It suggests a growing criminal infrastructure, one that blends formal and informal channels and exploits the weak seams in our regional cooperation.

 

As journalists, we don’t always expect the bigger story to arrive in a single report or police bulletin. But sometimes, it does — like a bus, fully loaded, ready to depart for the unknown. 

Dominicanos en ruta irregular por Tumbes: bus formal intervenido y caso se investiga como trata de personas

Tumbes, 3 de julio de 2025.

Un grupo de 52 migrantes extranjeros, entre ellos ciudadanos dominicanos —una nacionalidad poco frecuente en los operativos migratorios del norte del país— fue intervenido por la Unidad de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú durante un operativo en una agencia formal de transporte terrestre en Tumbes.

Las diligencias preliminares, acompañadas por fiscales del Ministerio Público, se orientan a esclarecer un posible caso de trata de personas, lo que marca un giro relevante en la lucha contra el tráfico irregular de migrantes.

El operativo policial, denominado “Control de Identidad Tumbes-2025”, se ejecutó el martes 1 de julio por la tarde en las instalaciones de la empresa TCR Express, ubicada en la avenida Tacsá 385, en la ciudad de Tumbes.

La intervención estuvo a cargo del jefe de Seguridad del Estado de la región, teniente PNP Francisco Alexander Fernández Julca, quien reportó que el bus con placa DOM-441 se encontraba listo para partir, con 52 pasajeros adultos a bordo.

Todos los ocupantes eran ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana, colombiana, ecuatoriana y, de manera inusual, dominicana. Ninguno contaba con documentación que acreditara su ingreso regular al país, por lo que se dispuso su detención inmediata por presunta vulneración a la Ley de Migraciones. También se intervino a Julio César Mendoza Gálvez (36), encargado de la venta de boletos en la agencia, y Santos Julio Flores Azañero (53), conductor del vehículo.

 

Investigación apunta a red de mayor alcance

Fuentes policiales señalaron que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que movilizó al fiscal provincial Roberto Villacorta Domínguez y a dos fiscales adjuntas de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas (FISTRAP). Según el parte, la investigación preliminar se orienta a determinar si se trató de un caso de trata de personas, una figura penal más grave que el tráfico ilícito de migrantes.

A las 20:40 horas se hizo presente el abogado defensor, Manuel Abrahán Carrillo García, del Colegio de Abogados de Tumbes, quien participó en la diligencia de verificación e incautación de especies dentro de la oficina de boletería.

El bus intervenido fue incautado, y los pasajeros quedaron retenidos a disposición de las autoridades competentes. Aún no se confirma si los migrantes serán derivados al Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) para su expulsión o si permanecerán en custodia mientras se desarrolla la investigación fiscal.

 

Presencia dominicana levanta nuevas alertas

Consultadas sobre la presencia de ciudadanos dominicanos en esta ruta, fuentes policiales en Tumbes me admitieron no tener claridad sobre cómo llegaron al norte del país ni cuál era su destino final. Esta nacionalidad no suele figurar en los operativos migratorios realizados en la región, donde predominan ciudadanos venezolanos y, en menor medida, colombianos.

Sin embargo, hay antecedentes de ciudadanos caribeños —como haitianos y cubanos— que usan el territorio peruano como corredor hacia el sur del continente, especialmente hacia Chile, Brasil o Argentina. La inclusión de dominicanos podría indicar una diversificación en las redes de tráfico regional o el uso compartido de rutas entre nacionalidades distintas.

 

La frontera porosa, otra vez bajo la lupa

El caso se da en un contexto de creciente cuestionamiento a la porosidad de la frontera norte. Como ha ocurrido en otras intervenciones, migrantes sin documentos son expulsados por el control fronterizo de El Alamor (Sullana), pero posteriormente reingresan al Perú por pasos ilegales en Zarumilla o incluso por trochas rurales en Piura.

En esta ocasión, la utilización de una empresa formal para transportar a más de medio centenar de personas en situación irregular reaviva el debate sobre el control de rutas internas y la capacidad del Estado para frenar estas redes.

La evolución de esta investigación podría marcar un precedente. No solo por el volumen de migrantes intervenidos y la diversidad de nacionalidades, sino por el cambio de categoría legal hacia “trata de personas”, lo cual podría abrir la puerta a identificar estructuras criminales más amplias operando con fachada legal en el norte del país. 

Huancabamba, epicentro oculto: identifican 37 zonas críticas por peligro sísmico en la sierra de Piura

Por Nelson Peñaherrera Castillo – 2 de julio de 2025

La sierra de Piura vuelve a estar en el foco de atención. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha confirmado la existencia de 37 zonas críticas por peligro geológico en seis provincias de la región, y más de la mitad —19 exactamente— se concentran en la provincia de Huancabamba. El resto se distribuye entre Ayabaca (8), Morropón (5), Paita (2), Sullana (1) y Talara (1), sumando en total 15 distritos oficialmente involucrados.

Estos puntos vulnerables no están ubicados al azar. Corresponden a lugares con pendientes abruptas, suelos inestables y estructuras geológicas activas, especialmente en las alturas de Huarmaca, Canchaque, Sondorillo, San Miguel de El Faique, Chalaco y Pacaipampa. Varios de estos territorios están ubicados en zonas de páramo y bofedales donde el suelo actúa como una esponja hasta que colapsa: cuando llueve mucho o tiembla, la pendiente cede.

📉 La amenaza que no se ve, pero se siente

Los peligros identificados por Ingemmet incluyen deslizamientos, caídas de rocas, derrumbes y procesos de erosión de laderas, que pueden activarse con lluvias intensas o incluso con sismos menores, como los dos temblores registrados en las últimas 24 horas en la región.

Los técnicos del Ingemmet ya han emitido informes para cada punto crítico, con recomendaciones que incluyen reubicación de viviendas, estabilización de taludes, reforestación y drenajes superficiales. Sin embargo, aún no se sabe cuántas de estas medidas se están aplicando en campo.

🏔️ Una bomba geológica entre lagunas sagradas

Los mapas difundidos por Ingemmet revelan un patrón claro: las zonas más afectadas se alinean con el valle del Huancabamba, las nacientes del río Quiroz y el complejo de las lagunas de las Huaringas (Huarinjas). Se trata de una región de historia sagrada y geología activa, donde las tradiciones orales recuerdan cómo ciudades enteras fueron tragadas por la tierra.

Una de esas leyendas es la de Chicuate, un poblado que habría desaparecido tras un fuerte sismo. La ciencia moderna sugiere que pudo tratarse de un caso real de deslizamiento masivo seguido de la formación de una laguna por represamiento natural. En otras palabras, donde los antiguos vieron castigo divino, hoy vemos el resultado de placas en tensión y suelos saturados.

🧭 Una alerta con nombre y apellido

Gracias a la respuesta oficial del Ingemmet, hoy sabemos con precisión en qué distritos están las zonas críticas:

Provincia	Distrito	Zonas Críticas
Huancabamba	Canchaque, Huancabamba, Huarmaca, San Miguel de El Faique, Sondor, Sondorillo	19
Ayabaca	Ayabaca, Frías, Pacaipampa	8
Morropón	Chalaco, Yamango	5
Paita	Paita, Vichayal	2
Sullana	Marcavelica	1
Talara	Pariñas	1

La costa no está libre de riesgo, pero los focos más intensos están en los Andes piuranos, donde confluyen lo natural, lo histórico y lo estructural.

🧠 ¿Y ahora qué?

Más allá de la data técnica, la gran pregunta es: ¿qué están haciendo los municipios? Porque identificar el riesgo es solo el primer paso. Sin acción preventiva, sin obras de mitigación, sin información clara a la población, cada uno de estos 37 puntos críticos puede convertirse en noticia trágica.

Y si los mapas no bastan, que hable la tierra. Ya lo dijo la leyenda: cuando todo parece calmo, las montañas de Piura guardan su memoria bajo el agua y el lodo.

🔴 Más de 1500 cámaras fuera de servicio: Bellavista expone la crisis nacional de videovigilancia

La seguridad ciudadana en el país atraviesa una crisis estructural. Así lo ha evidenciado la Contraloría General de la República en su informe nacional difundido este 1 de julio: el 20 % de las cámaras de videovigilancia instaladas por los gobiernos locales no funcionan, y más de mil radios de comunicación están inoperativos, comprometiendo la respuesta inmediata ante delitos en las calles.

El operativo —realizado en 248 municipalidades de las 24 regiones del interior del país— reveló que 1,553 cámaras, 1,054 equipos de radiocomunicación y 378 vehículos de patrullaje se encuentran en mal estado. A esto se suma la falta de mantenimiento (86 % de entidades no lo realiza), almacenamiento de grabaciones por debajo del mínimo legal, y una precaria protección del personal de serenazgo.

Entre los casos más graves figura el distrito de Bellavista (provincia de Sullana, región Piura), donde una reciente visita de control determinó que 28 de las 35 cámaras del sistema de videovigilancia están inoperativas, es decir, el 80 %. Según el informe N.° 4286-2025-CG/GRPI-SVC, el centro de monitoreo carece de personal capacitado, y ni siquiera las cámaras operativas han recibido mantenimiento en los últimos doce meses. Además, la grabación solo se conserva durante 25 días, por debajo del mínimo legal de 45.

Vecinos de las cuadras cercanas a la Municipalidad Distrital de Bellavista confirmaron a este medio que las cámaras están fuera de servicio desde hace años. Aunque no fueron instaladas por la actual gestión, el sistema fue heredado sin correcciones. Extraoficialmente se atribuye la instalación a la administración del exalcalde Segundo Aguilar, pero esta versión aún no ha sido verificada oficialmente. La municipalidad no respondió a nuestras solicitudes de información.

En Bellavista, además, 30 radios de comunicación no funcionan, y el personal de serenazgo no cuenta con equipamiento básico como chalecos antibalas, coderas o rodilleras. A esto se suma que no se cumple con el patrullaje integrado, como exige el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2024-2027.

A nivel nacional, las regiones con más cámaras malogradas son:

• Arequipa (255)
• La Libertad (180)
• Lima Provincias (153)
• Cusco (150)
• Piura (134)

Y dentro de Piura, Bellavista se convierte en uno de los ejemplos más visibles del deterioro del sistema.

La Contraloría ha recomendado a los gobiernos locales implementar planes operativos específicos para el servicio de serenazgo, con enfoque de riesgos y alineados a directivas nacionales. Sin embargo, el silencio de muchas autoridades locales frente a estos hallazgos anticipa una corrección lenta, si es que llega.