jueves, 5 de febrero de 2026

Crimen y violencia en el Perú: concentración territorial, nuevas modalidades y respuestas insuficientes

Exclusiva de Epicentro TV – Febrero 2026


La inseguridad ciudadana se ha consolidado como uno de los principales problemas que preocupan a los peruanos. El Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., presentó su quinto reporte con un diagnóstico claro: la violencia letal y las modalidades criminales se concentran en pocos territorios, mientras que las respuestas estatales siguen siendo insuficientes para frenar su expansión.

 

Pero este informe, que ya es contundente, fue sometido a una reinterpretación inédita por el científico de datos sullanero Bryan Zapata Silupú. Con una certificación del MIT (Boston, Mass.) y experiencia en un proyecto de colaboración global para la NASA (EEUU), Zapata aplicó su mirada analítica para detectar patrones invisibles en la primera lectura.

 

El resultado es un conjunto de hallazgos que presentamos en exclusiva en Epicentro TV y La República TV, y que ahora compartimos aquí para abrir el debate ciudadano.

 

Concentración territorial de homicidios

El informe original ya advertía que ocho regiones concentran el 84% de los homicidios registrados en 2025. Sin embargo, al desagregar los datos, Zapata muestra que la violencia se focaliza aún más en ciertas provincias.


La gráfica revela que Trujillo, Piura y Sullana están entre los territorios más críticos. Dos jurisdicciones piuranas aparecen en el top nacional, lo que confirma que el norte del país es hoy un epicentro de la violencia letal.

 

Nuevas modalidades criminales

El Observatorio señalaba el avance de la extorsión y el préstamo “gota a gota”. Zapata fue más allá: comparó la matriz delictiva entre 2024 y 2025 en la Región Norte.

 


El hallazgo es claro: mientras la extorsión disminuye, crecen con fuerza los delitos financieros informales (“gota a gota”) y los robos vinculados a celulares y bancos. Esto muestra cómo el crimen organizado se adapta y diversifica sus fuentes de ingresos, golpeando directamente a sectores vulnerables.

 

Horarios de mayor riesgo

El informe advertía que los homicidios nocturnos duplican a los diurnos. Zapata lo confirma con cifras precisas para la costa peruana.

 


El 65.9% de los homicidios ocurre de noche. Este dato obliga a repensar la seguridad ciudadana en clave de horarios: más patrullaje, más iluminación, más presencia comunitaria en las horas críticas.

 

Distritos más golpeados

Finalmente, Zapata desagregó los datos a nivel distrital.

 


El distrito de Sullana encabeza el ranking nacional con 44 víctimas, seguido por Pataz, Tumbes, Ananea y Castilla. Este hallazgo es particularmente movilizador: fuera de Lima y Callao, el norte concentra los distritos más violentos del país.

 

Exclusiva de Epicentro TV

Estos hallazgos no habían sido difundidos antes. La reinterpretación de Bryan Zapata, basada en el estudio del Observatorio, constituye una exclusiva de Epicentro TV. Nuestra misión es ofrecer noticias que sí impactan en la vida de nuestras comunidades, con datos claros y análisis que movilicen a la acción. Mira el programa completo aquí. 

  

El informe revela un patrón claro:

  • La violencia se concentra en pocos territorios.
  • Las modalidades criminales cambian y se adaptan.
  • Los horarios y distritos críticos muestran dónde debemos actuar.

Los éxitos policiales existen, pero son insuficientes frente al crecimiento del crimen organizado y la corrupción interna. La ciudadanía enfrenta un escenario donde la violencia se vuelve cotidiana, y las políticas públicas requieren pasar de medidas generales a intervenciones focalizadas y sostenidas en los territorios más golpeados.

 

En Epicentro TV seguiremos aportando evidencia y análisis para que la discusión pública se base en datos, no en percepciones. Porque solo así podremos construir respuestas que realmente protejan a nuestras comunidades.

 

  

jueves, 1 de enero de 2026

Chulucanas y el agua potable: cuando el reclamo legítimo choca con la política y la ley


El acceso al agua potable en Chulucanas se ha convertido, una vez más, en el centro del debate público. A fines de diciembre de 2025, una movilización ciudadana —respaldada y difundida por la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas— volvió a poner sobre la mesa una problemática estructural que arrastra años: un servicio deficiente, infraestructura deteriorada y una población cansada de pagar por un suministro irregular.

 

La discusión, sin embargo, no se limita a la calidad del agua. También involucra decisiones políticas, límites legales y el rol de las autoridades en un contexto especialmente sensible.

 

Una problemática real y documentada

Durante 2024 y 2025, el servicio de agua potable en Chulucanas ha registrado fallas recurrentes. Entre las más reportadas se encuentran la rotura de tuberías, cortes prolongados, baja presión y reparaciones que resultan temporales. La causa principal no es un evento aislado, sino una red antigua, con mantenimiento insuficiente y sin una renovación integral acorde al crecimiento urbano.

 

Estas fallas no solo afectan la continuidad del servicio. También generan pérdidas de agua, incrementan el riesgo sanitario y profundizan la percepción de inequidad: los recibos llegan puntualmente, pero el agua no siempre.

 

Ese es el punto de partida del malestar ciudadano. El reclamo, en ese sentido, es legítimo.

 


La marcha por el agua y el mensaje político

El 30 de diciembre de 2025, miles de ciudadanos marcharon en Chulucanas exigiendo mejoras al servicio brindado por EPS Grau. La movilización fue difundida oficialmente por la municipalidad, que además incorporó un mensaje de advertencia: si en un plazo de dos meses no se observaban mejoras concretas, los usuarios dejarían de pagar los recibos.

 

El mensaje tuvo impacto inmediato. No solo amplificó el reclamo, sino que colocó a la autoridad municipal como vocera directa de una posible medida de presión ciudadana. Aquí es donde el debate se desplaza del diagnóstico —en gran parte compartido— hacia la viabilidad de la propuesta.

 

¿Es una buena idea dejar de pagar el servicio?

Desde el punto de vista legal y regulatorio, la respuesta es clara: no.

 

En el Perú, el servicio de agua potable es un derecho fundamental, pero se presta bajo un modelo tarifado y regulado. El incumplimiento en la calidad habilita reclamos, refacturaciones, fiscalización y sanciones al operador, pero no autoriza al usuario a suspender unilateralmente el pago.

 

Quienes dejen de pagar los recibos se exponen a cortes del servicio por morosidad, acumulación de deuda con recargos, pérdida de beneficios tarifarios y procesos de cobranza. En términos prácticos, la medida termina afectando más al usuario que a la empresa prestadora.

 

Además, si el no pago se generaliza, se reduce la capacidad operativa del sistema, agravando el mismo problema que se busca resolver. Es una salida emocionalmente comprensible, pero técnicamente contraproducente.

 


El rol del alcalde y sus límites

La convocatoria a la marcha y el respaldo explícito a la advertencia de no pago colocan al alcalde provincial, Richard Baca, en el centro del escenario. Desde el punto de vista político, la estrategia conecta con un reclamo popular real. Desde el punto de vista institucional, plantea serias preguntas.

 

Las municipalidades no tienen competencia para promover la suspensión de pagos a una empresa de saneamiento. Tampoco pueden sustituir al ente regulador ni ofrecer garantías legales a los usuarios frente a eventuales sanciones.

 

A ello se suma un factor que no puede ignorarse: durante 2025, el alcalde mantiene una agenda judicial abierta, con investigaciones fiscales en curso por presuntos delitos vinculados a su gestión (presunta colusión con proveedores) y a hechos previos (presunta vinculación al caso AELU Coop). Este contexto debilita su margen político y obliga a analizar sus acciones públicas con mayor cuidado, especialmente cuando se trata de liderar protestas y fijar plazos de presión.

 

Entre la necesidad y la responsabilidad

El problema del agua en Chulucanas no es un invento ni una exageración. Es estructural, técnico y urgente. Pero la solución no pasa por empujar a la población a una confrontación legal que no puede ganar sola.

 

Las salidas sostenibles pasan por planes de inversión con cronogramas públicos, fiscalización técnica independiente, presión institucional ante SUNASS, refacturaciones cuando corresponda y una gestión política que priorice soluciones de fondo sobre gestos de corto plazo.

 

Un tractor sobre hielo delgado

En Chulucanas, el agua potable es el síntoma visible de un problema mayor: infraestructura postergada, gestión deficiente y decisiones políticas que a veces confunden respaldo ciudadano

 con promesas inviables.

 

El reclamo es justo. La marcha es comprensible. Pero dejar de pagar no es una solución, y decirlo sin explicar las consecuencias es trasladar el costo del conflicto a quienes menos pueden asumirlo.

 

Cuando el agua falta, la indignación sobra. Lo que sigue faltando es una salida seria, técnica y legalmente responsable.