Las claves de otro
intento frustrado del gobernador regional por perennizar su nombre en una placa.
El proyecto que
prometía desarrollo
En julio de 2024 se
inició el proyecto “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vial interurbana
en la carretera departamental PI-102, tramo Óvalo Turicarami–Jíbito”, con
un plazo de ejecución de 18 meses. La obra, aprobada mediante convenio
interinstitucional en 2023, buscaba conectar los distritos de Sullana y Miguel
Checa con la provincia de Paita,
impulsando el comercio y la movilidad regional.
Las primeras alertas
Ya en 2025, regidores
como Diego Pulache Celi y Mercy Marchena Reto advertían
problemas:
- Transportistas denunciaban daños mecánicos,
malos desvíos y retrasos.
- Comerciantes y la Asociación de Restaurantes
reclamaban pérdidas económicas por el caos vehicular y la lentitud en la
ejecución.
- La Municipalidad notificó al consorcio
ejecutor por riesgos en obra (como el buzón dañado en Loma Teodomiro) y
convocó mesas de trabajo para exigir correcciones.
La crisis oficial
En febrero de 2026, el
Gobierno Regional de Piura resolvió el contrato N.º 025-2024 tras constatar un avance
real de 52.46% frente al 95.5% programado. La medida se sustentó en la Ley
de Contrataciones del Estado, señalando incumplimientos injustificados,
retraso irreversible y pérdida de confianza en el contratista. La decisión
implicó paralización inmediata, liquidación del contrato y aplicación de
penalidades.
Las voces políticas e
institucionales
- Regidor Diego Pulache Celi: lamentó la resolución y exigió que la obra
continúe por administración directa, para acortar plazos y evitar
más perjuicios.
- Municipalidad de Sullana: expresó “profunda preocupación” y pidió
cronograma claro, transparencia, intervención de órganos de control y
mantenimiento de vías alternas.
- Alcaldía y Comisión de Regidores: recibieron informes oficiales que confirman
que la obra Turicarami–Jíbito figura como paralizada en el sistema del
MEF, junto a otras intervenciones críticas en la provincia.
- Comisión de Desarrollo Económico: solicitó mesas de trabajo obligatorias con
colegios profesionales y el gerente regional para garantizar estándares
técnicos y prevenir fallas estructurales.
El impacto ciudadano
La paralización afecta
directamente la transitabilidad, la economía local y la salud pública.
Transportistas enfrentan sobrecostos, comerciantes reportan pérdidas y vecinos
denuncian caos vehicular y riesgos sanitarios. Cada día detenido representa un
golpe a la confianza en la gestión pública.
El debate de fondo
El caso Turicarami–Jíbito
expone un problema estructural: la ineficiencia en la ejecución de obras
públicas en Piura y la falta de fiscalización efectiva. La ciudadanía exige
respuestas claras, sanciones a los responsables y garantías de continuidad.
